Opinión

  • | 2010/09/17 00:00

    Gobernantes y legisladores

    Lo grave es que pareciera consensualmente aceptado que aquí no se eligen administradores sino reformadores; que no se legisla desde el Congreso sino que allí la función es tramitar lo que el elegido propone.

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A base de capitalizar todo lo que existía en contra del gobierno anterior, Juan Manuel Santos ha logrado el respaldo más alto del que se tenga registro.

En parte por el estilo, cambiando la polarización por la unidad, lo pendenciero por lo conciliador, lo pantallero por lo reservado del jugador de póker. Pero ha ganado aún más con las modificaciones a las políticas: acercarse a la Cortes; desactivar la confrontación con Venezuela; poner patas arriba el AIS ('subsidiar a los pobres, no a los ricos'); dialogar con la oposición; reversar las fusiones de Ministerios; modificar el presupuesto; impulsar la ley de víctimas; retirar el proyecto de adscribir la Fiscalía a la Presidencia, etcétera.

No se puede negar que es continuista de la guerra a las FARC; o sea, de lo que el Dr. Uribe entendió como único mandato; pero el hecho paralelo es que durante 8 años no hubo en la dirección del país sino la voluntad de un mandamás -ni modelo, ni políticas, ni orientación teórica, ni verdadero gabinete capacitado y trabajando en conjunto, ni visión de futuro diferente de 'terminar con la culebra'-. Y parte de la popularidad del recién posesionado presidente es por subsanar esa ausencia al presentar las reformas a la salud, a las regalías, a la Justicia, al régimen territorial, al primer empleo, la Ley de víctimas, etc.

Es de anotar, sin embargo, que como lo mencionó el presidente del Congreso -Armando Benedetti- hasta ahora ha sido una especie de memorial de agravios donde se proponen todas las posibles reformas pero aún no llegan al Congreso.

Teniendo en cuenta que, por otra parte, van presentados para esta legislatura 167 proyectos de leyes y 19 propuestas de Actos Legislativos (o sea, reformas a la Constitución) puede que tenga algo de razón el doctor Benedetti al decir que si no llegan pronto sería algo parecido a un simple 'populismo legislativo' por parte del Gobierno.

Es evidente que mucho de todo este paquete de leyes y reformas tendrá que diferirse, y que en muchos casos los recursos o la falta de ellos no permitirán cumplir a cabalidad lo que en este momento tanto entusiasmo produce. Pero, como dice el proverbio chino, 'una caminata de cien kilómetros siempre comienza con un pequeño paso' (en este caso pareciera un gran paso).

Ahora bien: es verdad que el nuevo gobierno se enfrenta con que es necesario recomponer la desinstitucionalización creada en los dos cuatrienios anteriores; que toca también subsanar lo que debió hacerse durante esos ocho años y no se hizo; y que se deberá o debería intentar ajustar, así sea parcialmente, alguna de las múltiples falencias y distorsiones que venimos arrastrando desde mucho tiempo antes. Pero a la rama ejecutiva del poder público lo que específicamente le corresponde no es legislar sino administrar la estructura del Estado.

De tiempo acá -y cada vez con más intensidad- nos hemos acostumbrado a una especie de sistema político que va mucho más allá del presidencialismo tradicional y que se podría calificar como la antípoda del sistema parlamentario.

En este último, el gobierno nace de la conformación del parlamento. Las alianzas de las bancadas determinan quién será el primer ministro y cuál el gabinete, y en consecuencia se puede decir que es el Congreso (o Parlamento) quien dirige los destinos del país a través del equipo que nace de su seno. Por eso siempre hay coincidencia, no solo entre las mayorías parlamentarias y el poder ejecutivo, sino en la orientación política y las medidas que conjuntamente se implementan. Más que alrededor de una división de poderes tripartita, el funcionamiento del Estado gira alrededor del sistema gobierno-oposición, donde ésta controla y es la alternativa al poder vigente. Justamente cuando las mayorías parlamentarias dejan de respaldar al gobernante o sus propuestas, es cuando termina su mandato y se hacen nuevas elecciones.

El sistema presidencial se rige más por el esquema de Montesquieu. El primer mandatario -es decir, la cabeza del poder ejecutivo- es elegido directamente para ser administrador del sistema de instituciones y leyes. Parte de su programa para ser elegido puede incluir, además de la orientación política, las reformas estructurales necesarias para poder desarrollarla. Por eso, siempre se contempla la posibilidad -y, en algunos casos, la obligatoriedad- de iniciativas legislativas. Pero la separación de poderes le atribuye es al Congreso la responsabilidad de la legislación, y con más razón la de reformas constitucionales.

Lo grave es que pareciera consensualmente aceptado que aquí no se eligen administradores sino reformadores; que no se legisla desde el Congreso sino que allí la función es tramitar lo que el elegido propone; y que contrariamente al sistema parlamentario, la oposición desaparece y la presidencia dirige al país por medio del Parlamento, haciendo expedir leyes que tienen en la práctica casi nivel de actos administrativos. En otras palabras aquí se entiende que la responsabilidad de un presidente es gobernar con leyes y reformas.

Un vicio nacional es que se administra tanto con la ley, que llegamos a extremos anecdóticos -pero representativos- como la reciente ley que prohíbe vender cigarrillos por unidades. Difícil entender que se haya requerido incluso un fallo de constitucionalidad para ese tema. Más si se piensa en qué se puede sustentar para que sea necesidad legal o, lo que es peor, cómo se pretende que se podrá implementar. En un país donde más de 2,5 millones de personas son desempleados y que con los informales o subempleados se completan 10 millones, el prohibir a quienes no pueden comprar sino uno a uno eso que para ellos representa probablemente uno de sus pocos placeres, y para otros una de sus principales fuentes de ingreso, y convertir eso en un delito, es casi una violación a los derechos humanos. No se diga el absurdo de cómo se perseguirían o cómo y dónde se castigarían esos 'delincuentes'.

El desbarajuste se completa cuando la rama ejecutiva cuestiona la aplicación de la ley por la Rama Judicial. Los Alcaldes, Ministros, altos militares y hasta el Presidente opinan sobre la forma en que se pronuncian las autoridades judiciales, pero no sobre la base de si están cumpliendo lo que la ley dice, sino de que a su juicio 'eso no debería ser así': ¿que por qué se liberan peligrosos y conocidos delincuentes 'porque el procedimiento fue mal ejecutado'? ¿Que por qué se les da la casa por cárcel o se les permiten salidas temporales? ¿Que por qué sentencias de tutela pueden tumbar sentencias de las Altas Cortes? ¿Que por qué la Corte Constitucional 'modula' o decide sin conocimientos técnicos sobre los temas? El punto de referencia no es si ello está de acuerdo a la ley, sino si no debería seguirse lo que esos funcionarios -y la ciudadanía guiada por los medios de comunicación-consideran que debería ser.

Bien haría el presidente Santos en reversar la tendencia de los gobernantes a no reconocer los linderos de su mandato y a buscar un poder de autócratas al interferir e intentar acaparar influencia en todos los organismos del Estado.

El abstenerse de guiños, de visitas a las Cortes, de repartir papelitos de colores en las votaciones del Congreso, y en general en dar ejemplo de 'cada cual en lo suyo' sería la mejor contribución que el Dr. Santos podría dar a la reinstitucionalización del país.

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