Opinión

  • | 2008/04/11 00:00

    La conflictiva relación entre la satisfacción y el ingreso

    Poner todas las municiones en aumentar el crecimiento económico es una mala estrategia en la batalla de los gobiernos por ganarse el apoyo popular.

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Una pregunta central de la economía política moderna es por qué muchos gobiernos democráticos mantienen políticas que son dañinas para el crecimiento y limitan los ingresos de la mayoría de la población.

Las explicaciones pueden ser muchas. Puede ser que algún sector poderoso tenga la capacidad de impedir la adopción de mejores políticas. Por ejemplo, ciertos políticos y funcionarios públicos en posiciones clave pueden beneficiarse de que haya trámites engorrosos que dificultan la inversión privada o de que no haya transparencia en la asignación de los contratos de obras públicas.

Otra explicación posible es que haya sesgos ideológicos o simple ignorancia sobre qué funciona y qué no. Por ejemplo, genuinamente los políticos y los electores pueden creer que los controles de precios son una forma efectiva de proteger la capacidad de compra de la población. O la mayoría de la gente puede creer que poner trabas al comercio internacional es una forma de generar empleo.

Aunque estas hipótesis tienen alguna validez, ahora está surgiendo una explicación mucho más sencilla, con base en las opiniones de cientos de miles de personas en todo el mundo, recogidas por la Encuesta Mundial de Gallup.

El secreto de por qué las políticas que buscan más crecimiento no son muy populares parece residir en las expectativas de la gente.

Es cierto que, como se enseña en cualquier curso de economía elemental, la gente que tiene más ingreso se siente más satisfecha con su nivel de vida material. Esto es válido al comparar países de diferentes niveles de ingreso o al comparar, dentro de un país cualquiera, individuos con ingresos distintos.

Sin embargo, las encuestas muestran que cuando el crecimiento económico aumenta se reduce la satisfacción con múltiples aspectos de la vida de las personas. En los países que crecen más, una mayor proporción de la gente se declara insatisfecha con todo lo que puede comprar, y se siente más inconforme con su vivienda y con su empleo.

La pérdida de satisfacción parece resultar del aumento de las expectativas y las aspiraciones personales cuando aumenta el ingreso de los demás. Si mis amigos están comprando carro nuevo, me siento menos satisfecho con mi auto viejo. Si mis colegas ahora ganan más que yo, mi empleo ya no me parece tan bueno. El efecto dañino de las comparaciones tiende a ser más fuerte en sociedades más ricas y más urbanas, donde hay más posibilidades de consumo y mayor necesidad de identificación de grupo.

Hay otro aspecto en que el ingreso y la satisfacción se relacionan de forma anómala. Dentro de cualquier país latinoamericano, las personas que tienen ingresos más altos se sienten menos satisfechas con los resultados de las políticas de salud, educación, creación de empleos o provisión de viviendas que las gentes más necesitadas.

A la luz de estos hallazgos, una estrategia de gobierno enfocada en la eficiencia y el crecimiento económico tiene pocas posibilidades de éxito político. Las típicas estrategias de reforma neoliberal de los noventa resultaron más vulnerables a la reacción de las clases medias y altas justamente donde fueron más exitosas, porque aumentaron las expectativas y las aspiraciones de mayor consumo, y de paso hicieron más consciente a la gente de las desigualdades. Las cosas fueron aún más graves en los países donde los promotores de las reformas exageraron sus beneficios potenciales, pues de esa manera indujeron aun mayores expectativas.

Sin embargo, es factible cosechar soporte político cuando se combinan las políticas de crecimiento con estrategias de inclusión económica y social y con reformas en las áreas de provisión de los servicios de salud, educación, empleo o vivienda. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos aprendieron bien esta lección en la década de los noventa, como lo reflejan los aumentos que tuvo el gasto social en toda la región.

Chile es posiblemente el mejor ejemplo. Hasta hace poco la combinación de políticas económicas a favor del mercado con políticas sociales redistributivas fue sostenible políticamente. Pero desde que comenzó el gobierno de Bachelet, Chile está viendo el efecto que tienen los aumentos de ingreso de varias décadas sobre las opiniones de la gente en materia de políticas sociales. Como ocurre en todas partes, cuando la gente tiene mayores ingresos se vuelve más exigente con el gobierno. En efecto, los chilenos ya no toleran como antes las deficiencias de la educación pública o de otros servicios públicos, como el transporte.

Las estrategias de inclusión y provisión de servicios sociales que maximizan el apoyo político no son necesariamente las que producen las mayores mejoras en las condiciones de vida de los pobres. Una política efectiva para evitar las pérdidas de satisfacción puede consistir en reducir los ingresos de aquellas familias o individuos que son referentes visibles para los grupos sociales más vulnerables a los cambios de expectativas (las clases medias urbanas en ascenso, especialmente). Como lo saben los gobiernos de Argentina o Venezuela, ciertas expropiaciones, controles de precios o impuestos extraordinarios a sectores exitosos pueden ser muy efectivos para estos propósitos, aunque a la larga sean dañinos para el crecimiento.

De igual forma, una política social efectiva puede basarse en concentrar las mejoras de cobertura o de calidad de los servicios sociales en las clases medias o altas en ascenso cuyas exigencias tienden a aumentar más a medida que mejoran sus ingresos, mientras que se mantiene desinformados y desprotegidos a los grupos sociales más pobres, cuyas expectativas sobre las políticas sociales son más modestas. México, durante el PRI, o Guatemala, aún en la actualidad, son buenos ejemplos.

Estas inconsistencias obvias entre lo que puede ser efectivo políticamente y lo que es efectivo en términos económicos y sociales son, por supuesto, un dilema corriente en el quehacer de políticos y gobernantes en democracias fragmentadas y desiguales, como son las latinoamericanas.

Puesto que en un sistema democrático las decisiones de política son el resultado de pugnas y negociaciones entre grupos con intereses y visiones diferentes, estas inconsistencias rara vez pueden resolverse apelando solamente a argumentaciones técnicas. Pero el debate público sería más fructífero si los líderes de opinión y los asesores económicos de los gobiernos y de las organizaciones políticas abandonaran la tesis simplista (de la cual somos culpables los economistas) de que todo aumento de ingreso genera un aumento de satisfacción y, por consiguiente, de apoyo político.

La relación entre el ingreso y la satisfacción es inherentemente conflictiva, y en las manos de ciertos políticos puede ser un instrumento maquiavélico.
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