Opinión

  • | 2005/02/18 00:00

    La reelección y la Corte Constitucional

    La función de la Corte Constitucional es velar por que la delimitación que se pacte en la Constitución se cumpla. En este contexto deben fallar los Magistrados sobre la reelección.

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La Democracia no es la toma de decisiones por medio del voto, o el equilibrio de los poderes en un régimen político, o el sistema de mayorías para dirigir un país, o que haya un cuerpo colegiado que represente la voluntad popular. Es el propósito de lograr -gracias a estos medios-, que la mayor cantidad posible de ciudadanos participe del poder, como alternativa a un régimen en que quien o quienes lo detentan actúen como tiranos, sin limitaciones ni controles distintos a su propia voluntad.

Ella se concreta en el Estado de Derecho, entendido como aquel regulado por una Constitución que crea y organiza los instrumentos para alcanzar ese fin. En otras palabras, la Constitución es el marco que impide que haya poderes sin límites, estableciendo unas reglas de juego para ello. La función de la Corte Constitucional es velar por que la delimitación que se pacte en la Constitución se cumpla.

En este contexto, según el cual todos los sistemas políticos dependen del alcance de las facultades de este órgano de control, deben pronunciarse los Magistrados sobre el tema de la reelección.

Para el caso estadounidense (que supone inspirarnos), sorprende que nuestros ilustrados columnistas que citan a los escritores del 'Federalist' (Jackson, Adams, Jefferson) omitan que para su sistema y su filosofía política el Juez Marshall fue tanto o más importante que ellos, justamente porque fue quien en la sentencia más trascendental de la Corte Suprema (Madison vs. Marbury) definió el judicial review, precisando que quien tiene la responsabilidad de interpretar la Constitución y, en consecuencia, la función de controlar los actos del Legislativo delimitando su poder, es la Corte Suprema como Juez Constitucional.

Como el debate es sobre delimitación y atribuciones de los órganos del poder, el primer paso de cualquier trámite depende de si las facultades que la Carta otorga al Congreso incluyen la de derogarla o cambiarla; la competencia o no de la Corte para pronunciarse sobre el contenido material de un Acto Legislativo -cuándo es un simple cambio de norma y cuándo se toca la esencia-, es necesariamente posterior.

La Corte ya se ha pronunciado respecto al carácter de Constituyente Derivado -es decir, con limitaciones-que caracteriza al Congreso; y a la obligación que le compete a ella de impedir que un acto reformatorio se convierta en derogatorio o contraríe la esencia o los principios fundamentales de la Carta.

Además de la lógica implícita que contiene, desde el punto de vista jurídico, nuestro Juez Constitucional ha reiterado que los fallos de Tutela solo afectan el caso tratado, mientras que los de Constitucionalidad conciernen a toda la ciudadanía (como es lógico pues dan vida o derogan una ley) y que, lo que es igual o más importante, sus sentencias son Doctrina Constitucional que se debe aplicar de entonces en adelante. Es decir, que el pronunciamiento se debe estudiar más en función de lo que sienta como precedente que del caso mismo que se decide.

Aplicando el mismo criterio a los puntos cuestionados, y demandados, sea por el trámite o por lo sustancial, no puede quedar duda sobre el sentido que debe tener el fallo de la Corte:

Si se ratificara que, como sucedió en la primera vuelta en la plenaria de la Cámara, se puede prescindir del debate llamando directamente a votación, o que en la instancia de conciliación de las dos Cámaras el nombramiento de los voceros sustituye ese requisito, no habría razón para no repetir eso en todas las instancias, desconociendo por tanto la obligación y principio fundamental contemplado en la Carta de que las leyes deben ser debatidas y los opositores pueden ejercer el derecho a presentar sus puntos de vista. Más grave que la violación al artículo respectivo es la puerta que se abre en caso de no ser absolutamente estrictos al respecto.

De aceptarse que, como fue declarado, la búsqueda de un resultado con nombre propio puede motivar la modificación a la Carta y además dar prioridad absoluta a su tramitación (con postergación de la agenda legislativa para lograrlo, expedición del Acto sin estudio de las leyes que necesariamente lo complementan, etc.), se sustituiría el principio de que la Carta debe ser impersonal por el de que quien gana pasa a ser su dueño. Si nada impide el cambio de reglas a mitad del juego ni que se haga en beneficio de quien está en ejercicio, cualquier mayoría de congresistas podría declarar sus propios cargos vitalicios o coronar monarca al Presidente.

Si, bajo la interpretación de que la Corte debe aprobar todo lo que no tenga vicios de trámite, se acepta que el Congreso puede designar otros órganos para que legislen (como hizo al definir que subsidiariamente el Consejo de Estado expidiera la ley estatutaria), igual podría designar a cualquier entidad para que expida leyes, o asignar funciones judiciales y/o legislativas al ejecutivo, es decir, legitimar cualquier dictadura.

Si el Congreso puede determinar en forma caprichosa y arbitraria quiénes tienen posibilidad de acceso a un determinado cargo público y quiénes no (como ocurre al excluir del derecho a ser candidatos a todos los altos funcionarios diferentes al Presidente), igual podría por ejemplo establecer el monopolio burocrático en cabeza de un partido prohibiendo en una ley el acceso a puestos públicos a quienes no militen en él (sucedió en el Frente Nacional, pero mediante plebiscito).

Si la Corte no defiende el principio de que el voto por las leyes debe ser en conciencia (es decir, sin restricciones pero con la convicción de que su contenido es conveniente), podríamos encontrarnos con que, siguiendo el precedente sentado por la confesión de Yidis Medina, sería legítimo que los congresistas negocien su voto y además sin restricción alguna (contra una donación que beneficie a una región, quien la represente podría legítimamente votar en función del interés del donante incluso en contra del interés general).

Si no es necesario que haya en forma regular mesa directiva y se puede desconocer lo estatuido al respecto -como sucedió inicialmente en el Senado-, por qué respetar otros requisitos formales o por qué no desconocerlos según las conveniencias.

Si los impedimentos no se resuelven en el tribunal de Ética según la situación que se presenta, sino que dependen del respaldo político a quien los presenta, y si puede además votar en casos idénticos al suyo, ninguna mayoría caería nunca en conflicto de intereses, pues ellos mismos lo desaparecerían votando uno a uno como en este caso sucedió (por ejemplo, podrían decretarse cualquier sueldo sin que el evidente impedimento se aplicara).

Pero lo que más debe considerar la Corte es que si en efecto el control que debe ejercer no debe ser a la integralidad de la Carta y acepta que mientras se respeten las formalidades, su esencia puede ser cambiada, estarían dando vía libre a que sea posible limitar sus propias funciones, o sea que quien es controlado sea quien determina como lo controlan, lo cual, además de equivaler a un abandono o renuncia a la responsabilidad que le compete según la voluntad del Constituyente, sería, desde el punto de vista de la lógica, un absurdo.
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