Opinión

  • | 1995/01/01 00:00

    Empleo regulado

    Hoy en día la competitividad de un país depende de su marco regulatorio en áreas claves como la laboral.

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La calidad de la regulación económica es sin duda uno de los determinantes claves de la competitividad internacional de un país. Hay dos enfoques básicos en el análisis de la regulación. Bajo el criterio "normativo", la buena regulación busca mejorar el desempeño de la economía, abaratando los costos de transacciones o asegurando que los agentes económicos carguen con el costo total o reciban los beneficios completos atribuibles a sus actividades económicas (internalizando economías o deseconomías externas). Bajo el criterio "positivo", las regulaciones son el resultado de las presiones de los

grupos o personas interesadas, y por lo tanto se conforman a los intereses de los más fuertes.

Con el paso del tiempo, los economistas se han vuelto un poco más cínicos, o quizás menos ingenuos, y le brindan mayor fuerza al análisis positivo de la regulación, o lo que más elegantemente se denomina la economía política de la regulación económica. Sin embargo, el análisis positivo no puede desconocer los aspectos normativos. Con un equilibrado perfil de fuerzas políticas, el resultado regulatorio puede bien mejorar el desempeño económico.

La regulación de los mercados laborales es uno de los ejemplos más importantes de la economía política de la actividad regulatoria del Estado. La mayoría de los

países de América Latina presentan marcos regulatorios que "protegen" el trabajo a través de salarios mínimos, normas sobre estabilidad laboral, ventajas al poder negociador del trabajo en la resolución de conflictos, y varios otros mecanismos. Hoy por hoy, muchos sostienen que dichas regulaciones desestimulan el empleo y por lo tanto actúan en desmedro del bienestar de la totalidad de los trabajadores y del desarrollo económico. Resulta interesante analizar, por lo tanto, las fuerzas que dieron lugar a las citadas restricciones así como las fuerzas detrás de los recientes eventos de liberalización de los mercados laborales.

a regulación laboral puede traer beneficios cuando se orienta a reducir los costos de transacciones o corregir externalidades. Un ejemplo es el establecimiento de condiciones de salubridad en la actividad laboral. Estas buscan no solamente proteger preventivamente la salud del trabajador sino también disminuir los costos sobre el sistema previsional de salud, el cual generalmente incluye algún tipo de seguro de salud implícito cubierto por el presupuesto del Estado. En contraste, la regulación laboral orientada a restringir la libre voluntad entre trabajadores y empleados para pactar salarios, tiempo del contrato, y condiciones de terminación, no tiene el efecto buscado de protección a la fuerza de trabajo. Condiciones tales como las limitaciones a los contratos temporales y elevados costos de terminación de los contratos han desestimulado el empleo formal. Mucho se ha escrito sobre el vínculo entre la legislación laboral y la informalidad en los mercados laborales. Aquí sólo basta citar como ejemplo un caso como el de Ecuador, donde las extremas restricciones sobre las características del contrato de trabajo han conducido quizás al mercado laboral más informalizado de América Latina (más de la mitad de su fuerza laboral urbana), con resultados claramente adversos para el bienestar de sus trabajadores.

Sólo empresas en países con altos niveles de productividad o empresas subsidiadas o protegidas por el Estado pueden acomodar restricciones fuertes en los contratos de trabajos. Y aun en países desarrollados (por ejemplo, Alemania e Italia) las restricciones laborales son frecuentemente citadas como impedimentos para competir con países con mercados laborales más liberalizados como el de Estados Unidos. Colombia, con una legislación menos extrema que la de Ecuador, presentó índices más bajos de informalización (hoy en día cerca de 30% de su fuerza laboral urbana), aun antes de la reciente flexibilización de su normativa laboral.

Las restricciones laborales conducen a la informalización al desestimular que las empresas organizadas se "casen" con una planta laboral muy numerosa. Estas empresas prefieren optar por métodos de producción más intensivos en el uso de la maquinaria, el cual impide el desarrollo de la ventaja comparativa de países con abundancia relativa de mano de obra. También se argumenta que la informalización eleva aún más el costo relativo del capital de las empresas informales. Su tinte de ilegalidad debilita los derechos de propiedad de los empresarios informalizados y asusta a los proveedores de fondos, quienes típicamente les cobran tasas de interés más elevadas que las obtenidas por las empresas formales.

Cabe destacar dos fuerzas importantes que apoyaron el establecimiento de restricciones legales de "protección" al trabajo. En primer término, la urbanización resultó en un mayor caudal de votantes y suministró un campo fértil para las ideas populistas que prosperaron entre los años treinta y los años sesenta. La urbanización fue estimulada por la mayor disponibilidad de servicios públicos y, en muchos casos, por regímenes de protección a empresas industriales. En segundo término, con la agrupación más cohesiva de los trabajadores de las empresas organizadas, estos trabajadores lograron una defensa mayor de sus intereses que los trabajadores informalizados.

Con el paso del tiempo, el acentuamiento de las restricciones a los contratos de trabajo detuvo el crecimiento del empleo organizado, reduciendo la retribución política de dichas restricciones. Además, los años recientes han sido testigos de grandes avances en la liberalización del comercio internacional, los cuales han expuesto a las empresas a un mayor grado de competencia, cerrando muchos nichos monopólicos que permitían distribuir rentas monopólicas entre propietarios industriales y sus trabajadores organizados.

Con la liberalización del comercio internacional, las perspectivas de crecimiento del empleo y de progreso empresarial dependen de la productividad real y de la "competitividad" de las regulaciones económicas. Dentro del marco regulatorio, las disposiciones sobre los mercados de trabajo sin duda sobresalen. Actuando dentro de mercados internacionales globales, los empresarios se preguntan implícitamente contra qué legislaciones laborales en otros países están compitiendo. Como el progreso material depende de la capacidad de competir, el progreso material depende en buena parte del marco regulatorio que apoya el desarrollo de la empresa y el empleo productivo. Pienso que estas conclusiones se aplican también a muchos otros aspectos regulatorios que hoy afectan a la actividad empresarial.
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