Juan Mayr Maldonado

| 5/2/2003 12:00:00 AM

Legislación ambiental, fuente de negocios

La ley incluye incentivos tributarios y beneficios fiscales que favorecen una buena gestión ambiental empresarial.

por Juan Mayr Maldonado

Todavía son muchos los empresarios que, ante la falta de información, continúan percibiendo la legislación ambiental como un obstáculo al desarrollo o simplemente como un costo adicional a sus sistemas de producción. Muchos otros, en cambio, han encontrado en lo ambiental nuevas oportunidades comerciales y beneficios económicos al adaptar sus sistemas a una producción más limpia, mejorando simultáneamente la calidad de vida de la sociedad y el ambiente en general, pero ante todo, preparando desde ya el terreno para no quedar marginados ante las crecientes restricciones y estándares ambientales que imponen los mercados internacionales.

Para esto, la Ley 223 de 1995 estableció una serie de beneficios fiscales a las inversiones ambientales con el fin de estimular la reconversión industrial y el mejoramiento de la calidad ambiental mediante la exención del IVA para la importación y fabricación de equipos necesarios para adelantar labores de reciclaje, tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas, así como para aquellos orientados al cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono.

Igualmente, esta ley introdujo descuentos al impuesto de renta y complementarios para incentivar las inversiones en control y mejoramiento ambiental, con deducciones hasta de un 20% de la renta líquida, antes de restar el valor de la inversión.

Con estos incentivos, el país dio un paso muy importante en su gestión ambiental. Así, tan solo en la vigencia fiscal de 2002, el Ministerio del Medio Ambiente otorgó al sector productivo exenciones por un valor superior a los $11.000 millones.

A esto se suma que la más reciente reforma tributaria (Ley 788/2002), además de mantener los beneficios señalados anteriormente, amplió la base de exenciones a otros temas como la venta de energía eléctrica generada con recursos eólicos (viento), biomasa o residuos agrícolas. Esto aplica para las empresas generadoras por un término de 15 años, siempre y cuando se cumplan requisitos como el trámite, obtención y venta de certificados de emisión de gases de efecto invernadero cobijados por el Protocolo de Kioto y que al menos el 50% de los recursos obtenidos por la venta de esos certificados sea invertido en obras de beneficio social en las zonas donde opera el generador.

Otros sectores que se benefician de estas exenciones son el turismo, particularmente los servicios de ecoturismo -por un término de 20 años- e igualmente el de las nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua. En las mismas condiciones, gozarán de exención los contribuyentes que realicen inversiones en nuevos aserríos vinculados directamente al aprovechamiento forestal cobijado por la misma ley y aquellos que, a la fecha de entrada en vigencia de la misma, posean plantaciones de árboles maderables debidamente registradas.

Esta reforma además abre el camino para incorporar otros aspectos fundamentales relacionados con el control de contaminación de aguas, aire y suelos para una producción más limpia. Queda en manos del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la adecuada reglamentación de la ley para ponerla en práctica, una gestión que de no realizarse de manera diligente, hará que todos estos importantes incentivos no tengan resultados favorables para la gestión ambiental empresarial en el corto plazo. De igual manera, queda en manos de los empresarios el saber aprovechar estas ventajas.
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