Opinión

  • | 2010/11/12 12:00

    ¿Hacia un nuevo paradigma de desarrollo?

    Los resultados de Nagoya son una gran oportunidad para convertir a las locomotoras propuestas por el Gobierno en garantes de la sostenibilidad del patrimonio natural del país.

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Casi inadvertida pasó la reciente Cumbre de Biodiversidad en Nagoya. Sin embargo, en ella se logró un avance muy importante para reducir la dramática pérdida de biodiversidad del planeta y adelantar acciones urgentes para salvar y restaurar la naturaleza. Además, se acordó un Protocolo sobre Acceso y Distribución de Beneficios de los Recursos Genéticos, e igualmente se definieron importantes recursos para poner en marcha los acuerdos alcanzados. Una gran noticia para Colombia y los demás países ricos en biodiversidad, y a la vez una oportunidad para repensar el actual modelo de desarrollo.

El informe "Latinoamérica y el Caribe, un Superpoder en Biodiversidad", preparado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -Pnud- y divulgado durante la Cumbre de Japón, afirma que el capital natural que poseen los países megadiversos es su mayor patrimonio y recurso estratégico para el crecimiento económico y la erradicación de la pobreza. Es a su vez el potencial que permitirá convertirlos en líderes mundiales y proveedores de todos aquellos servicios y productos que ofrecen los ecosistemas y la biodiversidad. Además, invita a transformar el modelo tradicional de desarrollo por un nuevo paradigma que reconozca el valor de los servicios ambientales que proveen a la sociedad y a la economía los ecosistemas sanos y en pleno funcionamiento.

Sin embargo, para que esto sea una realidad es necesario entender la importancia de la biodiversidad y los múltiples servicios y productos que esta ofrece, tales como el agua, la polinización de los cultivos, las pesquerías, medicinas, cosméticos, recreación, fibras y maderas, así como diversidad genética, entre otros. También sobre su contribución a la reducción de emisiones que genera el calentamiento global, el mantenimiento de la calidad y fertilidad de los suelos, el control a la erosión, la regulación de los caudales hídricos y la mitigación de desastres naturales, entre muchos otros atributos. Igualmente, las comunidades rurales, indígenas y campesinas obtienen su sustento primario de la biodiversidad. Si miramos todos estos servicios y productos en conjunto, el aporte económico a los procesos de desarrollo y calidad de vida de la población supera con creces aquel de cualquier otro sector económico, por importante que este sea.

La tragedia es que al no ser conscientes de estas realidades, tampoco incorporamos en las cuentas nacionales el valor de todos estos beneficios. Asumimos que el patrimonio ambiental es infinito y por lo tanto podemos acceder a él sin ningún tipo de costo. Esto conlleva su destrucción. En la actualidad, los beneficios de la explotación de los recursos naturales, por lo general, son de carácter privado, en tanto los costos del deterioro ambiental son colectivos, algo que se siente particularmente a nivel local. Otro de los problemas es que, tanto los agentes privados como los decisores políticos perciben, de manera cortoplacista, que los beneficios de la utilización de los recursos naturales son mayores que los costos. Se dejan así de lado las implicaciones que este tipo de aproximación tiene en el largo plazo.

La buena noticia es que Colombia, como ya es bien conocido, cuenta con un poco más del 10% de la diversidad biológica del planeta y más de la mitad de su territorio está cubierto aún por bosques. Sin lugar a dudas, este es el principal factor diferenciador del país para la competitividad e innovación. Muchos de sus ecosistemas aún gozan de buena salud, en tanto otros requieren de una especial atención para poder garantizar, con visión futurista, los servicios ambientales para la sostenibilidad de los procesos de desarrollo, la seguridad alimentaria y el bienestar de todos los colombianos. Los resultados de Nagoya y la actual crisis de biodiversidad a nivel mundial son una gran oportunidad para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, basado en una planeación estratégica, donde las locomotoras para el desarrollo propuestas por el gobierno nacional sean, no solo beneficiarias, sino también garantes de la sostenibilidad del extraordinario patrimonio natural con que cuenta nuestro país. Un equilibrio sano para lograr acuerdos nacionales, garantizar los derechos humanos y la prosperidad democrática.

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