Opinión

  • | 2009/04/30 00:00

    El pacífico colombiano, una región que agoniza

    Todo parece indicar que la consigna es avanzar sobre la eco-región a cualquier precio. Un tema que por sus repercusiones debe ser motivo de gran atención por parte de los precandidatos presidenciales.

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Mientras los líderes mundiales se reúnen para buscar una salida a la crisis económica global, son muy pocos los colombianos que se enteran o interesan sobre lo que está sucediendo en la región Pacífica de nuestro país. Mucho menos sobre su importancia estratégica. El aislamiento y abandono en que viven sus comunidades y la falta de una comunicación efectiva con el mundo exterior contribuyen a la destrucción de una de las regiones más importantes de nuestro territorio.

Catalogada por naturalistas y científicos como una de las unidades ecológicas donde plantas y animales han alcanzado una de las mayores diversidades en el planeta, gracias a su régimen de lluvias, la región Pacífica colombiana se encuentra gravemente amenazada, igualmente las comunidades indígenas y afrocolombianas que la habitan.

Históricamente, la región ha sido vista como una fuente permanente para la extracción de sus recursos naturales. Situación que con el paso de los años empeora y no ha logrado superarse a pesar de la titulación de tierras a indígenas y comunidades afro y a los derechos constitucionales que los protegen. Ya desde la colonia, Barbacoas se constituyó en el principal centro de la actividad minera para la producción del oro de aluvión con el cual se sostenía la aristocracia en Popayán. Con la resistencia que opusieron los indígenas, los españoles recurrieron a la importación de esclavos africanos de las costas de la actual Nigeria y Guinea. Julio Carrizosa, en su libro "Selva y Futuro", menciona cómo el trabajo de los esclavos, en condiciones selváticas, era el único que permitía la acumulación de la riqueza para sostener el poder colonial.

Más recientemente, a mediados del siglo pasado, la demanda de maderas finas atrajo el capital extranjero para la transformación de los bosques en pulpa, triplex y chapas. Varias de estas empresas ignoraron sus compromisos ambientales recurriendo a la tala ilegal a través de intermediarios, y grandes extensiones de bosques fueron destruidos bajo este esquema.

Sin embargo, ha sido durante la última década cuando la región ha entrado en cuidados intensivos. La tala ilegal y el comercio de maderas se han incrementado y la extracción de minerales se ha convertido en uno de los factores más contaminantes de las fuentes de agua y la destrucción de estos ricos ecosistemas. De otro lado, la expansión de los cultivos de coca ha alcanzado cifras mayores al 20% del total de los cultivos ilícitos a nivel nacional. Tanto el comercio de la madera y la coca, así como la minería, se constituyen en las principales fuentes de financiamiento para el control territorial que ejercen los diferentes grupos armados que caminan como Pedro por su casa. Situación esta que solamente en el departamento del Chocó, durante 2008, produjo 13 desplazamientos masivos, todos ellos afectando a la población indígena. Solo por efectos de la mina Muriel fueron desplazados 600 indígenas. Las calles de Quibdó y de otros centros urbanos están llenas de familias aborígenes buscando refugio para que no los maten. Así mismo sucede en Buenaventura, Tumaco, Pereira y Medellín.

En tanto todo esto sucede sin que el país reaccione, Ingeominas sigue entregando títulos mineros por centenares sin importar la afectación cultural o ambiental que esta actividad produzca; el Incoder adelanta un programa para titulación de baldíos y el gobierno central promueve grandes obras de infraestructura en busca de una salida comercial hacia la cuenca del Pacífico, todo lo anterior en medio de una corrupción que caracteriza a los territorios de frontera. Es evidente que, tal como están las cosas, todas las decisiones sobre la región se toman desde afuera, sin tener en consideración la visión de sus pobladores. Una visión de desarrollo que no tiene futuro. Todo parece indicar que la consigna es avanzar sobre la eco-región a cualquier precio. Un tema que, por sus repercusiones nacionales e internacionales, debe ser motivo de gran atención por parte de los precandidatos, sin importar su partido o condición política. Un silencio en esta materia los haría cómplices de un desastre anunciado.

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