Opinión

  • | 2007/03/16 00:00

    Justicia mediática y justicia penal

    Lo primero que debe entenderse es que existe mucha diferencia entre un acusado y un culpable y, en consecuencia, hay que tener en cuenta todas las complejidades que implica el paso de lo uno a lo otro.

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Hago las siguientes consideraciones a sabiendas de que voy a incurrir en el mismo error que pretendo señalar: es decir, tratar el tema sin el rigor que su naturaleza exige.

El entusiasmo de los medios de comunicación con el lío de la parapolítica ha producido una especie de justicia paralela, la cual reemplaza todo nuestro sistema judicial sin respetar ninguna de sus estructuras.

Por eso, puede ser interesante enumerar algunas de las inquietudes que como lego en el asunto se pueden o deben presentar a quien considera que la base de la convivencia en una sociedad radica en que los fallos los produzca todo el sistema de Administración de Justicia y no quienes se autodenominan 'voceros de la opinión pública'.

Lo primero que debe entenderse es que existe mucha diferencia entre un acusado y un culpable y, en consecuencia, hay que tener en cuenta todas las complejidades que implica el paso de lo uno a lo otro.

Nuestro nuevo sistema 'pseudoacusatorio' distingue entre el ente acusador y el juicio propiamente; es decir, que lo que expresa la Fiscalía, y lo que corresponde a la primera etapa, en la cual ella se pronuncia, representa una posición de parte y no una conclusión después de evaluar los elementos de defensa que puede aportar el sindicado.

Siendo la acusación más generalizada en la llamada 'parapolítica' la de 'concierto para delinquir', se presentan varias preguntas que por lo menos como inquietud deberían tener en consideración los medios.

Suena lógico que para que se puedan concretar una asociación o un concierto para delinquir debe establecerse alrededor de cuál delito o alrededor de cuál organización se da esto. Una variante puede ser la de formar una pandilla para dedicarse a cometer atracos, pero una muy diferente sería la de que unas personas sin vínculos permanentes se pusieran de acuerdo en una ocasión para cometer ocasionalmente un delito, como la compra de votos. Una ilustración de esto es el caso Santofimio, a quien inicialmente se le acusó de concierto para delinquir pero tuvo que retirarse el cargo porque ni se configuró la existencia de la organización llamada 'Cartel de Medellín' ni menos su membresía. También se da la situación de delitos que no parecen susceptibles de generar este tipo de derivados, como sería el caso de una 'omisión de denuncia' que tanto se menciona como posible opción o alternativa para el caso de los participantes en la reunión de Ralito.

Es sabido que lo que determina la ley penal son los tipos de delito; es decir, que para que un individuo sea delincuente tiene que coincidir estrictamente con un comportamiento tipificado en un código. Y estos comportamientos a su turno están clasificados según el bien jurídico protegido; no es lo mismo atentar contra la vida y la integridad de alguna persona —por ejemplo, un homicidio—, que contra el sufragio, o contra la honra.

También ante un mismo delito puede haber diferentes responsabilidades: existen los autores materiales, los cómplices, los determinadores, los coautores, etc. Como ejemplo, la acusación contra Santofimio fue como coautor, lo cual normalmente la haría caer de su peso pues la condición o requisito para quedar incluido en esa categoría es que el acusado haya participado en toda la cadena que llevó al crimen, a comenzar por la planeación y que, además, el delito no hubiera podido producirse sin la participación del presunto culpable en la ejecución misma (condiciones que en ese caso es claro que no se dan). Esto pone a pensar en cómo se aplicaría a la acusación de 'secuestro' en relación con los de Álvaro Araújo padre e hijo, puesto que su vinculación con el caso se limita a que supieron de él y aceptaron la situación política que de ello derivaba, pero no parece existir ninguna actuación en la cual estén comprometidos.

El punto central es que tanto como produce regocijo y respaldo la actuación de la Sala Penal de la Corte Suprema y de la Fiscalía, debemos estar conscientes de lo lejos que estamos de que se concluyan estos juicios si esperamos que sea con base en el debido proceso y en las normas vigentes que regulan la administración de Justicia. En otras palabras, lo que estamos viviendo por el momento es la justicia mediática que lleva a entretenciones como hacer pollas para ver quién acierta en cuanto al número de parlamentarios que la Corte enviará a prisión pero que está aún muy lejos de concretarse en fallos judiciales.

Pero si bien los casos particulares tienen un trámite jurídico que será muy dispendioso, si prestan atención a que sea 'justo' en las responsabilidades que se establezcan y los castigos que se deriven, es claro que el resultado global sí juega alrededor de un gran 'concierto para delinquir', como tomar indebidamente el poder del Estado.

Hay que diferenciar a los partícipes de este proceso y parece que los medios en su afán de descalificar a quienes compiten con ellos en la vocería de los ciudadanos han magnificado el papel jugado por los políticos. Ellos —o su mayoría— tienen la visión de que son injustamente perseguidos, porque nunca ordenaron un homicidio, o un secuestro, o se vincularon activamente con quienes cometían tales delitos. Y, claro, explican a la Justicia y a sí mismos que su actuación es consistente con las condiciones que vivían.

Esa es una realidad y debe llevarnos a determinar quiénes, estando detrás de esa propuesta de cambiar nuestra teoría de Estado por el modelo que se está desarrollando, lo impulsaban y sí sabían, sí justificaban y sí apoyaban los métodos que se utilizaban.

Porque también está la consideración de: ¿cuándo un delito subsume otros? Todas las acusaciones que se han dirigido contra los políticos convergen en actos ilegales destinados a alcanzar el poder. Es más: el paramilitarismo, y en consecuencia todos los vínculos con él, giran alrededor del propósito explícito de defender un proyecto político; la noción de 'autodefensa' y su uso como concepto se transformó en el momento en que se convirtió en ese proyecto político, tal como lo manifestaron en su momento Carlos Castaño, después Salvatore Mancuso y después Vicente Castaño (hasta tal condición fue la que reivindicaron para asistir al Congreso ¡!). En consecuencia, los delitos que atentan contra el sufragio, la libertad, la vida de las personas, etc., son instrumentales a ese propósito.

Por eso, no hay tal paramilitarismo bajo el nombre de 'Águilas Negras' o el mando de Vicente Castaño, puesto que ya no tiene la esencia misma, como fue defender un modelo político tomando el poder 'por la razón o por la fuerza'. El modelo político está implantado y lo que falló parcialmente fue la absolución a los métodos utilizados. Los 'nuevos grupos' no tienen razones de 'autodefensa' ni propósito político puesto que ya está cumplido. Puede ser que mantengan un 'concierto para delinquir' alrededor de la búsqueda de que les cumplan lo prometido en cuanto a absolución, pero como la guerrilla, lo más probable es que solo conservan por inercia las actividades delictivas como medio y modo de vida.

La paradoja, que se debe a la justicia mediática, es que el escándalo cae sobre quienes son solo accesorios mientras se condonan los medios usados y se deja incólume el resultado.
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