Opinión

  • | 2004/04/16 00:00

    Las Cortes y la naturaleza del Estado

    El debate entre las Cortes ha sido mal manejado: el estilo y el propósito no corresponden a la jerarquía que debería tener.

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Se ha visto una confrontación entre los representantes de las Cortes por defender el poder que ejercen, y no un análisis y una justificación de cómo y por qué sus propuestas responden a una u otra concepción política del Estado. Es lamentable que los argumentos de nuestros más altos magistrados hayan llegado a los cuestionamientos personales, y no tengamos una controversia al nivel y en la forma que sería de esperarse.

Como es lógico y evidente, la función y la naturaleza del Estado han venido evolucionando. Lejana está la época en que se buscaba explicarlo por un vínculo con el mundo de los dioses y se organizaba por eso en cabeza de una casta sacerdotal o, después, alrededor del origen divino de faraones y reyes, cuando la ley y la justicia las encarnaba una decisión del príncipe.

La aparición del Estado liberal llevó a la noción de un 'contrato social' -un acuerdo de los ciudadanos para establecer unas reglas del juego consensuales-, y el Estado pasó a velar por su cumplimiento. Un avance adicional fue la aceptación de que ese Estado estaba sometido a esas reglas además de ser su administrador, no solo garante de la validez de los contratos entre los ciudadanos sino, a su turno, parte de un contrato político que le fijaba limitaciones y obligaciones; es lo que podríamos decir caracteriza el Estado de Derecho.

De esto podemos señalar dos variantes: la románica, en la cual los valores de la sociedad se plasman en códigos por el órgano legislativo y los administradores de justicia deben ser simples operadores del sistema; y la anglosajona, más flexible, que atribuye a los jueces mismos la facultad de ser intérpretes de ese consenso, bajo la denominada 'common law' y el sistema jurisprudencial.

En ambos casos se entiende que la convivencia social depende de que haya reglas del juego y que la garantía para el ciudadano está en que se aplicarán. De ahí la preponderancia del 'debido proceso' en el sistema anglosajón, como protección contra el posible abuso del poder judicial, y que el control de legalidad sea el principal amparo en nuestro sistema.

Diferentes elementos han influido desde entonces para dar un nuevo enfoque a la naturaleza y función del Estado, y a la estructura y el sentido del Derecho y la administración de Justicia.

De una parte, la interacción entre países y el mayor éxito (o puede que solo el mayor poder) del sistema estadounidense han propiciado la idea de imitarlo, asumiendo algunas instituciones que lo caracterizan y aproximando los patrones legislativos y judiciales hacia ese modelo. Por otra parte, la globalización de ciertos valores, una vez superada la alternativa excluyente que caracterizó la 'guerra fría' (para unos, la defensa de las libertades -hoy 'derechos civiles y políticos'-; para otros, la búsqueda de la igualdad y la atención a lo social -hoy 'derechos sociales, económicos y culturales'-), llevó a una convergencia alrededor de un Estado que da prioridad y fija como propósito el desarrollo del conjunto de estos derechos, sustituyendo las anteriores visiones de simple función de árbitro de las relaciones ciudadanas, o de ordenador absoluto de la sociedad. Por último, la desaparición de algunos regímenes constitucionales y de los gobiernos de facto que los sustituyeron (en Alemania, Italia, España y Brasil) propició que en las nuevas constituciones se consolidara esa evolución.

Hoy el 'nuevo Derecho' se basa en que la norma debe ser flexible en su interpretación para adaptarse a los cambios de la sociedad y a la particularidad de los casos, en forma tal que esos objetivos -en lo interno 'Derechos Fundamentales' y en lo internacional 'Derechos Humanos'- se reconozcan como de mayor jerarquía, se respeten e impulsen.

Si algo refleja la nueva denominación de 'Estado Social de Derecho' es que da a ese Estado de Derecho ya analizado la orientación 'social', le asigna un propósito o fin que antes no tenía.

En este contexto nacen la tutela y la Corte Constitucional. La primera como instrumento para que esos propósitos se cumplan y la segunda para verificar que así sea.

Este nuevo concepto de Estado hace que los jueces de constitucionalidad sean en esencia diferentes de los jueces de las otras Cortes: su función no es jurídica en el sentido de ser administradores de las normas y de la legalidad, sino política, en el sentido de ser guardianes e intérpretes de un concepto de Estado.

Un homicidio o el incumplimiento de un contrato son objetivamente lo mismo (se configuran igual) en el régimen cubano o ante un juzgado estadounidense. Pero lo que se entiende por democracia bajo Fidel Castro o bajo Bush son cosas muy distintas. Por eso, la función de quien debe interpretar los objetivos políticos del Estado no es igual a la de quien debe ejercer la función judicial. No es un problema de jerarquía, sino de especialización en materias diferenciadas.

Sin la tutela y sin la Corte Constitucional es imposible concebir un Estado cuya razón de ser es el cumplimiento de propósitos que van más allá de garantizar el libre juego de los poderes.

Esa visión de Estado está confrontada con aquella cuyo objetivo principal es el desarrollo económico. Lo vemos en la tendencia hacia un Estado de los empresarios y para los empresarios (con ministros de rango de secretarios ejecutivos, voceros gremiales como ministros y capitanes del sector privado como paraministros). Para ellos es un obstáculo cualquier control, sobre todo si no es coincidente con el propósito único de crecimiento económico y, por el contrario, responde a criterios que se distancian de él. Desde la época del corporativismo feudal hasta la Italia de Mussolini, la toma del poder institucional por el poder económico ha sido acompañada del rechazo a que los actores propiamente políticos -es decir, aquellos que cumplen la función de articular la sociedad con el Estado- participen del manejo de la cosa pública, bien sea administrándola o ejerciendo control sobre quienes lo hacen.

Seguramente no fueron estas reflexiones las que llevaron a los constituyentes de 1991 a la creación de estas figuras; un puñado de ellos sí pudo verlo en un marco de referencia parecido, pero es bien sabido que lo que ahí se negoció no fueron principios de Estado, sino cuotas de poder. En otras palabras, la realidad es menos idealista que el análisis y, obviamente, el resultado de cualquier proceso (en este caso, las figuras constitucionales hoy en discusión) es insatisfactorio. Por eso son necesarios y bienvenidos los proyectos de estudiar la tutela y las funciones de la Corte Constitucional. pero no alrededor de ver quién le quita poder a quién, sino adaptando y aceptando las instituciones para la clase de Estado que escojamos: el que garantice la libre confrontación de poderes; el 'Social de Derecho' con un propósito finalista de defender los valores fundamentales de un 'contrato social' pactado; o el que se concentra únicamente en el desarrollo económico bajo el supuesto de que así responde a la larga por todas las necesidades sociales.
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