Opinión

  • | 2009/07/10 00:00

    ¡El país de lo insólito!

    Los beneficios tributarios a los grandes capitales y el anuncio de excluirlos del impuesto de guerra; la propuesta de crear un mecanismo de inmunidad para los congresistas, son algunas de las perlas de este gobierno.

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Desde la época del Medioevo, cuando los señores feudales tenían autonomía para crear impuestos a sus vasallos, no se le ocurría a nadie exonerar de impuestos a los ricos y crear impuestos nuevos que cayeran en los que tienen menos. Nuestro Gobierno, según parece para adelantar la política de 'confianza inversionista', creó la figura de los pactos individuales con determinadas empresas (las más grandes, por supuesto) para que no tengan cargas impositivas similares a las del resto del sector productivo; su costo ha sido de 13,6 billones (7,4 para este año), mientras para programas sociales (incluyendo las consecuencias de la guerra con los más de 3'000.000 de desplazados, la 'deuda social' con los 22'000.000 de colombianos pobres y 6 millones en la miseria, o los programas electorales de 'familias en acción') no se destinan ni la mitad de esto. Y ahora notifica la intención de crear un 'impuesto de guerra' en el que sean excluidos los grandes capitales y sean los que menos beneficios han derivado de ella o los perjudicados por ella quienes la subvencionen (como se hacía bajo el feudalismo).

Otro tema es el de la propuesta de crear un mecanismo de inmunidad para los congresistas. Por supuesto que todo sistema político tiene que contemplar instrumentos para que la actividad política no sea interferida por maniobras judiciales que busquen limitarla. Y por supuesto hay diferentes posibilidades, unas mejores que otras. Pero es algo más que un desatino pretender que se debe hacer un cambio bajo las condiciones actuales, con el Congreso más cuestionado de la historia, la cantidad de congresistas llamados a juicio mayor que el de la suma de todos los Congresos del pasado, y cuando gracias al nuevo régimen, en el cual la Justicia depende de los órganos de la Justicia, se está viendo la posibilidad de romper con la impunidad que parecía los iba a cobijar.

Con los beneficiarios de las 33 notarías que se deducen de las declaraciones del Dr. Cuello, la Corte podrá analizar la participación de los altos funcionarios del Gobierno que la Procuraduría exoneró precipitadamente. Pero ¿cómo podrá ver cualquier observador neutral un Congreso en el cual entre los sindicados de parapolítica, los denunciados por los votos por la primera reelección, y los 86 llamados por la Corte por los votos por el referendo para la segunda reelección, se completa más de la mitad de sus miembros enjuiciados por la forma en que han mantenido y pretenden mantener delictuosamente al Presidente en el poder?

¿Qué pensar cuando uno de los argumentos es enfrentar a la rama judicial (buscando amedrentarla) con acciones tan dañinas e insólitas como una demanda personal del Presidente de la República contra el Presidente de la Corte Suprema, buscando así descalificar la imparcialidad de esa Corte, y que al mismo tiempo tenga ese Congreso el poder de fallar esa controversia?

¿Qué decir de las acciones del nuevo Procurador proponiéndose como 'mediador' de las diferencias entre el Presidente y la Corte Suprema (¿llamado por quién? ¿Con qué atribuciones), al mismo tiempo que se adelanta a la información que de la investigación penal debe salir, pronunciándose en sentido contrario a lo sentenciado por la Corte Suprema en el caso de la Yidispolítica (¿Acaso esa investigación penal no tiene por función dar luces para pronunciarse 'más allá de la duda razonable' en un sentido o en el otro).

Y si crear un artículo constitucional para permitir la reelección era un tema que podía ser debatido y analizado a la luz de su trascendencia institucional -o aún en relación a la importancia coyuntural de que el actual mandatario prolongue su gobierno-, mal se puede hoy insistir en que ninguno de los antecedentes tiene importancia: ni el precedente que sentaron los delitos que permitieron la anterior reelección, ni la ilegalidad en los trámites con que se ha buscado montar el referendo, ni las demandas existentes por la forma más que dudosa en que se ha ido aprobando en el Congreso; sin embargo, como si esto no existiera, lo que se presenta como alternativas a la falta de posibilidad de adelantarlo legalmente es la amenaza de acciones que implicarían un Golpe de Estado -suave pero cierto-, en la medida que eso es lo que significa desconocer la Carta vigente con ideas como citar a una Asamblea Constituyente dentro de términos y para objetivos que no cumplen con los consagrados en nuestro ordenamiento político.

¿Cómo verá la historia un país que acepta el lenguaje según el cual no hay conflicto armado mientras mueren miles de seres por los enfrentamientos; los desplazados que ello origina son solo 'migrantes', y no hay crímenes de lesa humanidad por los cuales alguien debe responder, sino 'falsos positivos' que el Relator de las Naciones Unidas por pura perversidad considera 'sistemáticos' y no accidentales?

¿Cómo calificar el que se rechace una 'Ley de Víctimas' con el pretexto de que cuesta mucho y de que son diferentes los que sufren por los crímenes de Estado de los que tienen su origen en quienes decidieron ilegalmente remplazarlo, y que simultáneamente mediante una ley de 'principio de oportunidad' se proclame la amnistía a estos últimos?

El país desaprovechó la bonanza mundial y en vez de ahorrar para posibles épocas de vacas flacas se comprometió en políticas que implicaban gastos futuros como si esas condiciones favorables -que no dependían de su gestión- fueran a ser eternas. Pero raya en lo incomprensible el que esto se concretó en que armamos una maquinaria de guerra (el ejército profesional más grande de Latinoamérica) que no tiene ni cómo financiarse ni cómo desmontarse, con lo cual el Gobierno tiene más necesidad de mantener esa guerra que de buscar la paz.

¿Dónde se ve a un presidente de un País paseándose por los Congresos extranjeros, enfrentándose con manifestantes en las calles de otros países, haciendo presentaciones chabacanas en un idioma ajeno en vez de disertar en el idioma nacional como es el uso en la diplomacia, o regañando y prácticamente agrediendo a los corresponsales de prensa que él mismo invita a que lo entrevisten?

Durante diez años el país ha buscado la libertad de los retenidos por las Farc. Y, concretamente, bajo el Gobierno Uribe, el primer mandatario ha puesto como condición que hagan gestos de buena voluntad para iniciar cualquier tipo de interlocución con ese grupo. La insurgencia decide unilateralmente un paso (así sea menor) para abrir un espacio iniciando el diálogo con un grupo cívico, y ofrece la entrega del cabo Moncayo a 'Colombianos por la Paz' -con quien ha adelantado esos avances-, y al padre del cautivo. Pocas cosas más incomprensibles que el veto que a esta liberación presenta el Presidente. Desde el punto de vista humano o humanitario solo se puede decir que hiere el alma que algo así pueda suceder. Pero desde el punto de vista cívico y político es inadmisible que se dé tal prioridad a la guerra, desconociendo en forma absoluta las prioridades que establece nuestros principios filosóficos y jurídicos, plasmados en nuestras leyes y nuestra Constitución, y violando tan flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario.

Difícil dilucidar en estas actuaciones entre lo que es simplemente absurdo y lo que es perverso, o lo que son ya desvaríos.

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