Opinión

  • | 2006/07/20 00:00

    La Verdad, equilibrio entre Justicia y Paz

    El derecho a la verdad es un derecho colectivo para prevenir la repetición de las violaciones y el Estado tiene a su cargo el "deber de la memoria" a fin de prevenir las deformaciones de la historia.<br><br>

COMPARTIR

Luego del gran revuelo que causó la presentación del fallo que hizo el Presidente de la Corte Constitucional de la controvertida Ley de Justicia y Paz y las aclaraciones al mismo, un día después, el país ha podido conocer finalmente el tan esperado texto.

El fallo resuelve las demandas hechas a la ley y también las tensiones que se presentaron a lo largo de los debates que se dieron en el Congreso entre una ley de verdad, justicia y reparación o una de justicia y paz. La Corte acierta en la ponderación que hace de los derechos que tenemos todos los colombianos y muestra el camino para alcanzar la paz y reconciliación de los colombianos.

En su análisis, la Corte ha contemplado, además de la Carta, los tratados internacionales vinculantes y numerosos fallos que se han promulgado en la materia. El tema no ha sido fácil y presenta una gran complejidad "por cuanto no es posible materializar plenamente, en forma simultánea, los distintos derechos en juego, a saber, la justicia, la paz y los derechos de las víctimas". En razón de la colisión entre diferentes derechos constitucionales, la Corte ha aplicado el método de la ponderación "es decir, sopesar los derechos constitucionales que se encuentran en colisión, en aras de alcanzar una armonización entre ellos, de ser posible, o de definir cuál ha de prevalecer".

En el fallo se toma en cuenta cómo "la comunidad internacional ha admitido la importancia de alcanzar objetivos sociales de Paz, pero ha hecho énfasis en que estas circunstancias de transición no pueden conducir a un relajamiento de las obligaciones internacionales de los Estados en el compromiso universal de respeto a la dignidad y a los derechos humanos. En este contexto, se ha entendido que la necesidad de celebrar acuerdos políticos de reconciliación con amplios grupos sociales exige cierta flexibilidad a la hora de aplicar los principios que dominan el ejercicio de la función judicial. Se aceptan con ciertas restricciones amnistías, indultos, rebajas de penas o mecanismos de administración judicial más rápidos que los ordinarios, que propicien el pronto abandono de las armas o de los atropellos, como mecanismos que facilitan la recuperación de la armonía social". Así, la Ley de Justicia y Paz contempla, bajo ciertos requisitos, como la colaboración plena con la justicia, una alternatividad penal que alcanza penas entre 5 y 8 años a diferencia de aquellas que contempla el Código Penal que en algunos casos alcanzan los 60 años.

La prensa ya ha hecho suficiente referencia a los temas del fallo que más preocupan a los jefes desmovilizados de las autodefensas y que seguramente tendrán implicaciones en las relaciones con el gobierno y el futuro del proceso. Sin embargo, uno de los temas menos conocidos del fallo es la importancia que este da al conocimiento de la verdad, no solo como "el derecho imprescriptible de las víctimas y sus familias a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima", sino también como elemento de equilibrio entre los límites que pueda tener la ley con respecto al alcance del derecho a la justicia. El derecho a la verdad es además un derecho colectivo que busca prevenir la repetición de las violaciones y es el Estado quien tiene a su cargo el "deber de la memoria" a fin de prevenir las deformaciones de la historia para lo cual es necesaria la coincidencia entre la verdad jurídica y la verdad real.

El fenómeno del paramilitarismo en Colombia va mucho más allá de la verdad jurídica que puedan establecer las autoridades judiciales. Para nadie es un misterio que, por razones múltiples, muchos actores de la sociedad han sido promotores y financiadores de los grupos paramilitares e igualmente, en muchos casos, miembros de la fuerza pública han sido cómplices de las acciones delictivas, como también lo han sido otros actores gubernamentales. Ahora que la pelota está en el campo del gobierno y de las instituciones judiciales para hacer cumplir la ley, bien vale preguntarse ¿qué tan preparado está el país para conocer la verdad real?
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?