Opinión

  • | 1999/08/12 00:00

    La última reforma laboral

    Es saludable revisar los costos suntuarios del sector privado.

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La ley 50 de 1990 se expidió para superar dificultades laborales, que golpeaban el antiguo modelo de protección o el que empezaba de apertura. El escenario que la antecedió mostraba que solamente 2 de cada 100 nuevos trabajadores superaban los 10 años en las empresas, el 33% era rotado durante el primer año y a consecuencia de la inestabilidad se habían deteriorado la capacitación y el aporte de la productividad al crecimiento económico. El temor a normas como la acción de reintegro y la retroactividad de las cesantías había estimulado la intermediación como práctica para eludirlas. Muchos concordatos y quiebras dejaron a los trabajadores sin el pago de sus acreencias. En la parte colectiva, el país continuaba recibiendo menciones negativas de la OIT por falta de adopción de las normas de libertad sindical.



La nueva ley creó los fondos de cesantías y la liquidación anual. Esto, sumado al ascenso de las prestaciones a la primera categoría de los créditos privilegiados, introdujo una mayor seguridad, que ha sido benéfica para los trabajadores. La acción de reintegro por despido posterior a 10 años fue eliminada, pero en reciprocidad se aumentó la tabla de indemnización en relación con esta antigüedad. Fueron reglamentados los intermediarios y se aprobaron los pagos proporcionales de prima y vacaciones, que antes exigían períodos mínimos de vinculación no inferiores a 3 ó 6 meses respectivamente. Se facilitó el contrato directo a término. Se adoptó la figura de la personería jurídica automática para los sindicatos y se tipificó el delito de persecución sindical. Lo ocurrido con la continuada postración del sindicalismo puede indicar que el problema es más cultural que legal.



Durante los años siguientes a la nueva norma, el desempleo bajó a niveles del 8%, pero después emprendió el camino crítico cuyos resultados se conocen. El debate alrededor de la propuesta laboral, permitirá mirar el impacto de la carga parafiscal, que debimos aumentar por la ley 100, en el total de los costos empresariales, y también la desaparición de miles de empresas en los últimos años a consecuencia de la falta de administración del comercio internacional, de la revaluación, el contrabando y los períodos de altas tasas de interés. Es saludable examinar la diferencia entre los salarios bajos y los altos y asegurar que el exceso de costos suntuarios en el sector privado se esté corrigiendo.



¿Qué se podrá hacer para que todos ganen? ¿Reducir los costos parafiscales? ¿Permitir que las Cajas de Compensación sustituyan al Sena en sus obligaciones? ¿Ajustar al país del siglo XXI los horarios de iniciación y culminación de la jornada de trabajo? ¿Crear un seguro de indemnización que libere al empleador de la tabla?
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