Opinión

  • | 2011/03/04 00:00

    La disyuntiva entre desarrollo y medio ambiente

    El país atraviesa por uno de los momentos más críticos en cuanto a las decisiones políticas que deba tomar el Gobierno para garantizar un crecimiento económico acorde con las necesidades que demanda la sociedad y, de manera simultánea, la preservación del patrimonio colectivo ambiental.

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Los antecedentes no son los mejores. De tiempo atrás, importantes líderes del sector empresarial, y no pocos funcionarios públicos, han visto en la normatividad ambiental un obstáculo para el desarrollo de sus actividades, muchas de ellas estimuladas por ganancias de corto plazo. Entre sus quejas están lo engorroso y el largo tiempo que se requiere para que la autoridad ambiental expida un permiso o una licencia ambiental. Además, cuando los proyectos coinciden con la afectación de territorios colectivos, las dificultades y quejas que se manifiestan tienen que ver con los procesos de consulta previa con los grupos étnicos, asunto que carece de reglas claras y que está en manos del Ministerio del Interior. Esta mala concepción de los procesos de desarrollo ha llevado, tal como he mencionado en repetidas ocasiones, al debilitamiento de la institucionalidad ambiental del país y de los procedimientos para obtener una licencia o para realizar una consulta previa. En muchas ocasiones, a lo largo de los ocho años del pasado gobierno, tan solo bastaba una señal del más alto nivel para la obtención de los respectivos permisos.

Así, de manera equivocada, algunos empresarios prefirieron tomar ese tipo de atajos y muchos de los proyectos de desarrollo fueron aprobados sin contar con los estándares ambientales y culturales que exigen las leyes. Con el tiempo, varios de esos proyectos han ido a revisión de la Corte Constitucional luego de que las comunidades afectadas interpusieran acciones de tutela que, por lo general, han sido falladas en favor de sus derechos. En este campo, la Corte ha desarrollado una amplia jurisprudencia.

Lo paradójico es que, producto del debilitamiento institucional, el país hoy no cuenta con los mecanismos ni con la capacidad técnica, ni financiera, para enfrentar los grandes desafíos que imponen el desarrollo, la preservación del medio ambiente y el respeto a las minorías étnicas, de acuerdo a los preceptos constitucionales. Tal vacío ha puesto en cuestionamiento, no solo la legitimidad del Estado, sino también la seguridad jurídica que requieren las inversiones del sector privado. En medio de este caos, los títulos mineros pasaron de 1,5 millones de hectáreas a 8 millones de hectáreas y en igual proporción la solicitud de licencias ambientales.

Por todo lo anterior, lo más sensato, ahora que se crea nuevamente el Ministerio del Medio Ambiente por voluntad expresa del presidente Santos, es que se fortalezca de manera definitiva la institucionalidad ambiental y que las decisiones sobre los procesos de licenciamiento ambiental estén guiadas por conceptos técnicos y científicos independientes, de la más alta calidad, y no por los intereses o presiones políticas de los sectores regulados. Avanzar hacia un sistema de licenciamiento ambiental bien financiado, transparente, eficiente y diligente garantiza un marco de seguridad jurídica estable y confiable para los inversionistas del sector privado. No hacerlo así conducirá, sin lugar a dudas, a mantener la incertidumbre y a ahondar en el conflicto social. No es sino observar lo que está sucediendo en casos como los de la Greystar en Santander o la Anglo Gold Ashanti en el Tolima, dos proyectos mineros que han despertado una enorme controversia y el rechazo de amplios sectores y estamentos regionales.

El gobierno nacional no puede desaprovechar esta magnífica oportunidad para enrumbar el país hacia un verdadero desarrollo sostenible con altos estándares para la competitividad. Estoy seguro de que una posición como la que aquí se plantea contará igualmente con el respaldo de todos aquellos empresarios que están comprometidos de manera seria con los procesos de responsabilidad social empresarial y la construcción de un mejor país, y para quienes la mejor garantía es cumplir de manera estricta con una normatividad ambiental clara y eficiente que les garantice la seguridad jurídica de sus inversiones.

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