La venta de ISAGEN debe repensarse

| 3/16/2001 12:00:00 AM

La venta de ISAGEN debe repensarse

La privatización genera dudas sobre el precio, no da seguridad sobre el plan de expansión y tropezaría con un justo reclamo de EPM.

por Alvaro Uribe Vélez

ISAGEN es una empresa eficiente, históricamente rentable salvo en coyunturas excepcionales, y con un bien ganado prestigio por su transparencia. En los casos de inversiones inconvenientes, la decisión ha sido impuesta por los intereses políticos de los gobiernos, sin o contra la voluntad de la entidad.



La venta genera dudas sobre el precio, no da seguridad sobre el plan de expansión y tropezaría con un justo reclamo de Empresas Públicas de Medellín y de las comunidades del Oriente Antioqueño.



El gobierno expresó recientemente que las privatizaciones ya no son tan urgentes y que solamente las considera como ingresos contingentes en la programación presupuestal. Este es un paso positivo, máxime si se tiene en cuenta que con la enajenación de ISAGEN el fisco no recibiría más de US$500 millones y el kilovatio saldría vendido a US$420, cifra muy inferior al costo de reposición que se sitúa por encima de los US$1.150 por kilovatio.



Además de venderla por un precio tan bajo, la señal a los inversionistas sería gravísima, pues ellos, al poder comprar presas instaladas a US$420 el kilovatio, no encontrarían argumentos para invertir en nuevas plantas de generación con costos de US$1.150 por kilovatio o superiores. En consecuencia, el plan de expansión quedaría en dudas por la posible falta de interés privado y el Estado, desprendido de la empresa, carecería de mecanismos para emprenderlo por cuenta propia, a no ser que halle uno sustitutivo.



Desde hace muchos años, Empresas Públicas de Medellín ha reclamado una indemnización por el beneficio que su represa de El Peñol produce al regular el agua que más abajo nutre las de ISAGEN. El tema debería ser objeto de transacción antes de una decisión final sobre la venta de ISAGEN.



Las comunidades del Oriente Antioqueño, región tributaria de la generación hidroeléctrica, elevan cada vez más el tono de sus quejas porque no se sienten debidamente compensadas con las regalías por el aporte de energía que hacen al país. Allí, la pobreza, el desempleo y la violencia crecen con alarma. El asunto amerita un nuevo análisis oficial y debe resolverse antes de que sea tarde. Los episodios de Urrá y Samoré son aleccionadores.



Las privatizaciones tienen que considerar el buen cuidado del patrimonio público y de la liquidez oficial. Además, no pueden afectar los intereses presentes y futuros de los usuarios y de las comunidades que con sus recursos permiten la prestación de los servicios.
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