Opinión

  • | 2009/05/15 00:00

    La voz de Dios, la voz del Pueblo y la voz del Senado

    Suena terrible que la 'voz de Dios' sea la de un Senado en el cual varios de sus miembros están cuestionados por la forma poco limpia en que accedieron a su curul.

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Con la aprobación por parte de la plenaria del Senado del cambio de texto para el referendo sobre la reelección, parecería que se abriría paso la ley correspondiente y estaríamos ante la inminencia de ese certamen.

La discusión alrededor de lo que significaría esto se ha concentrado en lo que de ello derivaría -el eventual tercer periodo del Dr. Uribe-, pero no en el principio mismo, o sea la capacidad del órgano legislativo de decidir lo que puede ser la voluntad de la población expresada en una solicitud de cambio a la Constitución.

El Congreso tiene su propia facultad para producir reformas a la Carta, pero una primera objeción sería si tiene la facultad de convocar a referendos; y, si la tiene, bajo cuál reglamento estaría regida. Como en ninguna parte se define esto, la interpretación inmediata sería que no lo puede. Taxativamente se atribuye esa posibilidad a los miembros de las Asambleas y los Concejos pero no se incluye a los Congresistas. Por el contrario, la ley 134 solo establece el referendo derogatorio para eliminar una ley proclamada por el Congreso, y el aprobatorio para sacar adelante una que este no ha producido o ha rechazado. Es decir, el referendo es un instrumento contra o sustitutivo del Congreso y no a su disposición. Vendría entonces la cuestión de si la facultad que no tiene como atribución directa sí sería posible arrogársela cuando se presenta como iniciativa popular y, de ser el caso, hasta dónde y cómo podría hacerlo.

El argumento para justificar esa propuesta en el caso presente es que 'se sabe' que quienes firmaron la convocatoria estaban pensando en la reelección inmediata y no en lo que el texto decía.

Pero, una primera inquietud es si efectivamente eso fue así; o sea, si esa interpretación de la voluntad del ciudadano es correcta y quién tiene la capacidad de establecerlo. De hecho, la aprobación por parte de la Cámara se produjo cuando ya era conocida la controversia al respecto, y sus mayorías decidieron lo contrario. ¿Puede entonces ser la mayoría en uno u otro caso quien decide qué piensa el pueblo?

Se puede aducir que esa primera interpretación por la que optaron fue más por razones políticas que por razones gramaticales o jurídicas; sin embargo, es aún más claro que fue sólo por razones políticas que el Senado decidió 'meterle la mano' al texto y modificarlo.

Por lo demás, el debate ya era público y parte de quienes firmaban podían hacerlo pensando que con el texto así redactado se impedía la reelección inmediata. Sabiendo entonces que unos firmaron con un propósito (apoyar lo que dice el texto), otros con otro (con la intención de que la reelección pudiera ser en 2010), y otros sin plantearse ese dilema, nos encontramos también con que, tomando un caso abstracto, sería necesario un método para determinar cuántos piensan de una forma y cuántos de otra.

Pero este es solo un ejemplo de las varias inquietudes que acompañarían el tema. Si esto es posible, o si se decide volverlo posible ¿hasta dónde y cómo podría un Congreso modificar un texto de citación a referendo emanado de la voluntad popular? ¿Cuál sería el trámite y la metodología para establecer ese 'se sabe'?

Si se aceptara el principio mismo que aquí se sienta -según el cual se puede hacer sin ninguna reglamentación- nos encontraríamos ante la posibilidad de cualquier tergiversación; o sea, de suplantación de la voluntad ciudadana por parte de quienes son solo sus voceros. Se podría entonces desconocer toda la reglamentación que rige para enmarcar las facultades que la Carta da en forma especial al pueblo. El principio de 'vox populi, vox dei', es decir la voz del pueblo es la voz de Dios, se trasmutaría y quedaría que la voz del Congreso es la voz de Dios.

Suena terrible que la 'voz de Dios' sea la de un Senado en el cual varios de sus miembros están cuestionados por la forma poco limpia en que accedieron a su curul -no por casualidad, la mayoría de los que votan para darle viabilidad a este esperpento-. Pero se pretende que ellos además tengan el poder de dar la absolución a las irregularidades y la forma ilegal en que se consiguieron los recursos para promover las firmas.

No son pocas las inquietudes que se generan: ¿Cuáles serían las condiciones para que se puedan realizar cambios? ¿Cómo se definiría cual es la voluntad que expresan los firmantes? ¿Si, entre los firmantes hay opiniones divididas en cuanto al sentido del texto, cómo se definiría cuál es la mayoritaria? ¿Qué mayoría se necesitaría resolver por una u otra opción?

Pero, en lo ya surtido y ante la inminencia del pupitrazo o de la aplanadora, tenemos que ver también las consecuencias para el caso inmediato.

Como la premisa es que 'se sabe que los que firmaron lo que querían era la reelección de Uribe en el año 2010', con la votación en el referendo se va a resolver cualquier duda respecto a lo que querían los firmantes. Si la votación por el 'sí' supera el número de firmas que pidieron el referendo, se confirmaría entonces que en efecto pensaban como lo decidió el Senado; pero si la cantidad de votos para que el referendo sea válido se produce y los que favorecen el 'sí' es menor que las firmas recogidas, se produciría la ironía de que, aún si el resultado es afirmativo, se confirmaría que el llamamiento a él fue indebido (¿ilegal).

Lo interesante es que, si no se consigue la votación suficiente para que el referendo sea válido, esto debería ser entendido, no solo como un rechazo a la posibilidad de una repetición de la reelección en abstracto, sino, sobre todo, como un rechazo a la segunda reelección de Uribe. Queda entonces la pregunta de si esto implica la no continuidad, no solo de su persona, sino si también la de sus políticas. Al jugársela al referendo, Uribe podría ser rechazado sin que se sepa si sus políticas también lo son.

Por otro lado, la restricción que tiene la Constitución (tal como está hoy), respecto a las condiciones en las cuales el Presidente en ejercicio puede competir, requieren que notifique ese deseo con mínimo seis meses de antelación a la fecha de las elecciones; o sea, antes del 30 de Noviembre. Se entiende que no puede cumplir esto antes de que el referendo cree esa posibilidad. Por ser prácticamente imposible hacer antes de tal fecha el recorrido de los pasos de conciliación, aprobación de esta por las plenarias de Senado y Cámara, sanción presidencial, estudio y aprobación por la Corte Constitucional, promulgación de la Ley que convoca al referendo, el referendo mismo y el escrutinio correspondiente, y la sanción y publicación de la reforma respectiva, tendrían que hacerse otros cambios cuestionables para habilitar que el referendo lleve a la posibilidad de la reelección de Uribe para el año 2010.

La paradoja final es que es posible (probable y lógico) que el Dr. Uribe desista de su eventual candidatura y el referendo siga su curso sin lo que fue su razón de ser. Sin lograr el objetivo buscado -sea este bueno o malo- nos quedaríamos con los daños que deja en cuanto al contenido en lo sustancial y en cuanto a los peligrosísimos precedentes que sienta en lo procesal.

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