Opinión

  • | 2008/04/09 00:00

    La licitación de televisión: la conveniencia de una subasta.

    La mejor manera de adjudicar las concesiones de televisión es por subasta. Hay que cambiar la ley ya para poderlas efectuar.

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La adjudicación de las concesiones del servicio de televisión abierta y la estructuración de los contratos respectivos, deben darse en condiciones que favorezcan claramente el interés público. Desafortunadamente el esquema institucional hoy existente en Colombia previsto en las leyes que regulan la materia, no parece favorecer este propósito.

Los legisladores que aprobaron la Ley 182 de 1995, que reglamentó el servicio de televisión en Colombia, tuvieron la muy poco brillante idea de establecer (art 48) que “de ninguna manera la concesión se hará por subasta pública”. Esta disposición no tiene ninguna justificación desde el punto de vista del interés público. Incluso podría decirse que es inconstitucional, en la medida en que violenta los principios de transparencia y evaluación objetiva que debe rodear la contratación estatal, o por lo menos hace más difícil su cumplimiento. La literatura económica reconoce el sistema de subastas como el mecanismo más transparente y eficiente para adjudicar la utilización privada de un recurso público.

La imposibilidad legal de utilizar las subastas obliga a la CNTV a definir unilateralmente un precio. Por más esfuerzos que hiciera el consultor contratado, el valor de una licencia dependerá del comportamiento de un sinnúmero de variables cuyo movimiento no es posible prever.

El costo de reproducir y transmitir información ha caído sustancialmente y seguirá haciéndolo en el futuro. La renta de que goza el utilizador del espectro disminuirá en la medida en que los servicios de televisión por suscripción (por cable o por satélite), y la televisión por Internet se desarrollen. Es de prever por otra parte la adopción de tecnologías (como TiVo) que permitirán al televidente tener mayor control sobre el contenido, saltándose la publicidad, y erosionando por lo tanto los ingresos de los dueños de los canales.

Por definición, el elemento fundamental en una concesión (aún cuando otra cosa pretendan hacernos creer las experiencias colombianas, especialmente en concesiones viales), y lo que justifica su existencia desde el punto de la eficiencia económica y social, consiste en que la empresa privada acepta el riesgo implícito derivado de la utilización privada del recurso público.

Normalmente quien debe evaluar los riesgos en una concesión es el concesionario interesado. Ese es el sentido de las subastas. Lo que debiera hacer la CNTV es adjudicar tantas licencias como sea posible, por ejemplo cinco o seis canales, y que sea el mercado el que defina su precio. Si el propósito de la CNTV es aumentar sus ingresos, ello solo lo puede lograr limitando la capacidad de escogencia del televidente o comprometiéndose a frenar la adopción de tecnologías modernas de transmisión de señales.

Si para poder utilizar las subastas es necesario cambiar el articulito de la Ley 182, que se cambie. El Gobierno y el Congreso tienen una magnífica oportunidad para demostrar que por encima de todo, tienen interés en el bienestar colectivo.


 

*Profesor Asociado, Facultad de Administración, Universidad de los Andes.




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