Opinión

  • | 2007/03/02 00:00

    Entre la prosperidad y el conflicto

    El carbón puede ser una redención económica para el país y para muchas regiones o, por el contrario, constituirse en factor de mayor conflicto e inequidad.

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La gravedad de las noticias de los últimos días en Colombia —nuevas revelaciones en el proceso 8.000, medida de aseguramiento de la Corte Suprema de Justicia a 8 nuevos congresistas por sus relaciones con los paramilitares, renuncia de la Ministra de Relaciones Exteriores afectada por esta situación y detención del ex director del DAS- opaca otros hechos de gran trascendencia. Uno de estos casos es la violenta protesta de los pobladores de la Jagua de Ibirico, Cesar, ante la crítica situación social y ambiental. Los violentos disturbios, en un departamento que se ha caracterizado por una fuerte incidencia de grupos paramilitares y guerrilleros, generaron el cierre de la vía que conecta la Costa con el interior del país, la destrucción y quema de la estación de Policía con patrullas y motos incluidas, el asesinato del conductor de una tractomula y numerosos policías y manifestantes heridos. La razón: los impactos de la minería del carbón.

Días antes, la revista Dinero realizó un completo informe sobre la importancia del carbón en la economía y sus desafíos futuros. En él se muestra cómo hoy es el segundo renglón de exportación del país, por encima del café, y tercer generador de divisas después del petróleo y de las remesas que envían desde el exterior nuestros compatriotas. Igualmente es el principal generador de regalías en la industria minera con una participación del 76,7%. Cifras que obedecen a la gran demanda mundial de fuentes energéticas. Las proyecciones de crecimiento del mercado a 2015 se estiman en 44%, lo cual también explica que cerca del 30% de la inversión extranjera directa vaya a ese sector.

Sin embargo, el descontento de la población de la Jagua muestra que los beneficios no les están llegando y, por el contrario, el deterioro de la calidad de vida y su medio ambiente por la explotación de cerca de 30 millones de toneladas anuales de carbón es lo único que ellos perciben. Entonces, ¿para qué el carbón?

En seis años, el municipio recibió más de $100.000 millones y este es el momento en que la población no tiene agua potable. Sus tres últimos alcaldes están presos o son prófugos de la justicia por casos de corrupción. Ambientalmente, se presentan serios problemas. El polvillo del carbón excede los límites permisibles y la afectación de la salud en las poblaciones más vulnerables —niños y ancianos— es una realidad, como lo demuestran las cifras de las autoridades de salud. Muchas fuentes de agua han desaparecido. Bien vale la pena preguntarse dónde han estado las autoridades ambientales, puesto que es evidente el incumplimiento de algunas empresas en esta materia. Incluso, Drummond ha sido multada, pero todo sigue igual. También es válido preguntarse ¿dónde están los entes de control? ¿Cómo es posible que se hayan robado las regalías? Las vías están despedazadas por el peso y frecuencia de los camiones y los accidentes de tránsito dejan muchos muertos. Es tal la situación, que ha sido necesaria una revuelta popular para la intervención presidencial.

El Presidente ha sido enfático sobre el cumplimiento estricto de la normatividad ambiental y ha ordenado al Ministerio poner su puesto de mando en la Jagua y asumir las funciones de Corpocesar. Ya era hora. Ha abierto un espacio para el diálogo entre gobierno, empresas y comunidad, buscando restablecer la confianza perdida, además de una veeduría ciudadana para el descongelamiento e inversión de las regalías. Es un primer paso fundamental pero no suficiente.

El carbón puede ser una redención económica para el país y para muchas regiones o, por el contrario, constituirse en factor de mayor conflicto e inequidad. Como fuente de riqueza y recurso natural no renovable no es infinito y exige visión y políticas globales de largo plazo para sembrar sus beneficios y garantizar el futuro. Por su importancia para la economía es imperativo hacer los correctivos necesarios a partir de un plan minero que garantice, ante todo, la sostenibilidad regional y la calidad de vida de sus habitantes, algo que el gobierno debe asegurar y en lo cual también deben estar comprometidos los empresarios.
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