Opinión

  • | 2007/12/07 00:00

    La Justicia cojea pero ...

    Si la valoración probatoria en el caso de Santofimio es escandalosa, el tratamiento procesal desconcierta aún más.

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La justicia cojea pero... la nuestra anda en las muletas de la política y los medios.

Un caso es el de Santofimio, el cual, a no ser por las consecuencias (una sentencia una vez pronunciada se presume correcta), se podría usar de manual de lo que no debe hacer un juez.

En cuanto al régimen probatorio -que es de donde se debe deducir la sentencia- el raciocinio del juez se basa, entre otras, en estas perlas:

Reconoce que no existe ningún indicio o prueba de que el sindicado (Santofimio) hubiera tenido contacto alguno con Pablo Escobar después de haberlo expulsado en 1983 de su movimiento; pero, sigue su raciocinio, como la naturaleza de las relaciones clandestinas es justamente que no se sepa que existen, deduce que sí las hubo. Luego, sí cree en la amistad y en la reunión en 1989 (¡!).

Quedó demostrado que Popeye miente en relación a esa reunión donde supuestamente oyó el 'mátalo, Pablo' (la compra del carro que afirma realizó en Medellín al recibir ese día esa orden, fue mes y medio antes, por otra persona, y en Armenia; y para dar credibilidad a su testimonio, 'confesó' ser responsable de entregar una subametralladora Atlanta como arma del crimen, cuando la investigación determinó que fue una mini Ingram).
 
Pero, considera el juez que, por la forma en que Santofimio se manejó en el proceso 8000, al negar la acusación y después acogerse a la sentencia anticipada, no tiene más credibilidad lo que dice el uno que lo que dice el otro (o sea que iguala las mentiras respecto al caso con las ajenas a él); y, como ni la afirmación de Popeye en cuanto a que hubo ese encuentro a tres entre él, Santofimio y Escobar; ni la negación de este se pueden probar; él, como juzgador, por no ver interés de por medio en Popeye al inventar que ella existió y sí el de Santofimio en negarlo, tomaba lo primero por cierto.

O toma como prueba la posible existencia de una pancarta en una manifestación de 30.000 personas a favor de Santofimio en Ibagué donde dice que los santofimistas asistirán al entierro de Galán... ¡como si la proclamación del entierro político de un rival confirmara que se dio la orden de matarlo y que se divulgó a todos los seguidores para que hicieran manifestaciones alrededor de ello!

Pero si la valoración probatoria es escandalosa, el tratamiento procesal desconcierta aún más. En este caso el juez, explícitamente, admite que las pruebas no sustentan la acusación inicial, pero asume que él puede modificarla por un diferente tipo penal. Esto es claro en el sistema inquisitivo, donde en el juicio mismo se investiga, se establece el conjunto de pruebas que aclaran los hechos y se deduce la existencia o no del delito; no así dentro del sistema acusatorio, donde se acusa de un delito específico y solo se aportan las pruebas para demostrarlo.
 
Para un juicio como éste, tramitado bajo el régimen antiguo, es debatible cómo se aplica el principio de favorabilidad. Pero el caso concreto sí es claro: la consecuencia de que el Juez en su sentencia se apartó de la acusación de 'autoría mediata' y lo sentenció culpable por 'coautoría' es que ninguno de los elementos constitutivos de este delito (participar en la planeación, tener función concreta en la división del trabajo, asumir parte activa en la ejecución, y que no se pueda consumar sin esa participación) se planteó en la acusación, ni ninguna prueba al respecto se aportó. Luego no tiene fundamento acorde con las normas penales la sentencia condenatoria.

Con muletas parecidas parece andar la justicia en el caso del senador López Cabrales. La investigación iniciada bajo las mismas condiciones de los otros firmantes del 'Pacto de Ralito' tenía lógica, puesto que se trataba de averiguar y contextualizar cada caso para pronunciarse, ya con fundamento, según las circunstancias individuales. La conclusión de acusarlo de concierto para delinquir, en base a que el haber firmado tal documento implicaría que compartía el propósito de 'refundar la patria' y era aliado de los paramilitares, es el máximo de los despropósitos y, desde el punto de vista legal, la negación de los principios y los caminos que los administradores de Justicia deben seguir.

En el proceso fue confirmado que el citado Senador había sido secuestrado y sentenciado una vez a muerte antes de dicha reunión y que era el antagonista político de quienes buscaban militar y electoralmente la toma del poder, que en esa región era Mancuso. También quedó probado que su presencia en Ralito no fue premeditada o programada sino consecuencia de una citación del comando de las AUC para decidir sobre una sentencia de muerte que le había impuesto Mancuso; igualmente, que no participó activamente en esa reunión y, por el contrario, se retiró inmediatamente sin compartir nada de la 'invitación'.
 
Que tal reunión no produjo alianza ni acuerdo lo prueban las campañas que se sucedieron, donde siempre su movimiento fue contraparte del paramilitarismo, no solo en los cuestionamientos que le hacía, sino en las personas que lo representaban: las pruebas incluían los testimonios de los familiares y de las agremiaciones de 29 personas asesinadas por pertenecer al movimiento político del senador López y oponerse a los candidatos o a las órdenes de esos comandantes. Es más, posterior a esos supuestos acuerdos tuvo que ser el mismo Presidente Uribe y la amenaza de quitarle los beneficios que le había otorgado la ley de Justicia y Paz, lo que logró que Mancuso reversara las amenazas de muerte en caso de que siguiera haciendo campaña política en contra y por fuera de sus mandatos.

En contra de todo este acerbo probatorio, el juzgador concluye: "...no obstante que la postura pública del Dr. Juan Manuel López Cabrales era de confrontación con las autodefensas, ninguna de ellas desvirtúa ni contradice la prueba recaudada sobre su comportamiento privado frente a este tema (... con) un doble discurso: el público de oposición y el privado, en el que se hacían acuerdos por el poder...", y asume que existe una complicidad para manejar una falsa imagen de enfrentamiento.
 
Para esta conclusión se basa en que: "nada más elocuente que haberle entregado a Salvatore Mancuso (...), la administración de la secretaría de salud, colocando al frente de la misma a su cuñado y la existencia del incumplimiento entre el político y el jefe de la organización armada para designar a quienes ocuparían los cargos acordados en la administración departamental, para demostrar de modo irrebatible la manera como el señor López Cabrales fraguó pactos y obró en acuerdo para promover grupos de autodefensa".
 
En otras palabras, el secuestro, la sentencia de muerte y después el asesinato de los miembros de su movimiento, las denuncias por la imposición de nombres en la universidad, la forzada intervención del Presidente, etc. no son pruebas de antagonismo sino disfraces para que no se supiera que, por el pacto de Ralito, se habían convertido en aliados, y que en razón de esa alianza le daba un puesto al cuñado de Mancuso.
 
 Pero la maravilla de este exabrupto es que tan no tenía que ver el nombramiento del cuñado con Mancuso mismo que es conocido que sus relaciones tanto con Mancuso como con las autodefensas fueron de diferencias frontales y que los tres siguientes gobernadores -nombrados directamente por el presidente Uribe- lo mantuvieron en el cargo.
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