El negocio siniestro

| 6/23/2000 12:00:00 AM

El negocio siniestro

Limitaciones de la nueva estrategia planteada por el Gobierno contra el secuestro.

por Javier Fernandez Riva

Me gustó mucho más la última intervención del Presidente que la primera, la de las mangas de camisa y el optimismo. Y no, precisamente, porque en la última el Presidente se vistiera como los colombianos esperan que lo haga cuando ejerce desde su despacho, sino porque esta vez expuso sus ideas para el tratamiento de uno los problemas más graves del país, sin pretender vender "buenas noticias", que solo aumentan el escepticismo de quienes siguen saltando matones. Casi todos.



Pero vamos de una vez al análisis de la estrategia propuesta. Veamos primero lo de congelar los bienes de los secuestrados, para impedir el pago de rescate. El Presidente solo ha planteado reabrir el debate porque sabe que esa propuesta ya fue considerada y descartada por el Congreso a mediados de la década pasada.



Es claro que si nadie pagara rescate el negocio del secuestro se acabaría, y que cada plagio "exitoso" estimula secuestros. Pero el drama para el secuestrado y para su familia es tan doloroso que, aun si su decisión de pagar no coincide con el interés de la sociedad, tiene que respetarse. Y más todavía cuando refleja la desconfianza en la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley, a pesar de las muchas operaciones exitosas (y, a menudo, heroicas) del GAULA.



Pero, sea cual sea la decisión del plagiado y de su familia (y en mi caso, por si las moscas, he dado instrucciones de no pagar un centavo si llega el caso) muchas personas encuentran chocante que, bajo un esquema de congelamiento de los bienes del secuestrado, solo quienes estén en condiciones de comprar los seguros internacionales antisecuestro puedan reducir sus riesgos personales. Las demás pagarían con sus vidas cuando la delincuencia se equivoque y las elija como víctimas, sin estar cubiertas por los seguros.



Muchos temen que un congelamiento de sus bienes induzca una pérdida económica aún mayor que la infligida por los secuestradores. Otros tiemblan ante la posibilidad de que, tras el congelamiento, funcionarios corruptos filtren información a los delincuentes. Y algunos hasta consideran la posibilidad de que el congelamiento de sus bienes sea utilizado para causarles daño, por razones políticas o de otro tipo. ¿Qué tal el congelamiento de los bienes de un opositor del Gobierno, o los de un analista fastidioso? Como creo que esa parte de la propuesta presidencial nació muerta no le dedicaré más espacio.



El segundo punto de la estrategia es la ampliación de las penas a un mínimo absoluto de 25 años, no susceptible de rebajas. La cosa suena prometedora. El secuestro es un crimen económico por antonomasia. Que el secuestrador quiera usar la plata para operar a su madre inválida, para drogarse o para financiar un ejército mercenario contra el Estado legítimo no cambia la naturaleza del crimen, que parte de un cálculo de beneficios y costos. La perspectiva de que, si lo agarran, el delincuente sea condenado a una larga prisión reducirá el atractivo del negocio.



Pero en Colombia las cosas son muy complicadas. El aumento de las penas quizás disuadiría a algunos delincuentes comunes, pero aquí 60 de cada 100 secuestros para cobro de rescate son realizados por la guerrilla. Los autores intelectuales de la mayoría de los secuestros son Tirofijo y Gabino. ¿Y alguien cree que esos secuestradores van a ser condenados a penas de prisión, así sean pequeñas? Las risas con que en el Caguán recibieron la alocución del Presidente se oyeron hasta acá.



En nuestra situación hay razones para dudar de la eficacia disuasiva del aumento de las penas aun para los delincuentes comunes pues un número cada vez mayor de esos criminales opera como intermediarios free lance para la guerrilla, a la que le venden los secuestrados. ¿Sería ético, y viable, condenar a un delincuente común a 25 años por el secuestro de alguien que luego vendió a la guerrilla, mientras los verdaderos promotores y beneficiarios del crimen son amnistiados y rodeados de garantías?



No nos digamos mentiras. El obstáculo decisivo para acabar con ese delito es que la guerrilla sabe que no será castigada por él, y que su reciente declaración de que lo seguirá practicando no cambiará nada. Que el Gobierno seguirá dialogando por muchos niños que secuestre, y que la amnistía final lo cubrirá de todo. Que los lagartos de la "sociedad civil" seguirán disputándose los lugares en las fotos "históricas" con los secuestradores. Y que los delegados internacionales seguirán visitándolos y departiendo con ellos en los términos más cordiales así algunos, para salvar las apariencias, les den una palmadita en la mano por secuestradores, malos.



El Gobierno, la "sociedad civil" y los delegados internacionales que, con su actitud, nos han entregado, son libres de creer que el mantenimiento del diálogo y de las negociaciones con los secuestradores son necesidades prácticas. A lo que no tienen derecho es a insultar la inteligencia de las víctimas potenciales pretendiendo que, en esas condiciones, la expedición de una ley de aumento de penas vaya a hacer mucho para defenderlas.



El último punto de la estrategia planteada por el Presidente es la asignación de más fondos para la lucha contra el secuestro. Mi apoyo a ese componente es total y entusiasta, porque es el único eficaz. Pero debo confesar mi asombro por la revelación de que, al elevar los recursos con ese destino a $20.000 millones (US$9,3 millones, un centésimo del 1% de PIB) se vaya a quintuplicar la capacidad de lucha contra ese flagelo. Por Dios ¿cuánto estábamos gastando antes?



Sí, aplaudo la decisión de asignar más recursos a la lucha contra el secuestro, pero no me hago muchas ilusiones de que ese crimen vaya a reducirse. La aceptación pública de la guerrilla de que el secuestro es una de sus principales fuentes de financiamiento, sin que su cinismo haya generado un verdadero repudio, aquí o afuera, nos ha condenado. Que conste.
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