Opinión

  • | 1997/07/01 00:00

    Impuesto al vicio

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El mes pasado las compañías norteamericanas productoras de cigarrillos acordaron con las autoridades federales y estatales un paquete de condiciones que incluye el pago por parte de las empresas de US$360.000 millones, durante un período de 25 años (y US$25.000 millones al año de ahí en adelante), para actividades de salud pública y campañas contra el consumo de cigarrillos. Además, el acuerdo contempla restricciones a la venta, propaganda y mercadeo de cigarrillos (e.g., eliminación de los dispensadores automáticos de cigarrillos e indicaciones preventivas más fuertes), mayores restricciones al consumo en lugares públicos y sitios de trabajo, y el compromiso, por parte de las compañías, de disminuir el consumo de los menores en un sesenta por ciento dentro de un plazo de diez años. Las autoridades federales tendrán la facultad de regular la nicotina como si fuese una droga y podrían prohibirla después del año 2009. Con estas condiciones, los estados americanos esperan poder atender un problema de salud pública que cuesta 400.000 muertes por año. A cambio de estas condiciones, las compañías tabacaleras quedan protegidas contra las demandas judiciales colectivas y contra compensaciones de carácter punitivo por malas conductas industriales anteriores. El acuerdo con las compañías tabacaleras sigue a una agria y novelesca disputa en la cual la industria fue acusada de mentir y defraudar al público, particularmente sobre los efectos adversos del cigarrillo, el carácter adictivo de la nicotina, y el manejo del contenido de nicotina en los cigarrillos para aumentar la adicción y el consumo de cigarrillos. La disputa ahora se traslada a los niveles legislativos, a los cuales les corresponde aprobar el acuerdo. Será probablemente otra interesante batalla, ahora entre demócratas y republicanos, algunos ya comprometidos por donaciones electorales de la propia industria de cigarrillos.



El nuevo acuerdo se ha presentado como un paquete revolucionario para disminuir el consumo de cigarrillos y financiar los altos gastos de salud que este consumo ha generado. Y, en verdad, visto como un arreglo de las responsabilidades legales a cargo de las empresas y a favor de los fumadores, la cuantía monetaria y las restricciones impuestas por el acuerdo superan cualquier precedente de intervención en la industria manufacturera legal en los Estados Unidos. Además, el aumento de precios que probablemente resultará del acuerdo, reducirá la propensión al consumo, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, visto desde un punto de vista económico, el aspecto más esencial del arreglo, concretamente la "compensación" convenida a cargo de las compañías tabacaleras, no es más que un nuevo caso de tributación del vicio que, ya se trate de licores, cigarrillos, o juego, los gobiernos favorecen como fuente de recursos fácil y altamente popular. Algo sorprende que el arreglo se hubiera fijado en términos monetarios absolutos, en lugar de como un impuesto unitario o ad-valorem, modalidad tradicional en la tributación indirecta. Pero, visto como un todo, el fiscalismo de la medida supera su aspiración de penalizar la producción. Al fin de cuentas, las aspiraciones fiscales necesitan mantener viva una industria muy rentable que genere los recursos buscados. Por lo demás, las autoridades americanas probablemente no quieren convertir el cigarrillo en una sustancia ilegal que, además de no producir rendimiento fiscal ni evitar su consumo, también aumente los ya altos costos del ineficaz control de comercio y consumo de sustancias ilegales. La memoria del fracaso de la prohibición del consumo de licor y la desalentadora y viva experiencia del control del comercio y consumo de droga, desalientan nuevos intentos de combatir la propensión al vicio por medio de la prohibición.



¿Qué podrá ocurrir ahora con las grandes empresas de cigarrillos americanas? La teoría de algunos economistas es que un aumento del orden de 40% en el precio al por mayor de los cigarrillos (hoy US$0.83 por cajetilla) y la reducción de los costos legales de la industria dejaría a las compañías en una situación holgada. Otros economistas notan, sin embargo, que las empresas ya fijaron los precios al nivel que maximiza sus utilidades y que el nuevo impuesto, por estar especificado en términos monetarios absolutos, no modifica la configuración de los costos e ingresos marginales de las empresas. Si así fuera, el nuevo impuesto acarrearía una pérdida sustancial del capital de los accionistas, puesto que las empresas no tendrían campo adicional para subir utilidades aumentando sus precios.



A mi modo de ver, el acuerdo probablemente mejoró la condición de las empresas. Al fin de cuentas, para las empresas las pérdidas esperadas por gastos legales y compensaciones a demandantes es aparentemente superior a los "impuestos" acordados. Sería poco probable que las empresas se equivocaran en esta percepción, la cual, por cierto, está confirmada por el aumento registrado por los precios de las acciones de empresas tabacaleras ante la expectativa de un acuerdo. Finalmente, el negocio de los cigarrillos sigue sostenido por una vigorosa demanda internacional por el producto, incluyendo los muchos países donde las empresas encuentran un ambiente regulatorio más favorable, y por una estructura industrial cartelizada con el dominio de tres empresas que cubren el 90% de la demanda. Por ejemplo, en Colombia, como en muchos otros países donde la mayoría de las ventas de cigarrillos americanos es de contrabando, las utilidades derivadas para las empresas extranjeras no están amenazadas. En los mismos Estados Unidos, el consumo de cigarrillos seguirá constituyendo una base firme para la supervivencia de las empresas. En resumen, después de sumados todos sus elementos, el ruidoso acuerdo entre empresas, gobiernos estatales y los grupos de presión contra el consumo de cigarrillos, concluye un juego donde probablemente ganaron los gobiernos y las empresas y perdieron los fumadores, quienes ahora tendrán que pagar más y podrán demandar menos.
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