Opinión

  • | 2009/04/17 00:00

    Las bondades de la prolongación de un mandato

    No es su temperamento mesiánico y el 'tener pantalones' lo que valida per se una nueva reelección, ello debe depender de los resultados.

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Es lógico que existan aspectos convenientes en la prolongación de un mandato presidencial y razones válidas para defender esa posibilidad. Es importante, sin embargo, tener claridad respecto a cuáles son ellas, y cuándo y cómo aplican.

Puede intentar justificarse un gobernante con poder autoritario y de largo plazo por lo débil de una institucionalidad que no es suficiente para organizar y poner a marchar una nación. Entonces, para crearla o hacerla funcionar, es necesaria esa mano dura que además tenga el tiempo para imponerla y que quede arraigada en las estructuras del País.

Sería lo que explica la búsqueda de alguien como el doctor Uribe. Es entonces a la luz de estos criterios y de sus resultados que debemos estudiar la conveniencia de volver a atropellar nuestro orden jurídico y político para que él siga al mando del país. Mejor dicho, no es su temperamento mesiánico y el 'tener pantalones' lo que valida per se una nueva modificación a la Carta y una nueva reelección, esto debe depender de los resultados que ha producido.

Veamos entonces algo de lo que tenemos:
En el concierto mundial, e incluso suramericano, el sistema diplomático colombiano era visto como caótico en su dirección y fundado en el 'amiguismo'. Era de esperar que esto se corrigiera. Pero en vez de implementar el profesionalismo, se ha entregado esa cartera a Ministros menos que amateur en el tema, puesto que ninguno tuvo nunca contacto previo con ese mundo, ni por preparación, ni por dedicación, ni por haber mostrado a lo largo de su vida algún interés en él. Y el simple amiguismo se ha complementado con la preferencia para aquellos que han tenido cuestionamientos por actividades eventualmente delictuosas.

La salud, lejos de reorganizarse, se convirtió en caos total. Todos y cada uno de los sectores vinculados coinciden en la necesidad de una reestructuración; la Corte Constitucional misma se había convertido en parte del sistema con decenas de miles de tutelas de las cuales dependía el funcionamiento del servicio, al punto que le tocó ordenar que todos los estamentos involucrados conformaran un comité para un estudio del sistema, para una reprogramación del POS (Programa Obligatorio de Salud) y para una modificación de la ley que acabe con la catástrofe dominante; nada al respecto se oye o ha oído en la agenda del Gobierno.

Hitler y Mussolini crearon un sistema de vías que, además de beneficiarlos por el respaldo que les produjo esa forma de generación de empleo, les dio a sus países la infraestructura que sería el fundamento de su desarrollo. Uribe ha preferido imitar otros aspectos de aquellos caudillos en vez de copiar esto en una Colombia que recibió como el país de Suramérica con menos kilómetros de carretera por habitante. En lo que vamos es en repetidos discursos en torno a un plan '2500' sobre cuyo fracaso poco se puede agregar; un listado de carreteras sin reparación que, con razón se dice, nos convirtieron en un país de trochas; y una nueva promesa de 17 'corredores viales' que el mismo nuevo director de Invías (los anteriores salieron por escándalos) decretó que debían suspenderse las licitaciones por ser improvisadas y sin soportes técnicos.

El déficit de vivienda del país es de millones de unidades. Es tan prioritario este problema que todos los candidatos hacen siempre grandes promesas al respecto. El actual gobierno sí destinó sumas altas, pero no para algún programa que se continuara y orientara a quien más lo necesita. Resultado: una concentración de beneficios para los constructores y compradores de apartamentos de los estratos altos y un déficit de 47.000 Viviendas de Interés Social (VIS), respecto a las programadas. Hoy hablan de que en 2009 el Gobierno impulsará el mayor programa de vivienda de toda la historia, con 50.000 nuevas unidades; o sea, apenas cubriendo lo que dejó de hacer de lo prometido en los siete años anteriores.

La esperanza de que nuestra Administración de Justicia pudiera volverse eficiente y justa dependía de cómo se desarrollaran las reformas de la Carta del 91. Bajo el gobierno Uribe se ha hecho todo lo posible para debilitar la autonomía de la rama y convertirla en una dependencia del Ejecutivo que sirva esencialmente objetivos políticos. Por eso la toma de todos los organismos de control (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Cortes, etc.) y los famosos 'choques de trenes' cuando el Presidente respalda o enfrenta alguna de las Altas Cortes. El hacinamiento pasó de cuatro a seis presos por celda, y el 70% de los capturados in fraganti son liberados por los jueces.

Alrededor del orden público y la insurgencia, la disminución de los secuestros y de las pescas milagrosas en las carreteras son los logros. Pero es obvio que cualquier programa que se dirige a un solo objetivo avanza en él. Lo que se debe medir es si diagnóstico y propósito son coherentes, si su avance responde a las expectativas creadas, y si en últimas sí hay posibilidad de llegar al resultado deseado. En cuanto a lo acertado como análisis y como política, la vía exclusiva de la represión armada sería correcta solo si se acepta que quienes caen en esas actividades es porque nacieron de una naturaleza malvada y que nada tiene que ver el orden social y el contexto que les ha tocado vivir. La promesa de resultados positivos en 18 meses inicialmente, y después, de seis meses más, se ha convertido en que ahora es necesaria una prórroga de cuatro años adicionales. Y, mientras eso, otros resultados no previstos son los 'falsos positivos'; los dos millones de nuevos desplazados que igual que los anteriores siguen sin recibir asomo de propuesta alguna para su tragedia; los otros tantos exilados que no son vistos como una falla de nuestra sociedad sino como una solución a la falta de generación de empleo local; 30.000 desaparecidos, 13.000 cadáveres en fosas comunes, y todas las atrocidades de una guerra 'que no existe', y la multiplicación de bajas de muertos, enfermos o lisiados de miembros de las fuerzas oficiales que se consideran 'costos necesarios' que se compensarán con los éxitos que producirán el convertir a las Karinas en 'gestoras de paz', el pagar miles de millones por despresar cadáveres para probar lo cierto de los asesinatos que se promueven, la sustitución de buenas relaciones con los vecinos por un estado latente de beligerancia. Y la expectativa es que la negativa de cualquier negociación solo presagia que entre más se arrincone a la contraparte más acudirá ella al verdadero terrorismo.

En cuanto al narcotráfico exportamos más droga, se mueve más dinero ilícito y perdemos el respaldo para la política actual, incluso de los Estados Unidos; pero lo único que propone el Gobierno es crear jueces y cárceles medio psiquiátricos para perseguir la dosis personal!

En otras palabras, después de siete años lo que se esperaría de un gobierno es que desarrollara soluciones para problemas de largo plazo y diera respuestas a temas para los cuales no ha existido nada diferente a la improvisación. Pero lo que hemos hecho es sustituir la institucionalidad por la ética política del 'todo vale', expresándose esta en apoyos electorales a punta de fusiles y en dineros oscuros, hasta el cohecho, para mantenerse en el poder.

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