Opinión

  • | 2007/03/02 00:00

    ¿Hasta dónde?

    Es evidente que no se podrá llegar ni a la sanción debida (justicia), ni a la reparación debida. Queda entonces la inquietud sobre lo que concierne a 'la verdad', y sobre qué sería lo deseable dentro de lo posible.

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La pregunta que se hace la mayoría de los colombianos es: ¿hasta dónde llegará el proceso de la parapolítica? Pienso que la pregunta pertinente es: ¿hasta dónde debería llegar?

Ante todo (y sin siquiera preguntar de dónde sacan los uribistas que a la 'seguridad democrática' se debe la actuación de la Corte) hay una realidad evidente —desfigurada por la habilidosa presentación del gobierno y sus comunicadores—, y es que los procesos que se siguen son prácticamente simbólicos puesto que ni las normas que se promulgaron tienen por propósito que en verdad se cumplan, ni habría la capacidad física de hacerlas cumplir.

Eso pasa con los juicios de la ley de Justicia y Paz, puesto que de los 30.000 'desmovilizados' solo algo más de 2.000 serían 'judicializables', de ellos solo 59 jefes han sido vinculados a procesos, y hoy con casi 3 años de vigencia de la ley solo uno (Mancuso) ha cumplido lo que no es sino la etapa de la 'versión libre', la cual es apenas parte de las previas de la Fiscalía (es decir, faltarían indagatorias, alegatos, llamado a juicio y todo el juicio); como bien lo explicó el Fiscal, armar un expediente donde se debe estudiar el reclamo de miles de víctimas no es posible dentro de los plazos estipulados. O con las posibles sentencias, cuando la pena para los comandantes sería, según la interpretación más exigente, dos años más de prisión, y según la más aceptada no alcanzarían ni siquiera a salir los fallos cuando ya tendrían derecho a la libertad (si vale el tiempo desde que se 'entregaron' en Santa Fe de Ralito y si se acepta la reducción por buena conducta, tendrían ya en pocos meses la pena cumplida). O con la 'reinserción', donde su fracaso ha llevado a proliferar la delincuencia y los problemas en los sitios donde se ha buscado reubicarlos, excepto en Medellín, donde el programa 'exitoso' consiste en que mientras ellos han recibido durante 2 años unas 'ayudas mensuales' superiores al ingreso del 95% de los colombianos, sus víctimas —es decir, los desplazados— con dificultad tienen acceso a una comida diaria en las cocinas comunales. O con la prometida reparación a esas víctimas, donde el presupuesto para los casos ya conocidos, al calcularse por la metodología de la Corte Interamericana, superaría los US$8.000 millones ($20 millones de millones), mientras las expropiaciones a Mancuso (siendo uno de los grandes capos, y no solo del paramilitarismo sino aparentemente con otras conexiones) no llegan a la mitad de la milésima parte de eso. O con la cuasi caricatura de convocatoria pública para escoger dos equipos de tres profesionales que deberán estudiar la forma de reparación a los tres millones de colombianos que sufrieron esta violencia y tendrán por misión "desarrollar un diagnóstico sobre la situación de vulnerabilidad, situación socioeconómica y política de las comunidades que fueron víctimas de grupos armados en casos focalizados en los departamentos de Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Magdalena, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo, Santander y Antioquia", con la obligación (entre otros 21 puntos) de "caracterizar la situación socioeconómica de la población a fin de determinar su nivel de vida, esto incluye un análisis de información estadística discriminada en relación con el número de pobladores, dependencia económica, composición sectorial y generacional, étnica y grado de escolaridad".

De lo anterior es evidente que no se podrá llegar ni a la sanción debida (justicia), ni a la reparación debida. Queda entonces la inquietud sobre lo que concierne a 'la verdad', y sobre qué sería lo deseable dentro de lo posible.

Debido a la inquietud que produce en el mundo esa situación colombiana, el gobierno sueco —principal interesado y defensor de los Derechos Humanos— consideró importante adelantar un estudio científico del impacto político del fenómeno paramilitar, y para ello hizo un convenio con la Fundación Arco Iris. No se trata de un trabajo o un escrito de León Valencia para atacar al gobierno. Él fue solo el coordinador de un grupo, conformado por profesores e investigadores de varias universidades colombianas, el cual se ciñó a una metodología eminentemente académica. Siendo el objetivo estudiar el crecimiento del paramilitarismo como poder político, los pasos fueron bastante elementales:

1. Detectar los sitios donde hubo cambios drásticos en la composición tradicional de los resultados electorales, bien sea en cuanto a personas o a nuevos partidos.

2. Comparar esos cambios con la presencia de paramilitarismo en esos sitios. Los resultados son contundentes en cuanto a la fuerte correlación que aparece entre uno y otro. Los casos más conocidos, como los de Eleonora Pineda y Rocío Arias que se convirtieron en voceras oficiosas de esos grupos, tenderían a probar que hay algo más que una simple y extraña coincidencia. Las cifras del porcentaje de miembros elegidos —de 30% que decía Mancuso y de 30% en 2002 y 32% en 2006 que encuentra el estudio—, y el hecho de que varios de ellos son los llamados a juicio, también tenderían a ratificar esa relación, aunque, como bien lo enfatizan, no todos los casos tienen la misma explicación, ni en algún juicio sería esto prueba judicial suficiente. Pero es que no es ese el fin del estudio, como tampoco lo es el de servir propósitos electorales; su destino es ayudar a entender hasta dónde hemos vivido ese proceso de paramilitarización, y hasta dónde se requiere un 'acto de contrición y propósito de enmienda' en el campo de la Política —así, con P mayúscula— para corregir un mal de la sociedad y no limitarlo a 'casos personales'.

Si respecto a los actores directos de las actividades paramilitares es difícil precisar casos y responsabilidades, más lo es respecto a los beneficiarios; pero es claro que quienes contaron con el respaldo y la votación que ellos les consiguieron, no podían decir que fue a pesar de ellos, o que no sabían que el paramilitarismo era sinónimo de matanzas, motosierras, fosas comunes, desplazamientos forzados, etc. Porque hay diferentes visiones en cuanto al grado de culpabilidad al aceptar esos apoyos, pero nadie puede negar que tenían plena conciencia de que, gracias a ello, llegaban al poder. Es decir, el objetivo de llegar al poder fue el lugar común de todo lo que hoy llamamos la parapolítica, y si es eso lo que queremos corregir es en ese campo donde se debe empezar. Mal se puede hablar de que no hay sino que castigar a las personas, pero que nada debe afectar la estructura política de poder así nacida o a quienes de ella se benefician. Si los votos que subieron a los hoy enjuiciados son viciados, lo deben ser para todo, para sus suplentes, para las listas a las cuales pertenecían, para la elección y reelección del Presidente, para los nombramientos que nacen de esas cuotas, y, en sentido contrario a la lógica del Presidente cuando pide a sus seguidores en el Congreso que mientras los meten a la cárcel voten sus propuestas, también deberían ser cobijadas las normas que por medio de los elegidos por esos votos lograron concretar los objetivos que así se buscaron, como la Ley de Justicia y Paz o la reforma para permitir la reelección.
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