Opinión

  • | 1997/08/01 00:00

    La vida de los pobres del país

COMPARTIR

La vivienda popular, de interés social o como la llame el gobierno de turno, sigue siendo un problema mayúsculo en nuestra maltrecha e inequitativa sociedad colombiana. Todos los gobiernos han intentado atenuar el creciente déficit de vivienda y las condiciones infrahumanas de muchísimos barrios pobres y hasta ahora no han logrado nada, o casi nada. Se han creado institutos, como el ICT, que despilfarró millones porque los subsidios que daba eran una mínima parte de lo que le costaba la burocracia, la ineficiencia y los serruchos y de paso destruyó la estructura de muchos municipios pues construía fuera de la trama urbana. Ha habido intentos del Estado de jugar a urbanizador, con resultados lamentables; el caso más aberrante es Ciudad Bolívar, donde la administración municipal de Ramírez Ocampo enterró millones de dólares del BID en los terrenos menos apropiados y más costosos de urbanizar. Unas lomas escarpadas, de suelos inestables, muy lejos de las redes de acueducto, donde el transporte público en invierno es a pata porque no suben ni las zorras y, peor que todo, porque abrió la puerta para que centenares de hectáreas de cerros del sur fueran colonizadas por los más notorios urbanizadores piratas.



Y es que urbanizadores piratas hay de muchos pelambres, desde los ciudadanos honrados que "tiran la toalla" después de años -a veces décadas- de luchar contra las autoridades indolentes y venales tramitando licencias y se lanzan a la clandestinidad para proteger su patrimonio de los invasores, hasta los estafadores que promueven invasiones con hordas de indigentes, logrando, por una parte, robarle la tierra a su legítimo dueño -en muchos casos el mismo Estado- y por otra, arrebatarle unos pesos a los pobres a cambio de un lotecito sin títulos, alinderado con 4 estacas y una cabuya. Y estafar a los contribuyentes, porque luego la ciudad tiene que hacer grandes inversiones para adecuar la tierra con calles, parques y servicios públicos, pues el pirata, una vez vendidos todos los lotes, desaparece con sus pingües ganancias para reaparecer, algún tiempo después, dizque defendiendo los intereses de la comunidad como concejal o edil recién elegido.



Y lo peor del cuento es que también hay algunos ciudadanos, empleados públicos, de ONGs y de entidades del mismo corte, idiotas útiles todos, que defienden a los piratas con el argumento sofista de que esa actividad delictiva es la única manera de dar vivienda a los pobres. Sin duda es necesario un subsidio para la vivienda popular, pero la manera más injusta y más ineficiente es dejar que unos avivatos vendan tierras sin servicios para que luego los ponga el Estado, a un costo muy superior al de instalarlos a tiempo, generando caos urbano y perjudicando a constructores honrados que no pueden competir con los que no se someten a la Ley. A los pobres hay que darles vivienda digna y ese problema nos concierne a todos, al Estado, por supuesto, y al resto de los ciudadanos, y por eso conviene analizar por qué no se ha logrado esa promesa de todos los gobiernos. Voy a esbozar algunas razones:



La primera es el costo del dinero. En Colombia las tasas reales de interés de créditos hipotecarios de largo plazo son quizá las más altas del mundo. Nadie, rico o pobre, puede endeudarse al 20% real. Mientras no resucite un sistema de préstamos para vivienda como era el sistema UPAC en sus primeros años, que permitió a miles de colombianos adquirir casa propia, la vivienda para todos seguirá siendo una utopía. Y es que a pesar de toda la demagogia en contra de ese sistema -especialmente de Samper cuando era candidato populista y decía, sin hacer honor a la verdad y sin ponerse colorado, que la UPAC subía en ascensor y los salarios por la escalera-, éste permitió endeudarse con bajo riesgo porque la corrección monetaria creció durante 20 años a tasas inferiores al aumento del salario mínimo y las cuotas crecientes iban siempre rezagadas frente a las alzas salariales. Hasta que en mala hora, y por la presión miope de las corporaciones de ahorro y vivienda y la ortodoxia simplista de la Junta del Banco de la República, en aras de la multibanca volvieron la corrección monetaria una tasa de corto plazo en lugar de una función del costo de vida, y cuando eso ocurrió las deudas empezaron a aumentar más que los ingresos. Así nadie puede comprar vivienda y así se genera cartera incobrable. Cuchillo para el pescuezo de las corporaciones.



Otra razón para que no haya vivienda popular es la arbitrariedad de los perímetros urbanos. No tiene sentido que la tierra dentro del perímetro valga 20 o 30 veces lo que vale al otro lado de ese lindero burocrático. Cali es un caso dramático, allí una hectárea dentro del perímetro vale unos $200 millones, y por fuera la mejor tierra para caña no pasa de diez. Y en Bogotá lo mismo, o peor. Con ese sistema no se logra, como suponen los ilusos, impedir la urbanización de tierras agrícolas, sino crear un monopolio que enriquece a los pocos terratenientes que logran que el dichoso perímetro los incluya, a costa de inflar, por escasez, el precio de la tierra y favorecer a los piratas que no les importa de qué lado están sus invasiones.



Y finalmente, el costo del Estado. No sólo lo que valen las demoras interminables fruto de trámites y papelos, sino los impuestos. Resulta que la suma de todos ellos, de renta, industria y comercio, prediales, valorizaciones, timbres, registros y contribuciones que tiene que pagar cualquier constructor legal, excede en mucho el subsidio que le otorga el Estado a esas viviendas. Los impuestos son más del 18% del precio de una casita, mientras que el subsidio es más o menos el 12%. La plata va al pobre y vuelve al Estado.



Así que para que haya construcción de vivienda -y de paso generación de miles de empleos- se requiere abaratar el costo del dinero, propiciando la creación de un sistema nuevo, o volviendo a un UPAC de verdad, o al menos usando el camino facilista del subsidio a las tasas de interés. También se necesita una reforma de fondo a la autonomía municipal, que obligue a los pueblos en la periferia de las grandes ciudades a permitir los desarrollos sin restricciones de perímetros, y para meter en cintura a algunos, como Bello y Envigado, que olímpicamente prohíben la construcción de casas para pobres. Y finalmente revisar el papel del Estado, como policía y como alcabalero, pues no sólo hace el juego del bobo con los subsidios, sino que entorpece las gestiones de los constructores que acatan las normas, mientras se hace el de la vista gorda con los ilegales que son los que más le cuestan a la sociedad.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?