Luis Fernando Andrade

| 2/8/2003 12:00:00 AM

El valor de invertir en el sistema penitenciario

El gobierno actual tiene una de las mayores oportunidades para reactivar la economía, generar empleo y legitimar las funciones del Estado en un lugar olvidado: el Sistema Nacional Penitenciario.

Las políticas de sucesivos gobiernos han llevado a que la situación del Sistema Nacional Penitenciario sea lamentable: no tiene suficiente capacidad para albergar a los condenados; las condiciones para los internos son deplorables; y en vez de cumplir su función de rehabilitar, la mayoría de sus cárceles se han convertido en escuelas del crimen.



La falta de capacidad es enorme. Un país con una tasa de criminalidad como la de Colombia debería tener cupos para un 0,5% de su población, como mínimo. O sea, más de 200.000 cupos. Hoy tiene alrededor de 45.000. Como punto de comparación, Estados Unidos, con una tasa de criminalidad per cápita muy inferior a la nuestra, tiene cupo para 0,7% de su población. Sucesivos gobiernos han evitado invertir en mejorar las cárceles actuales y construir otras nuevas. La mitad de los centros de reclusión fueron construidos antes de 1960 y han tenido muy poco mantenimiento desde entonces. La excepción se dio en el gobierno anterior, durante el cual se construyeron varias cárceles de alta seguridad. Sin embargo, la capacidad construida fue mínima cuando se compara con los requerimientos reales.



Como resultado de esta situación, se generan hacinamiento y condiciones deplorables para los internos. Las experiencias que tienen que vivir la mayoría de ellos son una afrenta a la dignidad humana. Ante este problema, en vez de resolver la situación invirtiendo en mejorar las condiciones y crear nuevos cupos, los gobiernos anteriores han reaccionado con reformas que resultan en la reducción del número de reclusos al facilitar su liberación, disminuir penas, etc. Esto ha llevado a que el número de reclusos per cápita sea muy bajo, en especial si se consideran los altos índices de criminalidad de nuestro país. Mientras en Estados Unidos hay 6 homicidios al año por cada 100.000 habitantes, en Colombia hay 50. Sin embargo, ellos tienen 680 internos por cada 100.000 habitantes, mientras que nosotros solo tenemos 127.



Por tanto, no nos debemos sorprender de que los índices de criminalidad no se reduzcan. Entre más criminales anden sueltos, entre menos probabilidad de castigo haya y entre más inhumana sea la experiencia de los reclusos, más crimen tendremos.



Propuesta



Para resolver esta situación, el país debería emprender un programa masivo de construcción de cárceles, para construir por lo menos 50.000 cupos en los próximos 4 años y, así, duplicar la capacidad actual. Esto implicaría construir entre 25 y 50 cárceles nuevas, dependiendo de su tamaño.



La inversión requerida para construir este número de cupos sería entre US$400 millones y US$500 millones. El costo de operación de esta capacidad adicional sería entre US$125 millones y US$175 millones por año.



Beneficios



El principal efecto positivo de duplicar el número de cupos con un programa de esta naturaleza sería la reducción en los niveles de criminalidad. Esta menor criminalidad se reflejaría muy pronto en una mejor calidad de vida para los colombianos y mayor actividad económica. La actual inseguridad es uno de los principales factores que ahuyentan la inversión, el turismo, etc.



Las tres principales razones por las cuales caería la criminalidad son las siguientes:



1. El número de criminales en libertad disminuiría de forma importante. Es un hecho ampliamente conocido que hoy la mayoría de los crímenes son cometidos por reincidentes.



2. Las mejores condiciones carcelarias llevarían a un ambiente más propicio para la rehabilitación y reinserción de los internos. Claramente, también sería necesario evaluar todo el esquema con el cual se busca mejorar la salud mental y cambiar los valores y comportamientos de los reclusos. Hoy se hace muy poco en este sentido.



3. La mayor probabilidad de castigo llevaría a que se cometan menos crímenes.



El segundo beneficio sería de orden económico directamente. La construcción de una cárcel de 1.000 cupos implica una inversión de entre US$8 y US$10 millones, compuesto casi totalmente por materiales y mano de obra nacional. Durante el período de construcción, estimado en año y medio, se generan entre 1.000 y 1.200 empleos directos, y la operación genera entre 200 y 300 empleos permanentes.



Por tanto, la construcción de 50 cárceles de este tipo podría crear entre 70.000 y 90.000 empleos directos durante la construcción, y luego entre 10.000 y 15.000 empleos directos permanentes en la operación. El efecto indirecto en el empleo podría ser mucho mayor.



El tercer beneficio económico sería el desarrollo de áreas deprimidas. Tendría mucho sentido construir estas cárceles fuera de las grandes capitales, para generar fuentes de empleo e ingresos en áreas con pocas opciones de desarrollo. La construcción de una cárcel puede estimular la economía de una región en mayor grado que la construcción de una fábrica con igual número de empleados. Esta ha sido la política de localización de nuevas cárceles en los últimos 20 años en varios estados de Estados Unidos, incluyendo el de Nueva York.



Financiación



La cifra de US$400 a US$500 millones requeridos en inversión es muy grande. Sin embargo, no es una suma imposible para la economía colombiana. Estas inversiones se pueden financiar suprimiendo otras iniciativas u obras ya aprobadas que traen menores beneficios a la sociedad. También es posible acudir a esquemas de concesión para financiar parte del programa. Esto se ha venido haciendo en Estados Unidos y más recientemente en Chile y Costa Rica.



Hemos sido capaces de financiar montos mayores para tapar huecos del sector público. Por ejemplo, en los casos de BCH, Bancafé, BanEstado, IFI y Caja Agraria se invirtieron sumas similares en el saneamiento de cada una de ellas. Muchos institutos y empresas del gobierno, que generan dudosos beneficios a la sociedad, consumen valores superiores a este en un período de cuatro años.



Por tanto, todo es cuestión de prioridades. Si se hicieran bien las cuentas, el gobierno encontraría que esta inversión tiene una relación costo-beneficio mucho mayor que la de obras o iniciativas ya aprobadas. De hecho, un programa de esta naturaleza es probablemente la mejor opción de inversión para el sector público no solo en términos económicos, sino para legitimar su razón de ser.
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