La cultura mafiosa

| 6/9/2000 12:00:00 AM

La cultura mafiosa

Estar contra la ley es casi una norma cultural de nuestra sociedad.

por Antanas Mockus

Nuestra manera de secularizarnos y de apropiarnos de elementos de la modernidad generó a lo ancho y largo de la sociedad, en muchos actores sociales, una orientación a resultados cortoplacista y con responsabilidad limitada por las consecuencias. Simultáneamente creció la tolerancia al divorcio de ley, moral y cultura, aceptándose actuar contra la ley por razones morales o culturales. La legitimación por resultados promovió la aceptación de justificaciones frágiles o falsas para comportamientos ilegales. Las leyes, en vez de ser vistas como acuerdos objeto de admiración, siguieron representando para muchos incómodas imposiciones.

Al encontrarse con la economía del narcotráfico, el divorcio entre ley, moral y cultura y la orientación inmediatista a resultados se convirtieron en ventajas competitivas. Las aspiraciones de movilidad social desencadenadas por los discursos y los avances en educación, salud y servicios públicos de los años 60 y 70 encontraron allí un cauce imprevisto. Quien mostraba suficiente capacidad de asumir riesgos, parecía poder salir adelante. La tasa de homicidios se disparó al triple.



La misma lógica del "todo vale con tal de obtener resultados" permitió también que los grupos guerrilleros sobrevivieran a la perestroika. Después de sufrir en carne propia esa lógica, estos grupos la adoptaron como ámbito fértil para su propio desarrollo. Al ampliar el repertorio de los medios que pueden usar sin reato, renunciaron a buscar cualquier legitimidad ante la parte más "zanahoria" de la sociedad y prefirieron legitimarse ante la parte de la sociedad articulada a la economía ilegal. La reacción social e institucional contra la guerrilla también alcanzó a contagiarse del "todo vale".



Grupos insurgentes, grupos delicuenciales y parte de la dirigencia política, al optar así por un uso prácticamente irrestricto de medios ilegales, violencia o corrupción, socavaron parte de la institucionalidad colombiana (afectando seriamente las tres ramas del poder, el manejo de los recursos públicos, los partidos y la descentralización). Hoy hay conciencia de que ese esquema es insostenible pero no hay suficientes recursos institucionales o políticos para dar el vuelco rápido que parece necesario. Además, tal vuelco requeriría en este momento incomodar a casi todos los actores sociales.



La secularización colombiana, que tuvo durante muchas décadas visos muy fanáticos de lado y lado, fue interrumpida por el Frente Nacional de una manera muy eficaz en cuanto a contención de la violencia pero ambigua en cuanto al fondo: la creación de una ética civil. Ni el Estado ni la educación pública se animaron a construir una moral terrenal. Movidas por los resultados, las élites aceptaron hacer colchas de retazos con sus ideologías, sus estrategias, y su regulación cultural y moral. Volvieron a comulgar. No hubo la presión institucional o social suficiente para imponer mayor coherencia, mayor fidelidad a principios o mayor responsabilidad por las consecuencias. La discusión pública no logró ejercer su labor maestra.



Todavía es tiempo de exigirnos pedagógicamente consistencia y responsabilidad.
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