Opinión

  • | 2004/04/30 00:00

    La 'Ley espejo' y el TLC

    Una negociación tan importante produce muchas incertidumbres y dudas. Ojalá que la improvisación o la polarización no determinen nuestro futuro.

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El funcionamiento del Estado bajo el actual mandato ha girado alrededor de dos características: improvisación y polarización. El conjunto de ellas hace que las medidas que se toman no correspondan a proyectos con suficiente madurez para saber cómo se deben manejar y a dónde se espera que lleguen. No responden a estudios técnicos ni a consensos políticos que les den la seriedad y la legitimidad que deben tener las reformas fundamentales de una sociedad, sino simplemente son ideas que brotan de la inspiración algo mesiánica del presidente Uribe o del temperamento bastante despótico y displicente de sus asesores inmediatos; lo único que importa es si se pueden imponer o no.

Ejemplos de esto son la 'negociación de paz' con los paramilitares, donde se realizó una 'entrega' sin que se sepa aún bajo qué marco jurídico se tramitará, ni con qué clase de personal se adelantó, ni cuál es la situación actual; o la reforma constitucional que nos transformó en un 'Estado Antiterrorista' sin que un año después se haya llegado a un acuerdo sobre su reglamentación; o a aprobar una consulta vía referendo con contenido y procedimientos contrarios a lo que la Constitución contempla, y que no llevó a nada excepto a altos costos económicos y políticos para el país; o a adelantar fusiones de Ministerios que, cuestionadas en cuanto a su conveniencia y resultados, aún no han sido legitimadas en nuestra institucionalidad política, obligando a expedir decretos con nuevos nombramientos cada tres meses, para que los funcionarios alternen de titular de un Ministerio y encargado del otro a lo contrario; o respecto al intento de buscar la reelección de Uribe, confundiéndola con la Reforma Constitucional profunda que cambiaría todo el modelo de Estado, pero sin estudiar las reformas que necesariamente deben acompañarla, como el régimen de inhabilidades, la financiación de las campañas, la reelección de otros cargos y funcionarios, etc.

Ahora, en el caso de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC, estamos ante una decisión y un proceso de más trascendencia que todos los anteriores, con efectos irreversibles para nuestro futuro y, visto desde la perspectiva de cualquier analista de economía política, de mayores consecuencias que aquellos, en la medida en que determina y reorienta toda la organización productiva y distributiva de nuestra sociedad.

Evidentemente esto amerita tratar de evitar que se tramite bajo las dos características mencionadas al inicio. Es lo que ha propuesto el senador Rodrigo Rivera al presentar el proyecto según el cual debe ser una ley del Congreso la que fije el marco de referencia de esa negociación. Así se propicia una profundización del tema, se asume una posición negociadora equivalente a la de la contraparte (por eso, lo de 'Ley Espejo'), respaldada y compartida por el conjunto de quienes son institucionalmente los representantes de la Nación, evitando así el riesgo de que el tratado que negocie el Ejecutivo sea rechazado por el Legislativo.

Valgan algunas consideraciones respecto al tema:

- Estados Unidos escogió esta vía por haber experimentado ya el problema que representa adelantar tratados que después son rechazados por el Congreso.

- Los negociadores estadounidenses están regidos por el TPA (Trade Promotion Authority ACT de 2002) con más de 250 directrices que determinan el espacio en el cual pueden moverse y, por tanto, incluyen y justifican el respaldo económico, logístico, etc., que, según sea necesario, debe apropiar el Gobierno o, si es del caso, el Congreso. Nosotros nos guiamos por un Memorando presidencial (12 de mayo de 2003) que consta de 4 páginas; determina únicamente que el tratado base debe ser similar al de Chile; ordena resolver las disputas con inversionistas extranjeros con la participación del doctor Arango y el doctor Hommes; y que, como si fuera un tema corriente de administración diaria, no entra en consideraciones políticas, ni económicas, ni logísticas, ni en términos generales ninguna diferente de 'no se trata de estudiar su conveniencia sino de sacar algo adelante'.

- Los consensos en el manejo de política exterior y los 'acuerdos sobre lo fundamental' han sido un propósito de la dirigencia nacional. La democracia no es 'la tiranía de las mayorías'; no se supone que sea un sistema para no tener que conciliar entre las partes estimulando confrontaciones alrededor de quién logra 'la mitad más uno'; esto solo aplica como última instancia cuando se está ante diferencias irreconciliables.

- En cinco meses serán las elecciones en Estados Unidos. Para el presidente Bush, cuyo talante no se orienta propiamente al consenso con otros países ni al respeto por los intereses diferentes a los que él considera son los de su país, mostrar dureza ante las contrapartes en las negociaciones comerciales compensaría el fracaso de su 'victoria' en Iraq. podríamos pensar en diferirlas para que no queden condicionadas a las conveniencias o necesidades de su candidatura.

- Estados Unidos ha rebajado la prioridad de la OMC por ser un órgano multilateral donde las posiciones de otros bloques (Europa, Japón o el grupo de los 22) le impidieron manejar las reglas a su antojo y ha relegado después a un segundo plano la importancia del ALCA cuando Brasil y Argentina se atrevieron a intentar una verdadera negociación sobre la base de intereses diversos: deberíamos ser prudentes en cuanto a aceptar sin reservas que el mejor escenario es el del 'tratado bilateral'.

- No es claro cuál sería la mejor opción para la internacionalización de nuestra economía; lo demuestra que el mismo Gobierno hoy reivindica la maravilla de las negociaciones de la Comunidad Andina con Mercosur, con ventajas particulares otorgadas a Colombia, con la revitalización del 'Pacto Andino', con las perspectivas que abre un mercado en cifras menor pero en personas mayor que el mercado estadounidense, etc., y donde se dan situaciones políticas y sociales complementarias, como la libre circulación de las personas o la identidad de intereses.

- Así se consolida un bloque de economías similares en cuanto a nivel de desarrollo y en cuanto a bienes producidos, obteniendo los beneficios que derivan de la integración alrededor de las ventajas comparativas internas o relativas, al especializarse cada país en uno u otro sector de la producción, de acuerdo a como internamente sean, según su nivel de desarrollo, más competitivos, para intercambiarlos por aquellos que lo son en otro. Contrasta esto con lo que se derivaría de las ventajas comparativas absolutas, que consisten en compensar importaciones de alta tecnología de países avanzados, con exportaciones de recursos naturales o productos de mano de obra agregada barata, o sea condenándonos a consolidar nuestro atraso y a agrandar la brecha y la dependencia respecto a la contraparte.

Son muchas las incertidumbres y dudas que produce una negociación tan importante. Ojalá que no se defina alrededor de si se vota a favor o en contra del gobierno, o por compromisos políticos o personales: que no sean la improvisación o la polarización las que determinan nuestro futuro.
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