Opinión

  • | 2005/06/24 00:00

    La Corte Constitucional y los Actos Legislativos

    ¿Qué competencia tiene la Corte Constitucional al pronunciarse sobre actos legislativos? Ese será el debate de fondo al decidir la reelección.

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Como cualquier Nación que está estrenando Constitución, estamos apenas en el trámite de decantarla, definiendo sus alcances y contenido. Por eso se ha dicho que el fallo sobre el Acto Legislativo que permitiría la reelección tendrá más importancia por las jurisprudencias que sienta que por el caso que resuelve. Para estos efectos, lo fundamental es la posición que la Corte asumirá respecto al ámbito de su propia competencia.

Una primera duda: ¿es ella el órgano competente para decidir sobre este punto?

Si se acepta que la soberanía reside en el pueblo -como lo establece la Constitución y como lo dice la filosofía política moderna-, y si nos ceñimos a la voluntad plasmada en la Carta, al Congreso se le asignaron ciertas funciones y delegaron ciertas atribuciones (entre ellas, reformar la Carta) mas no se le transfirió la soberanía. Por eso no queda duda de que al crear la 'Jurisdicción Constitucional' se decidió asignarle a nuestro Contrato Social un guardián para impedir que alguno de los poderes delegados se excediera en sus atribuciones. La Corte Constitucional es un nuevo elemento dentro de nuestro esquema institucional, creado con el propósito preciso de velar por que la voluntad expresada en la Carta superior no sea desconocida por nadie; es decir, que la pregunta puede ser respondida en forma categórica en el sentido de que corresponde a la Corte responder las dudas sobre la interpretación de la Carta. (Podría ser redundante, pero debe recordarse que justamente influenciados por el ejemplo de la Corte Suprema estadounidense se escogió este modelo de control constitucional; y que en ese caso este punto fue definido desde sus inicios en la sentencia de Madison vs. Malbury, en la cual se concretó la atribución superior de la Corte Suprema como máximo guardián de la Constitución).

Es natural que en nuestra Constitución haya posibles interpretaciones o incluso elementos que se contradigan, pues, como se dijo, su desarrollo apenas comienza y los complementos jurisprudenciales deberán subsanar esas aparentes inconsistencias.

Una de ellas se da al pretender atribuir un alcance restrictivo absoluto al numeral primero del artículo 241, que dice que para los Actos Legislativos la facultad de control solo se podrá ejercer respecto de los vicios de procedimiento. Si se siguiera esa línea interpretativa, no podría cumplirse el propósito teleológico del artículo mismo pues nadie puede ser guardián de algo sobre lo cual otros tienen la facultad superior de cambiarla a su voluntad (a comenzar por quitarle o limitarle a la Corte su función); ni menos de su integridad, según está allí preceptuado, cuando esta no existiría en la medida en que podría reformarse cualquier norma incluso en contravía del conjunto de las otras.

Esta aparente incoherencia de la Carta la ha resuelto la Corte estableciendo de paso el ámbito de su propia competencia. Al respecto ha recordado que no es lo mismo un poder soberano que un poder delegado, puesto que este tiene la limitación tácita pero fundamental de no poder ser contrario a la voluntad del primero y que, por tanto, el Congreso puede 'reformar' la Constitución mas no 'cambiarla'; reconoció así el límite a su propia facultad, aceptando que excepto por vicios de procedimiento no se puede pronunciar sobre el contenido de lo que son 'reformas', pero al mismo tiempo fijó el límite de hasta dónde llega la competencia del Congreso como constituyente. No sería posible un Acto Legislativo que convirtiera el país en monarquía o diera carácter vitalicio a los Congresistas.

Un segundo enfoque del mismo tema -que también correspondería resolver a la Corte- es la contradicción que habría entre la orientación que se entiende fue el gran avance en la concepción de nuestro Estado (alrededor del 'Nuevo Derecho' y el 'Estado Social') y lo que implicaría un control que solo se limitara a los vicios de trámite reconociendo una preeminencia total a lo formal sobre lo sustancial.

En efecto, bajo las tendencias o conceptos del derecho constitucional moderno, la nueva Carta consagró una nueva noción del papel de la Constitución y su ubicación dentro del ordenamiento jurídico: se sustituyó el criterio de que era simplemente el referente orgánico -en el sentido de que determinaba cómo se estructuraban los poderes para el funcionamiento del Estado- para asignarle además la jerarquía de referente dogmático, es decir, que señala como más importantes que cualquier otra norma del ordenamiento jurídico los objetivos y principios que la caracterizan, reconociendo la necesidad de atenderlos incluso por encima de los textos legales.

Para garantizar esto se crearon la tutela y la Corte Constitucional.

Que la Corte acogiera la tesis de no pronunciarse en ningún caso sobre el contenido de las reformas constitucionales que expida el Congreso, sería equivalente a que mediante tal sentencia derogara todo ese aspecto garantista de la Constitución. La formalidad de los trámites prevalecería sobre el contenido de las normas. Llevaría a la paradoja de que no tendría capacidad de decidir sobre el contenido de un Acto Legislativo, pero sí la de definir el abandono de la esencia misma de toda la Constitución (y de su propia función como guardián de ella) al aprobar o permitir que desaparezca su columna vertebral.

No sería exequible una simple norma que dijera: 'el Presidente de la República, sin necesidad de procesos judiciales, podrá ordenar torturas y penas de muerte cuando lo considere conveniente', no por contradecir las normas vigentes que prohíben la tortura, que prohíben la pena de muerte y que garantizan que no habrá penas sin juicio previo, puesto que podrían quedar derogadas; sino porque mientras estas desarrollan el núcleo filosófico y político de la Carta, esa 'reforma' sería opuesta al conjunto de valores y propósitos de mayor jerarquía que constituyen ese referente dogmático de nuestra Constitución o bloque de constitucionalidad (tratados internacionales, jus cogens de Derechos Humanos, derechos fundamentales inalienables).

Implícitamente aplicaría la prueba de razonabilidad que ha defendido la Corte para los casos en que se oponen dos criterios de jerarquía constitucional y hay que pronunciarse a favor de uno u otro -aquí el derecho del Congreso de reformar la Constitución vs. la obligación de la Corte de velar por su integridad-: no estando en discusión las condiciones que llevan a ello (legitimidad en el fin buscado y en el medio usado en ambas opciones, y necesidad de optar por una u otra) el argumento decisorio sería que la comparación costo beneficio de la alternativa que se escoja produzca mayores bondades y/o menores perjuicios que la otra en cuanto al cumplimiento y estabilidad constitucionales (basta pensar lo que significaría el precedente de que cada gobierno por tener una mayoría pudiera cambiar la Carta a su antojo y además sin limitaciones).

Sí hay un límite al poder constituyente del Congreso y la Corte Constitucional es la competente para pronunciarse sobre él. Otro tema es cuándo un Acto Legislativo se sale de ese límite. Ese será el debate y primer pronunciamiento respecto al de la reelección.
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