Opinión

  • | 2007/10/26 00:00

    El paramilitarismo y el TLC

    Lo que destaca reiteradamente nuestro gobierno es que se han desmovilizado 30.000 hombres en armas; lo que ven los sectores críticos es que se dio inmunidad a 30.000 delincuentes que confesaron haber participado en toda clase de crímenes de lesa humanidad.

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La Embajadora nuestra en Estados Unidos tiene la misión de dejar constancia de la diferencia de puntos de vista entre nuestras autoridades y un editorial del New York Times que invita al Congreso Americano a no aprobar el TLC con Colombia mientras no se modifiquen algunos aspectos de su política actual.

Se refiere ese diario a la visión de ciertos sectores americanos (no solo la de ese medio, sino la de parte de los legisladores) según la cual el gobierno del presidente Uribe no ha satisfecho lo que serían los requisitos que el Congreso Americano debería exigir a las autoridades colombianas en cuanto a la gestión ante el paramilitarismo.

La divergencia, aunque no sea así de explícita, podría llegar a ser respecto a si la política oficial es la persecución de los paramilitares o su cooptación.

Lo que destaca reiteradamente nuestro gobierno es que se han desmovilizado 30.000 hombres en armas; lo que ven los sectores críticos es que se dio inmunidad a 30.000 delincuentes que confesaron haber participado en toda clase de crímenes de lesa humanidad.

Se basa la argumentación oficial colombiana en que hay más de 2.000 sindicados pendientes de ser llamados a juicio; el otro punto de vista es que lo único que existe es una lista de personas a quienes no les pasará nada.

Reclama el Gobierno que 51 capos ya están detenidos y siendo juzgados; lo que no dice es que son individuos que no se limitaron a fijar una política sino que reconocen haber dado ordenes directas de asesinar a centenares de colombianos, que serán juzgados por una ley especial (y especialmente blanda), que están detenidos en condiciones privilegiadas, que dentro de las normas expedidas para ellos solo les tocaría un máximo de dos años más de detención para quedar libres por pena cumplida con buen comportamiento, y que hasta ahora solo 17 han comenzado a rendir indagatoria.

Y, sin desconocer la disminución de homicidios que se proclama como ejecutoria del primer cuatrienio, nace la inquietud sobre hasta dónde se dispararon y cómo están contabilizadas las fosas comunes y las desapariciones forzadas.

Lo que también molesta a quienes no aprueban esas políticas es que todos esos delincuentes están recibiendo subsidios del Estado, mientras sus victimas no tienen ni siquiera una partida en el presupuesto para subsistir y menos para reparar los daños sufridos, estando condicionadas a lo que declaren los victimarios como fruto de sus acciones.

Probablemente tampoco dejan de tener en cuenta ese diario, esos legisladores, y buena parte de la opinión colombiana, que una vez conocido y divulgado el escándalo de la llamada parapolítica y la forma en que varios de nuestros elegidos han sido cuota aportada por las armas y los dineros de esos personajes, sea gracias a varios de esos miembros de los partidos que apoyan al Presidente (entre ellos el mismo cofundador del 'partido presidencial', el propio primo del mandatario, y en algunos casos la totalidad de la bancada) que se han sacado adelante esas leyes e implementado esa política. Y en nada tranquiliza que sean ahora esos mismos Congresistas, directamente o a través de sus suplentes de las mismas bancadas -y como recién se ha denunciado por las mismas vías por las cuales consiguieron su elección- quienes proponen adelantar otra legislación especial para que en todo caso su eventual castigo sea más benévolo que el de quienes propiciaron su elección.

También es de imaginar que dentro de la importancia y el respeto que se tiene en Estados Unidos a la división de poderes, al sistema de controles y contrapesos, y a la autonomía de la Rama Judicial, no debe ser bien visto el trato que da nuestro Presidente a los magistrados de la Corte y a la institución misma al afirmar que en un Estado de Derecho la máxima instancia es la opinión pública.

Todo lo anterior justificaría el mencionado editorial del diario americano, e incluso validaría una posición tan extrema como la del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, de no aceptar compartir foros con el presidente Uribe, hoy más significativa por haber sido premiado con el Nóbel de Paz.

La verdad es que en el Congreso Americano sí hay quienes creen verdaderamente en la necesidad de reivindicar la importancia de los Derechos Humanos y de que su país contribuya a ello. Pero son unos pocos, y lo tienen como principio y no como base de unas negociaciones (menos en este caso, cuando se trata de intereses comerciales que favorecen a sus representados). También es cierto que parte de los demócratas son proteccionistas convencidos o motivados por el lobby del sindicalismo de allá, y en consecuencia firmes en contra del TLC.

Pero infortunadamente la mayoría necesaria esta sujeta al voto de un sector no comprometido, para el cual el tema de Derechos Humanos poco pesa, ya que aceptan la legalización de la tortura (como lo dijo el ex presidente Carter), que permite 'agujeros negros' en la legislación para que sus enemigos no queden amparados por ninguna legislación internacional ni humanitaria, que justifica barbaries como la guerra de Irak (aún a sabiendas de lo falso de su sustentación), etc...

Y menos le preocupa el paramilitarismo a un país que lo ha apoyado siempre que ha sido conveniente para sus intereses, y que es el primer promotor de mercenarios en el mundo bajo la forma de 'contratistas', 'asesores civiles', 'empresas de seguridad' etc., que contratan o son ofrecidas por sus agencias estatales.

El argumento de los Derechos Humanos es más destinado al público de allá que en verdad cree que ellos son sus grandes defensores; en general, pero también en concreto, la preocupación de los legisladores demócratas americanos no son los horrores que pasan en Colombia, sino solo lo que tiene relación con su país.

Y en este caso lo que les es inadmisible es que bajo el manto del paramilitarismo se proteja a los capos del narcotráfico; que los beneficiados con esas políticas sean delincuentes de lesa humanidad les puede parecer secundario, pero que se les dé el mismo tratamiento a quienes ellos han solicitado en extradición como blanco de su persecución no es aceptable.

Entregaron US$4.000 millones inicialmente al Plan Colombia solo para combatir la producción de droga y después al Plan Colombia para que pudieran ser usados contra la guerrilla por ser ella gran traficante; pero nunca dieron recursos para combatir el paramilitarismo como tal. Si del TLC se trata (donde el interés de las empresas americanas y multinacionales -o sea el poder económico- es que sí se firme) lo único que se necesita para satisfacer la conciencia del Congreso Americano es acabar con la protección que bajo el pretexto del paramilitarismo se da a los capos del narcotráfico.

Sabiendo que Uribe está dispuesto a todo para sacar adelante su TLC, teniendo en cuenta que es lo suficientemente lúcido para entender que no sirve repetir los argumentos ya expuestos o insistir en los viajes que desgastan su imagen y rebajan la del país, y después de experimentar hasta qué punto su 'habilidad' y su pragmatismo priman sobre el cumplimiento de su palabra o sus compromisos, me parece que 'Macaco', 'Don Berna', 'Jorge 40', Mancuso y algunos otros, deben estar pensando que su futuro y el de la aprobación del TLC pueden estar bastante vinculados.
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