Opinión

  • | 2003/10/31 00:00

    El rescate de rehenes

    Mal se hace en proponer alrededor de un caso puntual un debate sobre un cambio de orden institucional.

COMPARTIR

Con motivo de la apertura de investigación a los militares responsables de la operación en la que murió la entonces ministra de Cultura, la 'Cacica', se ha abierto un debate interesante.

Sin pretender llegar a conclusiones, vale la pena aportar algunas consideraciones.

1. Lo que podríamos llamar las jurisdicciones forales, es decir, los casos en que un determinado grupo se exceptúa de la jurisdicción ordinaria por un fuero especial, no significa que desaparece la competencia para enjuiciar algunos de sus comportamientos. Por tener facultades, responsabilidades o funciones extraordinarias, se crea una competencia especial acorde con esa situación particular. Para ello se establecen los códigos respectivos (sustancial y procesal) y quedan los miembros de ese grupo sometidos a lo que ellos cubren, bien sea porque se aplican directamente a la órbita especial, bien sea porque sustituyen expresamente una parte de la ordinaria. Pero en lo que ellos no cubren siguen sometidos a las jurisdicciones ordinarias.

Los parlamentarios, por ejemplo, no pueden ser juzgados por sus expresiones ni por su voto en el Congreso, pudiendo solo ser sancionados de acuerdo con el reglamento; pero si en público injurian a algún particular o si participan en un arbitramento sin declarar la existencia de un impedimento son sujetos de un posible enjuiciamiento, como una persona cualquiera. Para el mundo castrense, existe el Código Penal Militar con el respectivo Código de Procedimiento que se aplica a los delitos que en tales estatutos se contemplan; por ejemplo, la deserción o la insubordinación son juzgados en esos tribunales, por ser delitos que un civil no puede cometer. Pero un militar que roba un apartamento es enjuiciado como todos los mortales.

En la medida en que no existe una jurisdicción específica -una Justicia Administrativa Militar para las violaciones que cometen como funcionarios públicos-, es a los órganos de control ordinario (Contraloría, Procuraduría) a los que compete investigarlos.

2. Exceptuando la frase soltada en la entrevista a Juan Lozano y Lozano, según la cual 'En un país mal informado no hay opinión, sino pasiones', el discurso del entonces presidente Alberto Lleras en el Teatro Patria es posiblemente la mayor contribución de ese estadista a nuestra cultura política. Su importancia reside en que, por la jerarquía que se le reconocía a quien propuso los planteamientos, es alrededor de ellos que se ha desarrollado todo el orden institucional que se refiere a este tema. Es decir, que sea o no válida, y guste o no guste, la relación plasmada en nuestro organismo político y jurídico es la de distinción entre jurisdicciones, de subordinación militar a lo civil y de función de control de este último sobre el primero.

3. Esto lleva a la consideración aún más elemental, de que si se está proponiendo una ley para que el control disciplinario sobre las acciones de los militares pase a la Justicia Militar es justamente porque hoy no existe esa situación. En consecuencia, es pertinente que quienes creen que se debe cambiar nuestro orden institucional (a comenzar por el Presidente y su gobierno) propongan esa reforma; pero es absurdo que sean ellos los mismos que pretenden que hoy no debe la Procuraduría adelantar esas investigaciones.

4. Está reconocido tanto en el nivel interno como por convenios internacionales y por las llamadas 'leyes de la humanidad' (jus cogens) que la jerarquía más alta en materia de derechos y obligaciones son las recogidas en los códigos de Derechos Humanos en general y del Derecho Internacional Humanitario, DIH, en particular. En relación con el tema de las operaciones militares como las que nos conciernen, dice el DIH:

Protocolo II



Artículo 5. Personas privadas de libertad



4. "Si se decide liberar a personas que estén privadas de libertad, quienes lo decidan deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de tales personas".



Artículo 13. Protección de la población civil



1. "La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes:"

3. "Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación".

No puede plantearse ambigüedad al respecto (mal se puede aducir que solo se aplica a las acciones en que se pone en peligro a los enemigos, pero que no obliga a respetar igualmente a los propios).

El Protocolo I ilustra aún más el espíritu del DIH al reconocer que en las condiciones de guerra se contempla la eventualidad de poner en peligro a los civiles, pero lo condiciona a que el riesgo sea proporcional a la ventaja militar que se puede derivar del éxito de la operación.



Artículo 85 ".se considerarán infracciones graves del presente Protocolo los actos siguientes.



b) lanzar un ataque indiscriminado que afecte a la población civil o a bienes de carácter civil a sabiendas de que tal ataque causará muertos o heridos entre la población civil., que sean excesivos en el sentido del artículo 57, párrafo 2, a) iii;"



Artículo 57



2. Respecto a los ataques se tomarán las siguientes precauciones:



a) iii: abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará incidentalmente muertos o heridos en la población civil, ., que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.

En el caso que nos concierne (como en el caso del gobernador Gaviria y del ex ministro Echeverri) no se ve cuál pudo ser la ventaja militar que justificara el riesgo y en tales casos el sacrificio de ellos.

El DIH se violó y por violación al DIH son responsables quienes toman las decisiones. También lo es el Estado que no investiga y no persigue las violaciones. Para establecer responsabilidades están instituidos los Organos de Control. Su competencia no va a calificar los aspectos militares de la operación; pero sí va a pronunciarse sobre si esta se adelantó dentro del marco legal que nos rige y en caso contrario a quién se atribuye la culpa.

5. Por último, es conveniente tener en cuenta que el debate respecto a la competencia para la investigación es diferente del debate sobre el curso o contenido de la misma. Que en su desarrollo se concluya en sanciones depende de que los cargos sean o no pertinentes. Pero mal se hace en proponer alrededor de un caso puntual un debate sobre un cambio de orden institucional.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?