Opinión

  • | 2010/03/19 00:00

    Empresarios contra la ciudadanía

    El peor ejemplo de cómo algunos empresarios no tienen la más mínima conciencia de responsabilidad social, es el del paro de transporte en Bogotá.

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Más allá de la inmensa debilidad de la administración distrital y la forma desacertada con que se manejó el paro de transporte, la experiencia vivida en Bogotá entre el primero y el cinco de marzo no solo fue traumática e inmensamente costosa, sino que se trató del más triste ejemplo de cómo un grupo de empresarios, con tal de obtener algunos resultados económicos, es capaz de afectar a la ciudad, a la economía, a la ciudadanía, que es su clientela, y no importa a quién más.

No solo es el mejor ejemplo de Irresponsabilidad Social Corporativa, sino que se trata de uno de los actos más egoístas que haya tenido que vivir nuestra comunidad en años.

Es legítimo defender los intereses de unas compañías, es legítimo buscar los mejores resultados posibles; lo que no es ni medianamente legítimo es defenderlos o buscarlos a cualquier costo y mucho menos pasando por encima de siete millones de personas.

Uno de los principios fundamentales de la responsabilidad social corporativa es el de minimizar o eliminar los eventuales efectos nocivos del normal funcionamiento de un negocio sobre empleados, proveedores, clientes y comunidad en general. Lo que no está siquiera considerado en el más irresponsable de los manuales de responsabilidad social es el de extorsionar a la clientela, al Gobierno o a la ciudadanía para obtener un resultado económico.

Uno de los grandes paradigmas del siglo XX fue el de que empresarios del sector privado no deberían estar en condiciones de hacer negocios alrededor de las actividades consideradas servicios públicos. El transporte urbano siempre ha sido considerado un servicio público. De hecho, muchas ciudades importantes, la mayoría en realidad, no ceden la prestación de este servicio al sector privado: Nueva York, Londres, París, Berlín, Madrid. Incluso Bogotá contó hace algunos años con un sistema distrital de transporte que incluía buses y trolley buses, administrados por la Empresa Distrital de Servicios, Edis. Mil razones hubo para terminarla y terminar el pésimo servicio y corrupción que la rodeaba, pero parece que algo de razón había en ese paradigma.

Hay quienes podrían argumentar que los transportadores tienen derecho a la protesta, al igual que otros trabajadores. Sin embargo, esta sería una versión amañada de interpretar la realidad de lo que sucedió esa semana en Bogotá. Lo cierto, absolutamente cierto, es que quienes lideraron y mantuvieron el paro fueron los propietarios de los buses, pequeños, medianos y grandes empresarios. Fueron empresarios que según sus propias demandas, cuentan con patrimonios que en el menor de los casos vale $240 millones, cuando tienen un solo bus, pero dicen quienes conocen, que algunos de los líderes son propietarios de flotas con varias docenas de buses.

Dicho lo anterior, ¿qué cara tienen entonces estos señores "empresarios" para creer que pueden impunemente paralizar una ciudad del tamaño de Bogotá para forzar una decisión a favor de sus intereses individuales? ¿Qué cara tienen las autoridades de la ciudad para negociar con ellos y no hacerlos asumir la responsabilidad de sus actos? ¿Cuál es la responsabilidad social, la responsabilidad civil y la responsabilidad legal de personas que buscando que la rentabilidad neta anual de su negocio fuera superior al 18% deciden extorsionar a una débil administración por la vía de secuestrar a siete millones de personas en sus casas?

Durante esa negra semana, los ciudadanos de Bogotá nos bajamos de la nube y recordamos que estamos en la jungla de cemento, donde la ley del más fuerte predomina sobre el Estado de Derecho, sobre las reglas de convivencia, sobre la decencia, sobre la responsabilidad social y sobre la ética mínima. Esperemos ahora que empresarios de otros sectores no se den cuenta de lo efectiva que es la extorsión y el chantaje para lograr prebendas indebidas; porque, de lo contrario, nos veremos sometidos a un régimen por lo menos exótico en el cual el capital puede llegar a ser el peor de los enemigos de los intereses de la sociedad, desvirtuando cualquier definición de responsabilidad social empresarial.

Pregunta final: ¿será que el paro se levantó y nadie está pensando en si hubo contravenciones a la ley por parte de sus promotores? ?

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