El presidente Zelaya proponía una consulta para ver si los ciudadanos deseaban unas reformas a la Constitución por vía de una Asamblea Constituyente. La fecha sería la misma de la elección del nuevo Presidente. Aparece de bulto que no se decidiría sobre su reelección, excepto si a él, con el argumento del 'Estado de Opinión' (el cual no se había planteado hasta ese momento), se le ocurriera desconocer el Estado de Derecho y se negara a entregar el poder.

De todas maneras, la versión y justificación de los golpistas pierde validez si, como lo aseguran quienes tomaron el poder, las mayorías estaban en contra de esto. De ser así, no se requería la acción de las armas para llegar al mismo resultado que hubieran producido la justicia y/o los electores. No hay duda ni discusión sobre que fue un golpe derechista para derrotar un gobierno que tendía a la izquierda (se alineaba con Chávez, Correa, Morales, etc.; subió el salario mínimo, etc.).

Se sabe, además, que existe un contexto geopolítico en relación a Centro y Suramérica donde Chávez está intentando impulsar una 'revolución bolivariana' que consiste en conformar un bloque buscando independizar toda la región de la tutela que secularmente ha tenido de Estados Unidos; y que, por supuesto como reacción normal, los Gobiernos americanos no gustan de eso y ven por lo tanto tal propuesta como inaceptable para ellos y a Chávez como un enemigo de su país. No está de por medio un peligro terrorista contra ellos y menos un ataque de Venezuela, pero sí se altera su capacidad de control sobre la región y sobre el mundo. Chávez, a su turno, sabe que esto es así y tuvo la confirmación cuando le dieron el golpe de Estado y, a menos que fuera muy torpe (cosa que ha demostrado que no es), buscaría moverse alrededor de este marco. Dentro de esta temática, Honduras juega un papel más importante que el que le dan sus problemas internos pues es el país más cercano y más dependiente de Estados Unidos en Centroamérica.

Lo nuevo que aporta el articulista es destacar que por esa última razón existe en esa nación la única base aérea americana en la región (Soto Cano en Palmerola), que fue la que por sus características pudo atender la crisis cuando el huracán Mitch, pero también el centro de operaciones contra la insurgencia en El Salvador y los sandinistas en Nicaragua, llegando a albergar hasta 5.000 americanos (500 hoy).

El tratado base para esa concesión fue firmado en 1957 y después de una vigencia de 51 años, en octubre de 2008, Zelaya empezó las negociaciones para disponer de estas instalaciones y sustituir así el viejo aeropuerto Tocontín, calificado ya de demasiado peligroso y con especificaciones muy inferiores a este.

Algo de tire y afloje hubo, al punto que Zelaya tuvo que llegar a declarar: "Honduras tiene toda la soberanía, derecho, libertad y propiedad para tomar acciones que así lo considere convenientes en Palmerola", mientras el Embajador americano decía: "Honduras puede utilizar la base para la llegada de aviones comerciales cuando lo estime conveniente... pero hay que seguir ciertos acuerdos y protocolos".

Pero el verdadero obstáculo era la falta de recursos propios para hacer la transformación del aeropuerto, hasta que se ofreció la financiación por parte de una filial de PDVSA (la petrolera venezolana) y otra empresa bajo el poder de Chávez. Esto implicaría la pérdida de la base y la consolidación del Alba (proyecto bolivariano de Chávez) en contra de los intereses americanos. El 11 de junio, Zelaya anuncia que a partir del 2 de agosto comenzarían operaciones comerciales en Palmerola. El 23 de junio se da el golpe.

Esto respecto al golpe. En cuanto a Colombia: con la devolución de Manta y Palmerola, Estados Unidos quedaría sin ninguna base en Centro o Suramérica. En el mismo momento en que el Gobierno americano -o más exactamente las estructuras militares y de inteligencia americanas- pierden estos puntos de apoyo, el presidente de Colombia le otorga algunas bases (primero tres, después cinco y ahora parece que siete) sin trámite legal alguno, ni información al Congreso, a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores o al Consejo de Estado. La garantía de que esto no se reverse depende de la continuidad de las políticas del Gobierno actual. No se sabe la contraprestación que por esto recibe el Gobierno.

No cabe duda que, tanto respecto a tal determinación como a la ocasión de divulgarla, fue algo en lo que tuvo más poder decisorio el gobierno americano que el colombiano.

Porque sería iluso no tener en cuenta que dentro de este enfrentamiento geopolítico nosotros apenas jugamos un papel de peón en el tablero americano. Parece probable que así lo entienda Chávez y por eso no se desgasta cayendo en la trampa de agrandar el problema con Colombia -que por supuesto para ellos no lo determina la relación con las Farc- y por eso restablece al embajador y prefiere dar la pelea en Unasur.

Uribe, por el contrario, parece que no comprende ese contexto que va más allá de nuestro conflicto interno, si de verdad asume que las presencia de las fuerzas americanas en esas bases tiene por único propósito ayudarnos generosamente a combatir a las Farc y a detener el tráfico de drogas. Lo que puede ser peor y más probable, es que le da más importancia a la obsesión personal de 'matar la culebra' que a todo lo que puede afectar a los colombianos y, al igual que subordina a ello la atención a los problemas sociales, también relega a un segundo plano las consecuencias que pueden traer las malas relaciones con los vecinos; por eso, no pudiendo imponer a Ecuador y Venezuela que participen de la misma guerra y la asuman como política interna de sus países, aprovecha esa relación conflictiva entre los países 'izquierdistas' del continente y los Estados Unidos para conseguir apoyo para su propia guerra.

Con esa jugada mata dos pájaros de un tiro, pues, por un lado, siendo la guerra a las Farc la que lo mantiene en el poder, entre más dimensión le dé al conflicto más se afianza en el cargo y, por el otro, compromete a los americanos con lo que ya parece un inminente 'golpe de Estado inteligente', ya que él se convierte en la verdadera garantía de que el otorgamiento inconsulto e ilegal de esa concesión no se reverse.

Y la posibilidad de que las fuerzas armadas opten por la defensa del Estado de Derecho por sobre el 'Estado de Opinión' se minimiza cuando se eleva a su comandante al rango de General de Cuatro Soles, el cual no existe en el escalafón institucional -había sido inventado por Rojas Pinilla ya bajo la dictadura- y, si existiera, requeriría, como todos los ascensos, el concepto del Estado Mayor y la aprobación del Congreso.

Es posible que el escrito aquí mencionado sea demasiado antigringo y que relacionarlo con lo que pasa en Colombia signifique ser demasiado prevenido… pero comparto su contenido con los lectores, les presento las inquietudes que despierta y dejo a su gusto las especulaciones y/o deducciones que se puedan sacar.