Opinión

  • | 1997/12/01 00:00

    El subsidio al narcotráfico

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Por su misma naturaleza, los datos sobre contrabando e informalidad económica siempre serán precarios. Pero a estas horas hasta el más optimista debe reconocer que la expectativa "racional" de comienzos de esta década, respecto a que el contrabando disminuiría como resultado de la reducción de aranceles, está muy lejos de haberse cumplido.



En la mayoría de los sectores industriales la proporción de firmas que hoy considera el contrabando como un problema importante no es menor que antes de la apertura. Según el último informe de la DIAN, en los primeros nueve meses de 1997 se efectuaron decomisos de contrabando por $50.490 millones, un ritmo que, de mantenerse para todo el año, arrojaría $67.000 millones. Esa cifra, ajustada por la inflación, es inferior a la de los decomisos por $63.000 millones efectuados en 1996. El promedio de decomisos en 1996 y 1997, unos US$60 millones por año, está entre el 2% y el 4% del valor total del contrabando de importación estimado en diversos estudios.



El mercado de electrodomésticos permite calibrar la importancia del fenómeno. Con base en cifras de producción local, importaciones legales y análisis de despachos de Miami y Panamá, así como comparaciones con países de ingreso similar, los industriales y los principales comerciantes formales de electrodomésticos agrupados en la Cámara de Electrodomésticos de la Andi han estimado que ese mercado vale actualmente, a precios para el consumidor pero sin incluir el IVA, unos US$750 millones y que alrededor del 55% del mercado es atendido por el contrabando.



La Cámara ha efectuado algunos cálculos del mercado legal e ilegal, en unidades, para los productos más afectados por el contrabando, bastante confiables debido a los múltiples puntos de referencia utilizados. La conclusión es apabullante: seis años después de la Apertura Económica, en equipos de sonido y videograbadoras el contrabando parece exceder el 80% del mercado total y para los cinco principales electrodomésticos distintos de las neveras el porcentaje promedio de contrabando es casi del 60%.



Cualquier política racional contra el crimen tiene que reconocer la necesidad de fortalecer el aparato represivo del Estado y la conveniencia de recurrir a instrumentos económicos preventivos que reduzcan la rentabilidad del delito económico. Pero la mezcla adecuada de prevención y represión tiene mucho que ver con las características culturales del país. Cuando gran parte de la comunidad considera la informalidad económica poco menos que legítima y hay multitud de crímenes peores que quedan impunes, sería irresponsable limitarse a insistir solamente en el castigo del contrabando.



Recibí con satisfacción la penalización reciente del contrabando, como una muestra de la exasperación de la sociedad con el fenómeno, pero profesionalmente no abrigo la menor esperanza de que la penalización sea eficaz.



El valor del contrabando de los cinco productos incluidos en el gráfico ha sido estimado por la Cámara en US$204 millones, frente a sólo US$142 millones de comercio legal. El decomiso de contrabando de electrodomésticos, entre tanto, fue de US$14,5 millones entre enero y septiembre, una cifra ridícula.



¿Qué pasó? ¿Por qué el contrabando no desapareció y ni siquiera se redujo tras la liberación de importaciones y la reducción de aranceles?



La primera parte de la respuesta tiene que ver con la estrecha relación entre el contrabando de importación y el narcotráfico. Siempre se ha sabido que en Colombia el contrabando es en su mayor parte un vehículo usado por los narcotraficantes para convertir a pesos los ingresos de sus exportaciones de cocaína, heroína y marihuana.



Las redes de comerciantes de Miami y Panamá que se han especializado en la exportación informal a Colombia -y las firmas industriales que por acción u omisión facilitan su operación- son una parte tan esencial del "cluster" del narcotráfico colombiano como la protección que ofrece la guerrilla a los cultivos de coca, los laboratorios, los escoltas y sicarios y las flotillas aéreas y marítimas utilizadas para llevar la droga hasta su destino.



Como los narcotraficantes requieren el contrabando de importación para obtener pesos, cuando desaparecieron las trabas no arancelarias a las importaciones y se bajaron las tarifas aduaneras -y se redujo de esa manera el subsidio implícito al contrabando y, por ende, al narcotráfico-, ellos absorbieron con cargo a sus rentas el costo necesario, al bajar el precio de los dólares puestos a la disposición de sus socios comerciales de Miami y Panamá para permitir que el contrabando hacia Colombia siguiera siendo lucrativo.



La segunda parte de la explicación de la permanencia del contrabando es que para un amplio grupo de bienes muy propensos a importarse ilegalmente no sólo se mantuvieron tarifas aduaneras muy elevadas (20% para la mayoría de los bienes de consumo), sino que en los últimos años ese efecto se magnificó por el aumento sostenido del IVA. En la actualidad, el efecto combinado del arancel y el IVA de 16% puede exceder el 39%. Esto no sólo implica un gran subsidio indirecto al narcotráfico, sino que deja amplio margen de ganancia incluso para el contrabando no asociado con el narcotráfico, que según se calcula en los medios comerciales puede representar el 30% del total.



Un aspecto de la cuestión que raya en el ridículo -si el fomento indirecto del crimen puede calificarse así- es que para muchos de los productos más contrabandeados las posibilidades de producción local son nulas. La tecnología mundial ha evolucionado a un punto en el cual, sencillamente, no hay ninguna posibilidad de que el bien sea fabricado internamente ni siquiera "ensamblado" con algún porcentaje significativo de valor agregado. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los equipos de sonido láser -¿todavía hay de los otros?- y con las videograbadoras de última generación. Por lo demás, la obsolescencia se produce tan rápidamente en los artículos electrónicos que incluso la más elemental actividad manufacturera implicaría riesgos inaceptables.



La experiencia de más de un lustro con apertura y contrabando debe ser asimilada y aprovechada para introducir correctivos, y eso implica un ajuste sustancial a la estructura arancelaria del país. Un buen comienzo, para el cual no se requiere una evaluación general y que no tropezaría con problema alguno en el Grupo Andino, sería reducir a cero o, a lo sumo, al 5%, los aranceles de todos aquellos bienes que no tienen producción nacional y exista en cambio evidencia de contrabando masivo.



La mayor contribución de esa medida sería eliminar el nefasto "subsidio al narcotráfico" implícito en una estructura arancelaria cuya única consecuencia práctica es mejorar la rentabilidad del contrabando de importación. Además, una medida de ese tipo también facilitaría la formalización del comercio y podría generar interesantes recaudos para el fisco nacional.
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