Opinión

  • | 2010/02/19 00:00

    ¿Elecciones sin golpe de estado?

    Corresponde a la ciudadanía votar por un Congreso que sea limpio y por unas bancadas de izquierda progresista que se alejen de la filosofía de extrema derecha y neoliberal que propició la decadencia ética y política de nuestro Congreso (y del país).

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Para ubicarnos en el momento que vivimos es necesario entender que no todo Golpe de Estado es un golpe militar; para que lo sea basta que sea una toma del poder por fuera del orden legal y constitucional, y por eso ni siquiera se da siempre a las malas o a la fuerza.

Con la primera reelección se dio plena vigencia a la filosofía de mercado, acudiendo a la compra de quien fuera necesario para tramitar sin violencia y bajo una apariencia de legalidad las reformas a las reglas vigentes. El cohecho a Yidis y Teodolindo logró que pasara un Acto Legislativo bastante espurio (es un principio general que un acto contra derecho -y más si es delictuoso- no genera derechos); y la repartición de Notarías (también bajo cuestionamiento y en proceso judicial) garantizó las mayorías para operar con carta blanca en lo que se refiere a la función de control político que concierne al Congreso.

A la connivencia de las mayorías del Congreso con el Ejecutivo se adicionó la inoperancia o indolencia que trajo a los órganos de control la reelección sin ningún ajuste paralelo, al permitir que el mandatario impusiera en la práctica los nombramientos necesarios para neutralizarlos. La única forma de dar vigencia a lo que prescriben las normas habría sido mediante un acto de fuerza, indeseable además de imposible, pues nadie más satisfecho con el actual Presidente que las fuerzas armadas, que han gozado de libertad de acción, aumento infinito de poder y de presupuesto, amparo para eventuales desafueros y hasta grados de jerarquía no contemplados en la escala castrense.

Hemos transitado un proceso en el cual todo obstáculo que representa la legalidad se supera mediante el mecanismo de actuar como si la respectiva ley no existiera y, una vez obtenido el resultado deseado, se pone en entredicho la validez de la norma con el argumento de que una realidad imponente así lo justifica.

Así el exceso sobre los topes individuales, el violar el tope global, la no certificación del Registrador, la prohibición de seguir tramitando un proyecto que ha sido rechazado en instancia anterior, el decretar sesiones extras cuando el Congreso no está en receso, el no cumplir con la publicación en el Diario Oficial, el cambiar el texto aprobado por los firmantes, el despreciar los plazos de la Ley de Garantías, la posibilidad de ser candidato sin inscribir a tiempo la candidatura, etc., son pasos ilegales que se califican de irrelevantes ante el argumento de que unas supuestas mayorías justifican y aprueban acabar con el Estado de Derecho para remplazarlo por un 'Estado de Opinión'.

Todo parece indicar que el 'Golpe de Estado de tracto sucesivo' que veníamos padeciendo no se continuará, y que de intentar imponerse el deseo del Presidente y/o de los uribistas, tendrán que hacerlo de frente y a las malas.

Es imposible que la Corte estudie la actual ponencia, que produzca una nueva para autorizar el referendo, que la sancione el Presidente, que se publique en el Diario Oficial, que el registrador monte la infraestructura del evento, que el Consejo Electoral escrute y certifique un resultado, todo esto antes de la fecha límite que está determinada en la Constitución para la elección presidencial (último domingo de mayo) y menos la del 12 de marzo que fijó la ley para que se inscriban los candidatos que no van a consulta partidista.

Empiezan sin embargo a presentarse tesis o propuestas para defender la 'posibilidad legal' de seguir adelantando el atropello. En especial se alega que si se salva el obstáculo de la Corte podrían diferirse los referendos ya aprobados (agua y violadores) para dar tiempo al montaje del referendo reeleccionista, y que el resultado de este, por provenir de un Constituyente Primario, sería un voto que desaparecería todas las irregularidades anteriores y cancelaría el proceso que anularía la iniciación del trámite de la ley que adelanta el Consejo de Estado por no existir el certificado del registrador, pues quedaría derogada la Ley o lo mismo, la demanda contra los congresistas que votaron la conciliación estando inhabilitados, o el de la nulidad de los votos de los tránsfugas que no siguieron la Ley de Bancadas; o, para ir más lejos, que desaparecerían las normas sobre los topes, que la Ley de Garantías tampoco sería aplicable, que los plazos y límites para las fechas de inscripción no tendrían vigencia, como tampoco la fecha que señala la Carta para la elección de Presidente, ya que la misma Constitución quedaría derogada porque, por ser un nuevo orden constitucional, no rigen las mismas reglas vigentes hoy para la reelección.

Pero la ponencia del magistrado Sierra Porto tiene otras connotaciones además de acabar con la posibilidad del Golpe de Estado en cámara lenta. La realidad es que a partir de este momento el interés de todos -de la ciudadanía, de los Magistrados y del Presidente mismo- es tener una sentencia lo más rápido posible. Esto lleva a la paradoja -que es de lamentar- que hace que probablemente no habrá pronunciamiento sobre cada uno de los aspectos en discusión, tanto de los planteados en la ponencia como de los presentados por los diferentes demandantes (es hasta posible que no se cite a la audiencia pública solicitada por estos últimos).

En efecto basta que se dé una de las causales de inconstitucionalidad para que no sea necesario estudiar las otras.

Las consecuencias en las elecciones parlamentarias pasan a ser lo más relevante.

La 'encrucijada del alma' se planteó alrededor de si la decisión era sacar adelante una eventual candidatura saltándose las normas que fueren necesarias (aunque no se previó que fueran tantas), o si se respetaba la Ley y se seguía un plan alternativo, consistente en tomarse las mayorías del Congreso para desde él obligar a mantener el rumbo de las actuales políticas.

Pero al haber optado por lo primero se descartó lo segundo o se le quitó énfasis, de tal manera que hoy parece bastante distante la posibilidad de una avalancha uribista como en las últimas elecciones.

Entonces 7 partidos (U, Partido Conservador, Alas-Equipo Colombia, Cambio Radical, Convergencia Ciudadana, Colombia Viva y Colombia Democrática) captaron todo lo que pudieron de poder paramilitar, narco, parapolítico y politiquero, logrando la mayoría absoluta de las dos Cámaras del Congreso.

Pero ahora más de la mitad de los miembros elegidos por esos grupos se encuentra subjúdice, no serán candidatos, y no podrán cumplir el 'voten mientras van a prisión'. Por ejemplo el caso del Senado es el siguiente:

Colombia Viva: 4 de 2 curules (2 son suplentes); Colombia Democrática: 4 de 3 curules (1 es suplente); Alas: 3 de 5; Convergencia: 4 de 7; Cambio Radical: 7 de 15; U: 7 de 20; Conservador: 6 de 18. (El Partido Liberal 3 de 18 curules y el Polo 0 de 10).

Y como partido el único incondicional uribista que queda es el de la U, pues Cambio Radical y el Partido Conservador parecen buscar personalidad propia, y los demás ya no existen por sustracción de materia.

Corresponde ahora a la ciudadanía completar la depuración, votando no solo por un Congreso que sea limpio, sino por unas bancadas de izquierda progresista que se alejen de la filosofía de extrema derecha y neoliberal que propició esa decadencia ética y política de nuestro Congreso (y del país).

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