Opinión

  • | 2005/04/29 00:00

    ¿Hasta dónde?

    Un proceso de insensibilización ha llevado a que nos acostumbremos a descaradas violaciones de las normas vigentes por parte del Ejecutivo.

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Nada más evidente que la forma en que los colombianos vamos perdiendo la capacidad de asombro y sobre todo de reacción. Mucho se repite esto respecto a la barbarie que todos los días nos azota, pero esto es aún más cierto respecto a la 'masacre' que ha venido cometiendo el gobierno nacional contra la institucionalidad.

Cobra actualidad el tema ante los debates desarrollados en el Congreso alrededor de la mal llamada 'Ley de Justicia y Paz'.

Un proceso de insensibilización ha llevado a que nos acostumbremos a descaradas violaciones de las normas vigentes por parte del Ejecutivo: puede ser algo tan marginal como el caso del nombramiento del gobernador de Casanare, al no cumplir la norma que dice que el Presidente debe escogerlo de una terna que presente el partido al cual pertenecía el titular; o algo más central como designar como Ministro Delegatario con funciones presidenciales a alguien impedido para serlo, como es el caso del doctor Sabas Pretelt, quien es y se reconoce como miembro conspicuo del Partido Conservador, mientras la Constitución ordena que quien ejerza ese cargo sea del mismo partido que el titular a quien reemplaza (¿se salió Sabas del Conservatismo o se afilió Uribe oficialmente a él?).

La nula reacción ante este tipo de violaciones ha permitido que, en forma aún más desafiante, propongan abiertamente desconocer regímenes de mayor jerarquía como las normas constitucionales o incluso las 'Leyes de la Humanidad'.

En el primer caso fue suficientemente comentado el exabrupto del doctor Mario Uribe al proponer saltarse el fallo que pueda producir la Corte Constitucional e inscribir al doctor Uribe como candidato, para imponerlo por encima del orden que nos rige, a las buenas o a las malas.

Pero respecto a lo segundo no produjo casi impacto el planteamiento del Ministro de Comercio Exterior según el cual:

"En síntesis, el derecho internacional, y probablemente también la propia Constitución Política, condenan al gobernante a quien se presenta la gravísima situación que he descrito a la inmovilidad. Al enfrentar el dilema entre dos males, el de torturar a un individuo (.), o permitir que ocurra un genocidio, tiene que escoger el peor (.).

"Esta solución, sin embargo, arremete contra un sentimiento ético elemental que nos dice que entre el bien y el mal debemos escoger el bien, pero que, si no hay otra alternativa, frente a dos males hay que escoger el menor. Michael Ignatieff, distinguido profesor de la Universidad de Harvard, ha escrito un libro que se ocupa de estos problemas.

"En su opinión, para evitar el mal supremo consistente en la destrucción de una sociedad democrática puede ser legítimo violar ciertos derechos individuales (...)

"En un mundo amenazado por el terrorismo estos debates son relevantes. En cualquier momento lo que es mera conjetura puede volverse ominosa realidad".



Es ni más ni menos que legitimar la tortura como 'el menor de dos males'. Parece responder a la exitosa táctica del gobierno de 'soltar' como 'opiniones personales' que no ameritan que se den pronunciamientos oficiales al respecto aquellas ideas que sabe producirán rechazo, y así poco a poco volverlas aceptables para cuando las convierta en acciones de gobierno. (Esta 'propuesta' apareció en El Colombiano pero también en la página de divulgación del Ministerio).

Dentro de la misma línea, pero yendo más allá, ha intentado el gobierno crear leyes para 'engañar' las jurisdicciones existentes, como la Ley en comento.

Hay tres naturalezas de delitos: los comunes y los políticos que afectan solo el orden interno; y aquellos contra la humanidad, codificados hoy en el Estatuto de Roma o Corte Penal Internacional.

Por lo que supone ser la condición del delito político -en el sentido de motivado en una propuesta política que busca el bien general-, este goza de cierta 'comprensión' acorde con sus particularidades, como reconocerlo como amnistiable e indultable, o excluirlo de la posibilidad de extradición. En el extremo opuesto, los crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad no pueden ser sujeto de laxitud alguna y por eso se creó la jurisdicción internacional con el propósito de que no fuera atribución de un país y menos de un gobierno llegar a justificarlos.

Por la vía de la conexidad -al convertir delitos comunes en políticos-, se busca cumplir el propósito de legitimar el paramilitarismo y legalizar los resultados que lograron -tanto políticos como económicos-. Y por la vía de la 'alternatividad', se intenta hacerle el esguince al castigo a los crímenes de lesa humanidad, dándoles también el tratamiento de 'políticos'. Adicional a eso, a pesar de ser tratado el narcotráfico según lo decidió Estados Unidos como delito de categoría especial (al punto de manejarlo como más grave que decapitar niños o hacer picadillos humanos con motosierra), con el 'mico' propuesto lograrían protegerse de la extradición quienes podrían ser criminales en ese campo.

Estando vigente el Tratado de Viena, por medio del cual se declara que el delito de narcotráfico será extraditable, y prohibiendo nuestra Constitución la extradición por delitos políticos, a nadie escapa que producirá toda clase de problemas una ley que pretende dar al tráfico de drogas el tratamiento de sedición. Otro tanto sucede con la proporcionalidad que exigen los estándares internacionales para castigar los crímenes atroces y una legislación que daría como pena máxima cinco años en recintos particulares o granjas agrícolas.

El mal manejo de estos temas -entre los cuales se debe incluir la negación de la existencia de conflicto armado y mediante ello desconocer la obligación de procurar acuerdos humanitarios- es consecuencia de la visión directora del proceso que ha decidido que el acuerdo con un sector de los delincuentes es lo esencial, y que las objeciones de los sectores políticos, sociales e internacionales no alineados con el uribismo no merecen ser tenidos en cuenta. Como lo dijo el senador Rodrigo Rivera, el gobierno ha considerado más importante entenderse con los paramilitares que con quienquiera, colombiano o no, persona o institución, que no esté de acuerdo con sus políticas.

Nadie está en contra de la paz y muy pocos no aceptan que para alcanzarla algo hay que ceder en la rigidez de aplicación de la Justicia. Pero eso se puede y se debe hacer dentro de los marcos establecidos y aceptados consensualmente, y en forma clara y limpia. Sin definir previamente las leyes dentro de las cuales se actúa y sin hacer claridad sobre el resultado que se espera lograr, no solo no se llega a ninguna parte, sino que se generan suspicacias de toda clase y se deslegitima cualquier buena intención que pudiera existir.

Por eso hoy tanto esa Ley como el 'proceso de Paz' son cuestionados nacional e internacionalmente, desde los sectores más izquierdistas hasta los más conservadores, desde el gobierno estadounidense hasta la ONU, desde la oposición hasta su propia bancada, desde los supuestos beneficiarios en Ralito hasta sus enemigos de la guerrilla.

La pregunta es ¿hasta dónde los parlamentarios partidarios del doctor Uribe van a respaldarlo independientemente del contenido de sus propuestas y de sus políticas?
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