Opinión

  • | 2004/08/06 00:00

    La economía de la guerra

    Un interesante trabajo académico concluye que las perspectivas de ganar la guerra mejorarían si los recursos se usaran de manera diferente. De acuerdo, con una salvedad.

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La víspera del segundo aniversario del gobierno Uribe indujo muchos foros y escritos sobre si se está ganando la guerra contra la subversión, o como quiera el Presidente que llamemos la empresa de recuperar el orden público. La respuesta positiva de los generales fue tajante, pero todos recordamos haber oído antes afirmaciones igualmente categóricas, y nada. Las encuestas y los comentarios de los expertos muestran que hoy hay más escépticos que hace dos años.

Cierto que aumentó el número de guerrilleros y paramilitares abatidos, detenidos o desmovilizados. Que disminuyeron los ataques a poblaciones y muchas variantes del sabotaje. Pero nada de eso prueba que la guerra se esté ganando. Si definimos, en forma muy conformista, como victoria del Estado una situación donde se avizora la posibilidad de reducir, en un plazo razonable, los recursos destinados al frente militar, para reorientarlos a inversiones de paz, ni los más entusiastas se atreverían a decir hoy que ese día esté cercano.

En "Modelos dinámicos de guerra", un trabajo académico aún no publicado, José Fernando Isaza y Diógenes Campos enfrentan el problema de la economía de la guerra construyendo modelos dinámicos de conflicto interno, que capturan sus elementos críticos y llegan a conclusiones muy interesantes por la elegante vía de la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales.

Una de las conclusiones más importantes es que la estrategia de derrotar a la guerrilla por la vía militar corre un alto riesgo de fracasar, por agotamiento económico del Estado. A posteriori la razón es simple: al Estado le cuesta mucho "retirar" un guerrillero o paramilitar de las filas de los alzados en armas, pero a los insurgentes o paramilitares les resulta muy barato reemplazar a sus combatientes retirados por el Ejército. Los autores estiman que en el período 2000-2003, el más exitoso para el Ejército, "retirar" a un guerrillero o paramilitar le costó al Estado $293 millones. Y para reemplazarlo los alzados en armas solo incurren en el costo de entrenamiento y mantenimiento, muy inferior a esa suma.

La diferencia de costos no sería crítica si la guerrilla o los paramilitares tuvieran dificultades para reclutar nuevos combatientes, pero ese no es el caso. Isaza y Cano señalan, con cierta sorna, que si se suman los guerrilleros que según el Ejército fueron abatidos, apresados o desmovilizados entre agosto de 2002 y diciembre de 2003, 17.592, ello excede el número de combatientes estimado originalmente para la guerrilla. Pero el número de guerrilleros no parece haber cambiado, de manera que la recuperación fue plena.

El estudio concluye que, más eficiente que gastar un dineral para retirar a un combatiente, una vez incorporado a las filas de los alzados en armas, sería darles a los jóvenes de las zonas de reclutamiento de la guerrilla y los paramilitares otras opciones. "¿Qué es más sensato, retirar a un ilegal alzado en armas, o evitar que ingrese a los grupos insurreccionales? Los programas de guardabosques, la eliminación manual de las hojas de coca o las plantas de amapola, la remodelación de cascos urbanos, son actividades que apuntan en la dirección correcta en la medida en que se realizan en las áreas susceptibles de proveer los nuevos efectivos a los armados ilegales y crean oportunidades para un trabajo lícito".

La conclusión de Isaza y Cano de que, en lo posible, habría que evitar que los alzados en armas puedan recomponer sus filas me parece correcta. Pero dudo mucho que emplear a esos muchachos como guardabosques u obreros de pico y pala contribuya a ese resultado. En primer lugar, los trabajadores aislados y desarmados en zonas dominadas por paramilitares o guerrilla serían demasiado vulnerables. En segundo lugar, quedaría faltando el elemento de autoestima que los jóvenes de esas regiones asocian con la posesión de un arma, una motivación importante de quienes se enrolan en las filas de la guerrilla o de los paramilitares, como lo reconocen los autores.

En mi opinión, desde el punto de vista de las perspectivas del Estado de ganar la guerra la verdadera implicación del trabajo de Isaza y Cano no es que convenga crear más empleos civiles en las zonas de reclutamiento de la subversión sino que la estrategia más eficiente sería quitarles a los subversivos la posibilidad de reclutar jóvenes aptos porque el Ejército los recluta antes como soldados campesinos. Reconozco que aún no dispongo de cifras precisas al respecto, pero dudo que entrenar y mantener a un soldado campesino salga por más de una fracción del alto costo que, según Isaza y Cano, exige retirar a un guerrillero o paramilitar una vez reclutado por el enemigo.
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