Opinión

  • | 2007/08/03 00:00

    Interpretando un legado

    Motivos y razones que impulsaron al ex presidente Alfonso López Michelsen a apoyar el intercambio humanitario.

COMPARTIR

Es bien sabido que la última campaña del ex presidente López fue la búsqueda del intercambio humanitario. Diferentes motivos y razones lo impulsaban... Me tomo el atrevimiento de intentar explicar cómo entendía él el tema.

Ante todo lo veía desde un punto de vista humanista: su motivación era el buscar, en función de los valores que humana y moralmente consideraba de mayor jerarquía, cuál solución respondía mejor a lo deseable ante la situación existente. Actuaba bajo algo como el principio del 'imperativo categórico' kantiano, según el cual un individuo tiende naturalmente a defender causas nobles, y en este caso para él la preservación de la vida y el alivio del dolor de quienes injustamente lo padecen, tenían prioridad sobre lo que puedan ser objetivos políticos o militares.
 
Su posición la resumió en su última frase que podría ser reconstruida bajo la forma de 'lo que se debe buscar es una solución, no una victoria'. Su solidaridad con los familiares y las discrepancias sobre el tratamiento que daba el Gobierno al tema iban más allá de los casos concretos pues lo enmarcaba en un contexto de principios universales. No era sin embargo esto lo único que lo impulsaba y orientaba. Dentro de su formación de jurista y demócrata liberal, concebía el Estado de Derecho como una conquista de la civilización, y confiaba en y defendía la idea de que el sometimiento a las instituciones posibilita la convivencia en armonía dentro de una comunidad.
 
Por eso para él, el Derecho Internacional y en particular el Derecho Internacional Humanitario eran un avance de la humanidad que debía ser reconocido y aceptado, y no un invento de fuerzas anárquicas para debilitar a los gobiernos o, en el caso colombiano, un instrumento de los opositores para apoyar o apoyarse en la subversión.
 
Los Convenios y Protocolos de Ginebra no nacen entre, o atan a las partes en conflicto: son un tratado contraído con todas las Naciones, y por derivación de ello ante toda la humanidad. También, por orden constitucional, obligan, independientemente del comportamiento de la contraparte, sea ésta enemigo interno o externo.
 
 Ningún conflicto armado está exento de esta jurisdicción y dentro de ella misma se define cuándo existe situación de 'conflicto armado'. Ni se basa ni busca establecer la legitimidad de la causa de las partes: única y exclusivamente humanizar la forma en que se dan las confrontaciones, tratando de evitar males o aliviar el dolor innecesario.
 
Por eso, ninguno de los argumentos (que no es 'conflicto armado', que son unos delincuentes, que las FARC no respetan el Derecho Internacional Humanitario, que el DIH prohíbe la toma de rehenes, etc.) justifica el no cumplir el artículo 3 de los convenios y su desarrollo en los Protocolos I y II; y, por el contrario, significa violarlos. Y, más allá de precisar que la propuesta de los países facilitadores sobre una 'zona de encuentro' limitada en el tiempo, el espacio, y el tema a tratar, ni es un 'despeje', ni otorgaría ventajas militares, ni entregaría nada de la soberanía.
 
Como ex presidente entendía que la Constitución no contempla poderes al primer mandatario para a su arbitrio calificar qué es 'ceder soberanía', ni otorga a la defensa de la soberanía mayor jerarquía que al Principio Fundamental de que 'las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes (...) y libertades'.

Entendía también una dimensión política del problema. La relación del ciudadano con el gobernante es un mandato, es decir, un poder que se le delega para cumplir la voluntad de la colectividad. No es comparable a la relación con quienes desconocen esa voluntad y además por medios violentos e ilegales la contrarían. Quien actúa a nombre de ella no puede hacerlo de acuerdo a su propia percepción sino de acuerdo al mandato que recibe. Se debate si Uribe busca una victoria, o una venganza, o si siente que cumple una 'misión'... Lo relevante, no es qué lo motiva sino que, como mandatario, su accionar debe depender y orientarse según el mandato de sus ciudadanos.
 
No se discute que el mandato recibido se orienta a enfrentar la guerrilla, ni se pretende que se haga con menos firmeza. Por eso el accionar armado y el refuerzo presupuestal en hombres, recursos económicos etc., es aceptado y respaldado por la población. Pero dentro del enfrentamiento armado, y sin que signifique renunciar a él sino por el contrario confirmarlo, existen las leyes humanitarias que buscan alejarlo de la barbarie.
 
Y es claro que la población colombiana, aun si no entiende o no está empapada de los intríngulis jurídicos del DIH, desea limitar la barbarie en el conflicto; por eso pide 'no al secuestro' al enemigo, pero por lo mismo ha expresado a su mandatario que dentro de ese propósito permita y busque el intercambio que forma parte de esa humanización de la guerra. Fue habilidosa la maniobra presidencial de sacar a todos sus funcionarios a presentar las marchas como una petición de 'más firmeza'... Pero no sería el ex presidente López quien se dejaría confundir aceptando el falso dilema de que el acuerdo humanitario va en contravía de la paz o de la oposición al secuestro.
 
Al igual que los verdaderos promotores de la gran caminata del 5 de Julio, familiares de los diputados asesinados y de quienes aún están en manos de la guerrilla, él salió con la camisa de 'Acuerdo Humanitario ¡ya!', porque respecto al objetivo de acabar con el abominable delito o el buscar la devolución de quienes fueron privados de la libertad por los delincuentes no hay discrepancias (nadie se imagina pancartas de 'Sí al secuestro' o 'No a la libertad de los secuestrados'). Sobre lo que hay discrepancias es sobre si esa libertad se debe buscar mediante intentos de rescate a sangre y fuego o mediante acuerdos humanitarios. Al intentar tergiversar la manifestación popular y negarle el sentido que le dio origen, el Presidente y su Gobierno han ido más allá de desconocer ese mandato concreto.

Por último, aunque el fuerte de López no fuera el pragmatismo, y menos que por éste no se deban tener en cuenta las relaciones humanas, la ética o la ley, consideraciones eminentemente realistas y prácticas le señalaban que pensar en el rescate militar de todos los secuestrados es simplemente un imposible. Aun si se menospreciara el hecho de las mínimas probabilidades de operaciones exitosas -en el sentido de que el cautivo salga vivo- , y se considerara seguro que cada intento entregaría una persona sana y salva, es claro que las fuerzas armadas no están en capacidad de realizar la cantidad de operativos necesarios para devolver a todos los retenidos a sus familias.
 
En otras palabras, la política de negar acuerdos colectivos y la estrategia de rescates a la fuerza condenaría a la gran mayoría de las víctimas y a sus familiares a relegar a un tiempo indefinido y en la práctica probablemente infinito la esperanza de una solución.
 
Para todas ellas no existiría sino la expectativa de la derrota total de la guerrilla, la que en términos reales no se ve posible en un futuro previsible, y la cual, bajo la sentencia pronunciada por el Doctor Uribe de 'desmovilización o exterminio', implicaría esto último también para quienes se pretende sean liberados.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?