Opinión

  • | 1997/12/01 00:00

    El olor pestilente

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Los ministros, el presidente y sus voceros afirman que el país está listo para volver a crecer a los ritmos históricos del 4,5 ó 5% anual. Señalan que las reformas estructurales (como la apertura y la internacionalización) no se han detenido y que Colombia sigue siendo un país en proceso de modernización acelerada, cuyo crecimiento sólo tuvo una baja transitoria en 1996 y 1997. Nada más falso. Como lo ha demostrado Eduardo Lora, las reformas sí se han detenido y el clima de inestabilidad y confusión sigue siendo muy alto.



Pero, además de esto, hay un factor que no deja crecer la economía colombiana. Se trata de la enorme corrupción, la baja calidad de la burocracia, la falta de justicia y el desorden institucional del sector público.



Ante todo, distintos estudios ya han probado que la corrupción y los asuntos institucionales sí influyen sobre el crecimiento. Dani Rodrik, destacado investigador de la Universidad de Columbia, ha demostrado que uno de los factores que explican las diferencias en desarrollo de los países asiáticos es la calidad de las burocracias: aquéllos con Estados más eficientes crecen más rápido, mientras que aquéllos plagados de ineficiencia y atraso se han estancado.



Alberto Alesina, un autor que también ha iluminado con sus investigaciones las relaciones entre asuntos de la economía política y el crecimiento, y que estuvo en Colombia a mediados de 1994, coincide con este análisis. Insiste en que las burocracias ineficientes y corruptas infligen sobre los sectores productivos largos y tortuosos procedimientos, con sobrecostos y sobornos elevados. Indica también que este factor reduce la inversión extranjera y obliga a que una parte de la inversión local se dirija hacia los mercados no regulados. Por otra parte, Alesina insiste en que una economía corrupta e ineficiente también produce malos bienes públicos que no facilitan el desarrollo económico. No hace falta recordar aquí que bienes públicos como la justicia y la regulación son indispensables para la expansión del sector privado.



¿Ha subido la corrupción?



Todos los estudios, nacionales y extranjeros, dicen que sí. Los datos de Transparency International muestran que en los tres últimos años la corrupción es cada vez más alta y que Colombia alcanzó el sonado tercer lugar en esta materia. Las encuestas locales, una tras otra, con notable coincidencia, señalan lo mismo.



Los datos de los periódicos indican también el alza inocultable de la marea de la corrupción. A pesar de que los organismos de control (como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía) están controlados por personas cercanas o vinculadas con los altos funcionarios del Ejecutivo, todos los días se conocen nuevos escándalos que muestran la grandísima descomposición reinante. Basta recordar los horrorosos casos de Caprecom, Inurbe, Caja Agraria, Idema, Sena, los pasivos de puertos, el ministerio de Comercio Exterior, el asunto del miti-miti, para citar sólo los más recientes, sin tener que recordar los planetarios affaires de la presidencia de la República, de la muerte de la "monita retrechera", de la financiación de las campañas y de la subyugación del Congreso con el presupuesto nacional.



Lo más lamentable, sin embargo, es que la corrupción no se circunscribe al Ejecutivo. El país percibe hoy que el Congreso está perdido, que sólo una minoría de los parlamentarios no está relacionada con asuntos oscuros como el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de influencias. Para confirmar estos hechos, las votaciones de la extradición y la absolución del presidente Samper han dejado un olor pestilente en el ambiente.



¿Y qué decir de los jueces? Aunque hay que reconocer que la rama judicial cuenta y ha contado con personas de gran honestidad, que han combatido en condiciones desiguales a las mafias y a los políticos, también es cierto que ha sido penetrada y corrompida por estos mismos males. Varios estudios recientes muestran con claridad que la impunidad colombiana tuvo un crecimiento explosivo con el aumento del narcotráfico de los años ochenta, del cual todavía no se ha recuperado.



Y se cayó el crecimiento



No es una coincidencia entonces que con el incremento de la corrupción y los grandes escándalos por las relaciones entre la mafia y la política, se haya caído el crecimiento de la economía del país. Ahora se tiene la sensación de que los permisos y los trámites ante las agencias del Estado dependen de las influencias y de los soportes financieros de las campañas. Las agencias del Ejecutivo están controladas, y para su beneficio exclusivo, por agentes de los congresistas que han apoyado al presidente Samper en su lucha contra la justicia. Las actuaciones de los ministros Harf y Villamizar son sólo la punta de un nauseabundo iceberg cuyas completas características probablemente nunca serán bien conocidas por la opinión pública.



Una de las grandes tareas para modernizar al país es rescatar el gobierno y el Estado de las fuerzas oscuras que los exprimen y los usan para su beneficio. El desarrollo de la economía colombiana necesita un ambiente en en cual los negocios se puedan desarrollar sin los grandísimos sobrecostos que les impone la corrupción. Es necesario liberar al sector privado de los sobornos y el tráfico de influencias. Es preciso hacer que las licitaciones no estén preasignadas y que los permisos y las licencias no tengan de antemano nombre propio y beneficiario conocido.



Mientras exista este clima enrarecido, muchas inversiones del país y del exterior se seguirán dirigiendo hacia aquellas economías cuyos sistemas judiciales funcionan y en las cuales el Estado puede proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos.



Se requiere entonces un gran esfuerzo para modernizar el Estado, para volver a buscar un sistema de regulación moderno y transparente, para hacer que primen la transparencia y la igualdad en el marco de la ley. Sólo entonces podremos volver a crecer y pensar en ser un país desarrollado.
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