Opinión

  • | 2009/09/18 00:00

    ¿El presupuesto para qué?

    Escoger a dedo a quién se beneficia ha sido la opción a la cual más ha acudido el Doctor Uribe al inventar los 'contratos fiscales' y los apoyos a actividades rentables como la hotelería o la palmicultura.

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Al igual que el Maestro Echandía, al preguntarse '¿El poder para qué', no pretendía hacer prueba de desprendimiento sino intentaba mostrar la ausencia de un mandato o un propósito que permitiera darle sentido al ejercicio del poder político, podemos hacer la misma pregunta respecto a lo que supone ser la razón de ser del presupuesto.

Es verdad que la misma duda pudiera tratarse pensando en que el '¿para qué' da lo mismo, pues nunca se cumple; pero no es esa la inquietud que aquí se plantea.

El principio del manejo fiscal es que las decisiones al respecto no giran alrededor de cómo se logra un equilibrio -cosa que evidentemente es una condición a tener en cuenta- sino cómo se orientan los recursos del Estado a cumplir diferentes funciones, y esto se refleja en la forma como se compone el presupuesto.

Una de esas funciones -para muchos la principal- es la de ser instrumento para cerrar la brecha entre los desfavorecidos de la sociedad y los privilegiados por la fortuna. La forma de hacerlo es gravando a los más ricos para ofrecer compensaciones a los más pobres; por ejemplo, a través de impuestos a los gastos suntuarios para destinarlos a la asignación de lo que se entiende por recursos 'sociales'; o sea, para cubrir las necesidades básicas de salud, educación y, en general, aquellas que permiten dar iguales oportunidades a los diferentes miembros de la comunidad. No es propiamente esta la orientación que ha tenido en nuestro país, y no es por casualidad que tenemos en este momento las desastrosas cifras de pobreza y miseria que agobian a nuestra población.

Otra posibilidad sería el caso de trasladar parte de los ingresos que el Estado recibe por impuestos sobre los gastos básicos de la población -v. gr. el impuesto al valor agregado, IVA- a los sectores que considera los más productivos o más indispensables para generar crecimiento económico -v. gr. infraestructura o modernización del sistema bancario-. Un caso especialmente significativo de esta modalidad es el que, dentro del modelo neoliberal prevaleciente, serviría como instrumento para estimular el desarrollo económico que se ha venido dando con el desplazamiento o sustitución de la mano de obra por nuevas inversiones en maquinaria, máxime cuando además estas nuevas inversiones gozan de exenciones tributarias mientras se deteriora -se flexibiliza, dicen- el sector laboral; en Colombia esa sería la más probable explicación para entender cómo los mayores años de crecimiento del Producto Interno Bruto han sido acompañados de un aumento del desempleo. O explicaría por qué el campo es el más afectado por este fenómeno (¡66% de pobreza!), pero también por qué simultáneamente cada vez tiene menos importancia y registra los menores crecimientos como actividad económica (cuando no franco decrecimiento).

También debe el presupuesto cumplir la misión de dar a las diferentes regiones de un país niveles equivalentes de calidad de vida para sus ciudadanos; es decir, intentar acabar con el atraso de las zonas más pobres, buscando igualarlas con las de otras que tienen diferencias demasiado marcadas respecto a ellas. Este mismo objetivo se buscó entre nosotros mediante leyes que obligaban la transferencia del manejo central del presupuesto para dejarlo en manos de las regiones, tanto a través de las regalías como de los situados fiscales. Esa descentralización ha sido reversada sin mayores debates bajo este gobierno.

En fin, la intervención puede lograrse mediante subsidios o exenciones a uno u otro sector. En tales casos se 'personaliza' el presupuesto al escoger a dedo a quién se beneficia según sus necesidades; ha sido esta la opción a la cual más ha acudido el Dr. Uribe al inventar los 'contratos fiscales' y los apoyos a actividades que de por sí suponían ser rentables sin requerir nuevos estímulos, como la hotelería o la palmicultura.

Situaciones excepcionales también se dan como catástrofes naturales o, en forma más frecuente, guerras. Así, los Estados Unidos tiene que apropiar partidas para mantener más de 800 bases en todo el mundo, fomentar o respaldar confrontaciones en varios países, desarrollar guerras para adelantar sus intereses en varios rincones del planeta (v. gr. Irán o Afganistán) y conservar la producción de armamento como primera línea de su economía, tanto dentro del contexto interno como en el externo. Otros países, como España o Irlanda, han debido destinar recursos a enfrentar sus conflictos internos (terrorismo separatista de ETA o de IRA) pero sin que nunca llegara a ocupar una parte gruesa de los ingresos, y logrando soluciones por vías diferentes a las armas, es decir, reconociendo que en su caso la identidad de las autonomías regionales y no la perversidad de quienes las defendían eran la causa del problema. Colombia ha vivido los últimos años con el renglón de guerra más alto del mundo (en proporción, por supuesto) sin intentar siquiera complementar con otras inversiones la confrontación con la guerrilla.

El equilibrio presupuestal depende de que el faltante de ingresos fiscales se subsane con otros ingresos -rendimientos o venta de activos propios, transferencias de entidades decentralizadas, impuestos ocasionales y, sobre todo, endeudamiento interno y/o externo-; este déficit del gobierno central es el que viene aumentando sistemáticamente.

La versatilidad y la importancia de la administración de impuestos y del manejo del presupuesto se pueden ver en la propuesta del presidente Sarkozy al G20 (grupos de los 20 países de más peso en el mundo) de coordinar una nueva modalidad de intervención fiscal para darle una función en el manejo ambiental. La idea sería pensar en un 'impuesto carbón' que gravaría las empresas en proporción a la polución que producen. Así, además de los 'bonos verdes' que ya existen para las inversiones que funcionen como sumideros de CO2, la imposición para las industrias sería progresiva en proporción al daño ambiental que causen, convirtiéndose no solo en un ingreso para cada Estado sino sobre todo en un estímulo para la protección del planeta; y algo parecido se podría inventar respecto al consumo de recursos naturales no renovables.

En fin, el poder fiscal y la composición del presupuesto son el manejo del país y por eso la Constitución atribuye al Congreso las facultades para decidir al respecto.

Pero el presupuesto también puede ser utilizado como medio para 'hacer política' como el proselitismo populista bajo formas asistencialistas -tipo 'familias en acción'- que, lejos de liberar a los supuestos beneficiados de su condición, la profundizan en la medida que no les cambia su situación sino las ata a ella. Por eso, los multimillonarios dineros que así reparte el Dr. Uribe no bajan las cifras de pobreza y miseria pero sí su aceptación en las encuestas.

Infortunadamente, ninguno de los anteriores aspectos parece interesar a quienes deben decidir sobre la conformación del presupuesto en Colombia. Y esto porque también sirve como argumento de 'persuasión' para conseguir pasar leyes mediante distribución de contratos o prebendas (o notarías); y es el único punto al cual dan importancia nuestros parlamentarios y nuestro Ejecutivo.

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