Opinión

  • | 2010/08/20 00:00

    Época de los balances

    El legado más marcado y más grave de Álvaro Uribe es el de la radicalización de las visiones enfrentadas, que lleva a calificar a quien no piensa igual a uno como enemigo y como corrupto.

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La época de los balances y los conversatorios sobre el legado de Uribe comienza a hacer ver con una mayor perspectiva lo que fue su Gobierno.

Una vez asimilado el hecho de que la 'era Uribe' terminó, y superada la etapa de enfrentar a todo aquel que algo cuestiona, se empieza a hablar en pasado para evaluar lo que deja y analizar lo que se hizo o no se hizo.

Sobre algunos puntos hay acuerdo:

Que el balance social es negativo -y altamente negativo- pocos lo discuten. Caos y frustración en el sistema de salud, avances en el de educación, pero desatención y deterioro en lo que respecta a sectores marginados. Tampoco hay quienes nieguen el fracaso en infraestructura o el atraso del campo.

Que bajo ese mandato aumentó la inversión extranjera no hay duda; aunque al tener en cuenta que el grueso de ella es minería -petróleo, carbón, níquel y oro- no es necesariamente cierto que sea debido a la confianza en el país sino por ser aquí que se encuentran esos recursos no renovables (por el contrario, tocó vencer la desconfianza con atractivos como la baja de regalías -en algunos casos las menores del mundo-, los 'contratos de estabilidad', etc.). Que se puso en la agenda pública el tema de la Seguridad, y que lo elevó al nivel de un valor preferencial (vale recordar que en los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa se le da igual jerarquía que a la Libertad misma). Sobre si esa Seguridad se consiguió y para quién se consiguió es otro debate, ya que entre el traslado de la inseguridad a las ciudades y la cantidad de víctimas de 'la guerra por la seguridad' (desplazados, desapariciones forzosas, falsos positivos, etc.) parecería que fue más la ciudadanía perjudicada que la beneficiada.

Que se aplicó una 'democracia participativa' con los consejos comunitarios, aunque esto contrastó con lo antidemocrático de los resultados económicos, con crecimientos de la riqueza de un lado y de la pobreza del otro.

Que se consiguió un respaldo excepcional del Gobierno Americano (o del Gobierno Bush) para las guerras internas contra el narcotráfico y la guerrilla, aunque a costa de un distanciamiento y aislamiento del resto del espectro internacional y con pésimas relaciones con los vecinos.

Que el país queda en un 'descuaderne' institucional que ni las palabras alcanzan para describirlo: un Congreso con más de la tercera parte enjuiciado; varios de los altos funcionarios -incluyendo algunos nombrados en puestos diplomáticos- sub judice; el organismo de seguridad del Estado -DAS- calificado por las Cortes como 'una empresa criminal'; las reformas constitucionales -en especial la de la reelección- pendientes de qué pasa en los fallos judiciales; el Presidente electo solicitado en extradición por el vecino; Magistrados de la Suprema Corte demandados a título personal por el Presidente saliente; y los hijos de este investigados por la Justicia colombiana. Y el desplazamiento, los falsos positivos, las desapariciones forzadas, las escuelas de descuartizar, los hornos crematorios, las fosas comunes, etc. que hacen que la declaratoria de que 'Colombia vive una catástrofe humanitaria' parece decir muy poco ante lo que es la realidad.

Que lo que Uribe deja es una gran expectativa -para algunos una gran esperanza- de cómo cambiará el país después de su gobierno.

El resumen, si nos guiamos por los discursos del nuevo Presidente y del Presidente del Congreso, es que como administrador dejó prácticamente todo por hacer, y que como estadista solo entrega relaciones y situaciones que se deberán recomponer. Limitó, sí, la capacidad de la guerrilla pero sin lograr su derrota total, y a costa de sustituir el objetivo de la paz por el de la victoria, olvidando que en conflictos internos la única victoria es la paz.

Lo que no se ha destacado tanto es en qué punto terminó su gobierno y qué sigue.

El ritmo frenético de las últimas decisiones dice mucho al respecto: las situaciones en salud, justicia, empleo, sistema carcelario, vías, etc. buscaron ser atendidas con estados de excepción, como si no fueran la culminación de 8 años de administración, o como si con solo expedir decretos para que otros respondan por ellos quedara absuelto de responsabilidad por el caos que esas emergencias expresan.

Estas incluyen la presentación al Congreso del proyecto de 'Ley de Regla Fiscal' después de haber aprovechado su inexistencia durante los 8 periodos del mandato; o la modificación a la Ley de regalías después de haber agotado el Faep.

El intento de adjudicar el tercer canal en contra de los conceptos y advertencias del Consejo de Estado y de la Procuraduría -es decir a las malas-, después de incumplir la ley que ordenaba hacerlo hace más de dos años.

Sin atender al control preventivo de la Procuraduría y con el cuestionable sistema de pasar por el Conpes como prioridades lo que en 8 años de gobierno (y de Ministerio) no se hizo por desidia, se apropian 'vigencias futuras', quitando al gobierno entrante la iniciativa que le correspondería para afrontar la lamentable situación en que queda el sistema vial (con el agravante de los juicios administrativos ya iniciados).

Cuando faltaban 11 días para dejar el cargo, existiendo una comisión de empalme y en contra de la intención manifestada por el gobierno entrante, se presenta sin consulta un proyecto de asignar la Fiscalía a la Presidencia.

Con un artificioso grito de guerra de 'Dignidad antes que Comercio' crea una confrontación cuasi-bélica con Venezuela, para dejar una situación creada, sin que se sepa con qué propósito, diferente de la pretensión de imponer su voluntad por encima de la de quien lo sucedería.

Por algo las prioridades fijadas por el nuevo mandatario: recomponer las relaciones internacionales; conciliación con las Altas Cortes; diálogo institucional con los partidos, incluyendo los de oposición; por boca del Ministro de Agricultura, poner el Agro Ingreso Seguro (AIS) patas abajo apoyando a los pobres en vez de a los ricos; el Ministro de Hacienda descarta las proyectadas enajenaciones de bienes del Estado -Isagen, Ecopetrol- ('no seguir vendiendo la nevera para pagar el mercado'), e informa que se revisarán las regalías y las exenciones tributarias; los Ministerios acabados bajo el mandato anterior se vuelven a establecer; la obsesión de guerra y más guerra se cambia por 'empleo, empleo y empleo'.

Sin embargo, el legado más marcado y más grave es el de la radicalización de las visiones enfrentadas, que lleva a calificar a quien no piensa igual a uno como enemigo y como corrupto. Sea de un bando o del otro (porque ya son bandos) se niega la posibilidad del simple error, se descarta la eventual convicción honesta o los matices que justifican un comportamiento. Por eso se acusa a los jueces de actuar por odio; o se pretende que haber recibido votos de la parapolítica equivale a ser solidarios y coautores de sus delitos de lesa humanidad; o a los funcionarios oficiales se les trata como profesionales del crimen.

Ojalá que la actitud y el estilo del nuevo Presidente se refleje en el resto de la población, y que tengamos en cuenta que la violencia y la 'corrupción' generalizada que invaden a Colombia no nacen de una maldición divina que nos hace 'malos' sino de las deficiencias de las instituciones y del orden social que nos rigen.

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