Opinión

  • | 2009/10/15 00:00

    La encrucijada del alma de la Corte Constitucional

    Un fallo de la Corte posibilitando el referendo no solo sería contrario a Derecho sino sería una incitación a una vía de hecho para que el objetivo buscado con este se realice.

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Se habla mucho del 'voto de opinión' como el determinante de las decisiones que el país toma o debe tomar.

La realidad es que tal voto sería más correctamente definido como el de quienes no tienen opinión propia. Y no necesariamente por ingenuos o por faltos de personalidad sino porque su opinión está conformada (o deformada) por la presentación y los datos que les suministran sus fuentes de información; a saber, las autoridades y los medios masivos de comunicación; y la que ellos suministran tiene por propósito orientar en uno u otro sentido al receptor pasivo para que termine convirtiéndose en instrumento de esos propósitos.

El Gobierno, por supuesto, intenta manejar la atención del público de acuerdo a sus objetivos, y parte de ellos es impedir que se llegue a conclusiones respecto a su gestión. Y el interés de los medios no es el contenido de la noticia sino su impacto.

Ejemplo reciente: el tema de las bases militares americanas desaparece con los datos sobre miseria y pobreza; estos se olvidan ante las cifras de desempleo y subempleo; y el escándalo del Agro Ingreso Seguro traslada esto al tema favorito de la corrupción. A nada de ello se la da algo de profundidad, dejando a la ciudadanía con la sensación de que para nada cuenta su propio esfuerzo para entender qué nos pasa.

Con ese manejo hemos llegado a no debatir lo que significa la propuesta del supuesto 'Estado de Opinión' como una salida inminente a las crisis en que se encuentra la institucionalidad colombiana, y a que los ciudadanos no tengan claridad hasta dónde esto no es más que el preaviso de un Golpe de Estado.

En efecto, no existe ninguna posibilidad legal de que el presidente Uribe pueda ser candidato ni, en consecuencia, Primer Mandatario por un tercer período. La situación de tiempos que marcan las leyes actuales hace que, aún si se lograrán todos los cálculos de los defensores de la reelección, no se podría llegar a la 'opción Uribe' dentro del marco de legalidad vigente.

La posibilidad de ese Golpe de Estado requeriría varias etapas, la primera de las cuales pasa hoy por las manos o los despachos de la Corte Constitucional. Y es de esperar que esta tenga más fundamentos en su opinión que la población dependiente de esos medios de información, ya que por algo tiene una responsabilidad que no tenemos el resto de los colombianos.

A la Corte Constitucional compete una jurisdicción propia y diferente a la de las otras ramas de la Justicia. Por eso se le reconoce que, por tener una función política, en ella pueda -hasta cierto punto deba- motivar sus fallos. Siendo su órbita la interpretación de la Constitución y siendo esta lo político por excelencia, para la Corte la disyuntiva es clara: fallar respecto a la ley de referendo en Derecho o aceptar la tesis de que el Estado de Opinión está por encima del Estado de Derecho.

Porque en Derecho no hay ambigüedad o duda respecto a que el trámite surtido por dicha ley violó la prohibición expresa de que la propuesta que ha sido rechazada por uno de los órganos del Congreso no puede ser revivido por el otro. Y lo que está fuera de cualquier debate en cuanto a Derecho es el obligatorio respeto a las prohibiciones taxativas. En este caso la Cámara no se limitó a aprobar el texto original sino que votó negando el cambio de texto propuesto y fue justamente ese el aprobado por el Senado. Tampoco a lugar aquí la objeción a las facultades de la Corte para pronunciarse sobre el contenido de fondo, puesto que se trata simple y llanamente del trámite que prescribe la Ley Orgánica del Congreso.

Pero, además, con la Reforma Constitucional que permitió la primera reelección se promulgó la Ley de Garantías (ley 996 del 2005) que tiene por propósito establecer las reglas del juego bajo las cuales jugaría el Presidente en ejercicio ante sus eventuales competidores. En ella se incluye la congelación de la nómina, cierta limitación al libre uso de partidas presupuestales, restricciones en el uso de los bienes del Estado a su disposición, condiciones para sus apariciones en los medios de comunicación, etc.

También entre sus puntos contempla que no podrá ser candidato el presidente en ejercicio que no manifieste ese propósito con seis meses de antelación al día previsto para las elecciones. Por supuesto ninguna de las otras provisiones sería aplicable -o violada- de no ser así. Es decir que el Dr. Uribe estaría obligado a proclamarse como candidato antes del 30 de noviembre. Pero es lógico que no podría hacerlo mientras esté vigente la norma constitucional que lo prohíbe.

El Gobierno ha sido 'hábil' para el 'se obedece pero no se cumple', buscando seguir los requisitos de forma de la ley sin cumplir la razón de ser de esta. Basta recordar el caso de la vez anterior con la creación y distribución de Notarías la víspera del vencimiento del término que establecía la Ley (o lo que también se está viviendo con la 'terna de uno' para Fiscal General).

El punto es que aquí no podría acudir a esas artimañas pues para llenar los trámites legales no sería suficiente que la Corte diera el visto bueno a la ley de referendo.

Al hablar de un referendo en marzo se tienen en cuenta los plazos inevitables para montarlo y escrutarlo, pero además de asumir que el resultado sería favorable, se desconoce el hecho de que eso no abriría las puertas para que el Dr. Uribe se lanzara desde antes a la palestra.

La Ley de Garantías no es derogable por una ley ordinaria pues es una ley estatutaria que no puede ser sometida a pupitrazos y a 'mensajes de urgencia' para cambiarla buscando habilitar una candidatura de Uribe. Tampoco se puede pensar en promulgarla posteriormente con efecto retroactivo.

En plata blanca: un fallo de la Corte posibilitando el referendo no solo sería contrario a Derecho sino sería una incitación a una vía de hecho para que el objetivo buscado con este se realice. No sería suficiente para un golpe 'blando' mediante el cambio de las normas para pasar de una democracia (relativa pero democracia) a una autocracia en donde basta al tirano apoderarse escalonadamente del control sobre los otros poderes, sino que debe acudir a la violación de las normas vigentes para mantener el poder.

El Dr. Uribe tuvo su 'encrucijada del alma' cuando le tocó elegir entre el cumplimiento de su juramento, renunciando a la eventualidad de un tercer mandato por respeto a la Constitución y las Leyes, o lanzarse -como lo hizo- al camino de 'nada se respeta, todo se vale', y la doctrina Valencia-Uribe de 'las cosas indebidas es mejor hacerlas de frente', con pasos turbios como los decretos de medianoche, o el descaro en la compra de conciencias, pero sobre todo con la plena seguridad de que al final es imposible evitar el Golpe de Estado a la institucionalidad.

La conciencia de los magistrados conocerá ahora esa 'encrucijada del alma', pues, aún si la presión gubernamental y un eventual deseo de satisfacer lo que se presenta como la voluntad de los colombianos los invitaría a dar paso libre al referendo, esto lejos de permitir que un posible tercer mandato del actual mandatario sea legal, traería como consecuencia la necesidad de una segunda etapa para la cual no existe camino diferente del franco rompimiento con la legalidad.

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