Opinión

  • | 2007/11/09 00:00

    Las jugadas se agotan

    Qué puede hacer el presidente Uribe para acabar con lo que él considera ‘la perseguidora de la oposición’ y otros lo ven como la mala imagen que se consolida.

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La venida simultánea de la Corte Penal Internacional (CPI) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) da una idea de la situación de Colombia en este campo. Como además coincidió con el enfrentamiento entre la Corte Suprema y el Presidente, y con la primera sentencia del CIDH respecto al 'choque de trenes', es de sorprenderse la mínima atención dada a este evento.

Extracto apartes de las declaraciones que dio a El Tiempo el Fiscal Jefe de la CPI:

"Crímenes contra la humanidad y lesa humanidad no son cuestiones nacionales... No es cuestión local y no es un problema ideológico".

"Debo decir que Colombia, firmante del Estatuto de Roma, tiene que respetar el no a la impunidad (...) Acá, ahora, hay una montaña de información. Los fiscales tienen que ver cómo la organizan, cómo la priorizan. Ese es el desafío mayor".

"No puedo responder eso (si las penas de la Ley de Justicia y Paz satisfacen el requisito de no impunidad). (...) Analizo si hay investigaciones penales en curso y si estas son genuinas".

"El Estatuto dice expresamente que el proceso no es genuino si en realidad se está protegiendo a la gente para que no tenga ningún tipo de responsabilidad penal".

(Respecto a si impunidad por masacres es de un año o cuántos): "Es una pregunta interesante que no puedo responder. En el Estatuto no hay ninguna referencia a medidas o penas".

"Estoy al tanto de los procesos judiciales que hay en Colombia, vinculados con crímenes que podrían entrar en mi jurisdicción".

(Respecto a la eventualidad de que un proceso de paz termine en amnistía o indulto): "Eso no vale si hay crímenes masivos, si hay crímenes de mi jurisdicción".

(Respecto a una paz con las Farc o el ELN con amnistía o indulto): "No hay cómo. (...) Si el Estado nacional no garantiza que no habrá impunidad, la comunidad internacional lo va hacer. (...). Insisto: no puede haber impunidad".

(Respecto a la parapolítica): "Los máximos responsables de estos crímenes no son los 'revólveres' (autores materiales). Sabemos que (...) surgió información que comprometía a otras personas que están siendo procesadas. Estas personas también pueden tener más responsabilidad en los crímenes, por lo que a nosotros nos interesa".

Muchos se deben sentir aludidos por este mensaje.

Por supuesto, los Paras beneficiarios de las leyes benevolentes y los líderes de las guerrillas.

Pero la esencia misma de la Corte Penal Internacional es que es una instancia subsidiaria, que solo tiene competencia cuando los órganos o los responsables internos no hacen cumplir en forma genuina las normas que constituyen su jurisdicción. Lo primero que ella evalúa no es al delincuente sino la actuación del Estado, de su justicia, de su legislatura y de su gobierno. Es decir, ante todo, a quienes respaldaron o fueron respaldados por grupos culpables de delitos bajo esa jurisdicción, o sea a quienes los juzgan y a quienes orientan las medidas que pueden llegar a ser consideradas protectoras de los culpables. Por eso, quienes hoy están compareciendo ante esa Corte son jefes de gobierno y altos funcionarios de los Estados que violaron esas normas o que no cumplieron con el deber de sancionar en forma debida a los culpables.

Manejó hábilmente el Presidente su propia situación al adelantarse a ofrecer retirar el salvamento para que la Corte pueda operar en cuanto a crímenes de guerra, y al seguir la insinuación de priorizar y diferenciar los responsables de mando del resto de los ejecutores. Y, mejor aún, su imagen interna al evitar de los medios (o con los medios) una evaluación de lo que sería su propio caso.

Pero tanto interna como internacionalmente las jugadas se agotan.

Ante la forma en que se repiten y progresan los cuestionamientos y las acusaciones por varios vínculos non sanctos de quienes han sido su respaldo más cercano o incluso de él mismo, hasta ahora habilidosamente ha sorteado la situación, unas veces con desafíos y rabietas en nombre de la defensa de la dignidad o de la 'hombría', y otras por la aparición de otros temas que relegan a un segundo plano el que está en discusión.

Pero pareciera que la repetición de la posición 'frentera' y la cantidad de intervenciones personales del Presidente para responder y usualmente atacar a quien lo cuestiona, empiezan a producir un negativo para su imagen y ser menos efectivos en el fin de desviar la atención hacia temas diferentes de las críticas que se plantean.

¿Qué opciones parece tener el Dr. Uribe para acabar con lo que él considera 'la perseguidora de la oposición' y otros lo ven como la mala imagen que se consolida, sobre todo a nivel internacional?

La que parecía más evidente era la de aceptar un acuerdo humanitario. Sin embargo, la estrategia usada alrededor del tema podría haberse convertido en un tiro por la culata. En parte, porque dio protagonismo y espacio a quienes representan la posición contraria en el espectro político, y en parte porque crearon molestia en quienes eran su máximo respaldo (en ambos casos, tanto en lo interno como en lo internacional). Es claro que el Presidente se había autoacorralado, pues en caso de darse una solución, le caería la responsabilidad y la acusación de ¿por qué no haberlo hecho antes? Tal problema se había agravado además con la muerte de los diputados. La salida encontrada para mostrar buena voluntad sin renunciar a su posición ni asumir ese fracaso fue dar la apariencia de dejarlo en manos de quienes se ven como sus extremos opuestos.

La carta del acuerdo humanitario aún podría usarse, pero dentro de un contexto que justifique ahora lo que antes supuestamente no se podía, como sería el insertarlo en un marco mayor, por ejemplo un proceso de paz. Pero parece que aun si se cambiara la posición oficial -de no existencia de conflicto armado y de solo considerarlo un fenómeno de delincuencia y terrorismo- las declaraciones de las Farc han sido reiterativas en cuanto a que no tienen en sus previsiones o expectativas ninguna suspensión de la guerra durante este gobierno. Sin embargo, es posible que, para disminuir la presión, esta opción compleja acabe siendo una propuesta del Dr. Uribe, aún a sabiendas de que el supuesto objetivo es solo aparente.

Una segunda opción, como sería la entrega de los narcoparamilitares solicitados en extradición, distraería de cualquier otro tema, daría satisfacción a quienes están en la incertidumbre respecto a las acusaciones, y hasta cierto punto las descalificaría, pero implicaría distanciarse de quienes lo ayudaron a subir al poder; no solo significaría incumplir los compromisos adquiridos con ellos sino abandonar las políticas que él mismo le ha impuesto al país. Sería una jugada fácil y probablemente útil para resultados inmediatos como la aprobación americana al TLC, pero conllevaría un cambio de tablero de juego donde no se sabe en qué quedaría su propia posición.

Y otra posible jugada sería con algún pretexto ofrecer su renuncia para que se promueva una especie de plebiscito de respaldo, como lo hizo el Dr. Carlos Lleras ante las acusaciones contra Fadul y Peñalosa. Esta jugada podría sin embargo terminar en que, para quedarse, la alternativa fuera adelantar una o ambas posibilidades anteriores, caso en el cual si no las escogió antes, no sería de descartar que prefiriera hacer efectiva la amenaza (entonces, un Pacho Santos presidente y amigo de las ONG y de los Derechos Humanos sería incómodo).
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