Opinión

  • | 2009/09/07 00:00

    La agenda del próximo gobierno

    Temas como salud y seguridad social, transporte, innovación e impuestos están clamando a gritos por una cirugía radical.

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A pesar de la incertidumbre en que se desenvuelve el proceso electoral, como consecuencia de la insistencia presidencial en imponer su segunda reelección por cualquier medio, debemos hacer un esfuerzo en centrar la atención del debate en lo que le espera al próximo mandatario. Conviene distinguir en el debate los temas en que se ha avanzado bajo los últimos gobiernos, y en los que se requiere continuidad y ajustes menores, de los que están clamando a gritos por un viraje fundamental.

En el primer grupo se encuentran temas como los de seguridad, relaciones exteriores, educación, pobreza, servicios públicos y descentralización. En el segundo, sobresalen los de salud y seguridad social, transporte, innovación e impuestos.

Para comenzar, resulta imprescindible consolidar la recuperación del control de todo el territorio nacional por parte de la fuerza pública. Pero, por supuesto, la seguridad nacional requiere más que eso. Es necesaria una mayor presencia del resto del aparato estatal en las zonas recuperadas y hay que afrontar el grave problema de inseguridad ciudadana que va en aumento en varias ciudades. Asimismo, parece imprescindible deshacer la contrarreforma agraria realizada a la fuerza por narcos y paras. Sería deseable una política estatal decidida pero realista, en términos fiscales, de reparación de víctimas. Y, por supuesto, garantizar que no se vuelvan a presentar violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de la fuerza pública ni que prime la impunidad en algunos procesos contra los paramilitares, parapolíticos y farcpolíticos.

En materia de relaciones exteriores, el próximo Gobierno tendrá que continuar la difícil tarea de buscar comprensión y cooperación con nuestra problemática de narcotráfico y orden público por parte de la comunidad internacional, a tiempo que maneja con pulso firme y mano tendida la relación con nuestro complejo vecino, el señor Chávez. La transmisión de la reunión de Unasur ha puesto de presente la dificultad intrínseca de estas tareas y la inconveniencia de la llamada diplomacia paralela.

Por su parte, hay que continuar aumentando la cobertura educativa, en lo que ha habido grandes logros en básica y secundaria, pero queda mucho por hacer con respecto a la primera infancia, el pre-escolar y la educación técnica y terciaria. Más importante aún, resulta imprescindible mejorar la calidad de la educación pública, que aún es lamentable, y reforzar los programas de información pública que se han implantado (exámenes de Estado a alumnos y maestros, observatorio laboral), así como los de formación y actualización de los maestros y de introducción de métodos pedagógicos mas modernos.

Considero también que se deben perseverar en los programas anti pobreza, como Familias en Acción y Juntos, implantados en la última década. Son programas bien concebidos, que ayudan a aliviar pobreza en la generación presente y a evitarla en las futuras mediante la formación de capital humano de los hijos de los pobres. Por supuesto, hay que focalizarlos mejor, hacerlos más efectivos y eficientes y dotarlos de mecanismos de salida o graduación.

También hay que profundizar esfuerzos en curso en áreas como energía, agua potable y telecomunicaciones. En energía, tenemos un mercado que funciona bien, pese a algunas señales equívocas que ha estado dando el Ministro del ramo en el tema del gas, que podrían llegar a comprometer el extraordinario éxito que ha tenido la continuidad de la política gasífera desde la administración Barco. En agua potable, es necesario poner en ejecución los planes departamentales de agua y en telecomunicaciones encontrar una solución al engendro que creamos los Constituyentes de 1991 con la Comisión Nacional de Televisión.

Entre las áreas que demandan cirugía radical se encuentra, en primer término, el sistema de salud. Si bien la reforma de 1993 ha permitido un aumento notable en la proporción de la población asegurada, hay poca mejora en calidad de los servicios, la estructura actual de financiamiento es insostenible y el funcionamiento del sistema es caótico e ineficiente. Los sucesivos gobiernos, a partir de 1994, no lograron implementar bien la reforma ni corregir sus errores de concepción, lo que propició un intervencionismo de la Corte Constitucional que no ha hecho sino agravar el problema. A mi juicio, no hay salida distinta a establecer un seguro universal mínimo bien diseñado, financiado con impuestos ordinarios, que se garantice como derecho fundamental a todos los ciudadanos y que de ahí en adelante el aseguramiento sea voluntario. Para que esto funcione, la Corte tendría que aceptar que este país no tiene la capacidad financiera de los países escandinavos y proceder en consecuencia. La seguridad social también requiere cirugías en otras materias, como la pensional, y se hace urgente diseñar bien un seguro modesto de desempleo.

En segundo lugar, el país está en mora de comprender que su futuro económico está ligado a su capacidad de innovación. Lo que los europeos llaman el Sistema Nacional de Innovación, acá no es un sistema, no es nacional e innova muy poco. Hay una buena pero pobre y abandonada entidad, Colciencias, que ahora se convertirá en Departamento Administrativo y que podría ser la base de un verdadero sistema de innovación si se le dan recursos suficientes y se inserta bien en el concierto internacional de la innovación. De resto, hay pequeños esfuerzos dispersos en algunas pocas universidades, en Corpoica y por parte de algunos gremios (como el petroquímico) y empresas. La situación da grima cuando se la compara con países como Chile y Brasil y, ni qué decir, con los asiáticos, Finlandia, Irlanda o Israel.

En tercer lugar, está el panorama desolador de nuestro sistema de transporte y logística. Colombia está en la cola de la región en esta materia. Al exceso tradicional de clientelismo y corrupción que ha caracterizado siempre a dicho sector, se le sumó en los últimos siete años un verdadero alarde de improvisación y folclor. El próximo Gobierno tendrá que decidir si sigue haciendo politiquería con las obras públicas (lo que el Presidente llama con cierta ironía gobernabilidad) y condena al país al atraso, o si se empeña en una construcción y reconstrucción de instituciones técnicas, capaces y transparentes que logren cambiar a la larga el triste estado de nuestras vías.

Por último, está el desastre de nuestro sistema impositivo. Estamos en el peor de los mundos: un sistema profundamente inequitativo y distorsionante, donde unos pagan tarifas excesivas y otros muy poco o nada -y amparados en convenios de seguridad tributaria-, muy difícil de administrar y que genera muy poco recaudo. Para colmo, han venido creciendo impuestos y contribuciones antitécnicas que generan informalidad y desempleo -como los parafiscales-, desintermediación financiera -como el cuatro por mil- o que desestimulan la inversión -como el impuesto al patrimonio de las empresas-. Por demás, hay unas entidades territoriales, los Departamentos, sobre quienes se han venido acumulando obligaciones (en particular en salud y en vías secundarias) que no pueden cumplir por falta de recursos. Deshacer tanto entuerto no será fácil, pero resulta necesario para nuestro futuro.

Ojalá podamos centrar el debate electoral en estos temas y no en los manejos turbios del referendo reeleccionista.

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