Opinión

  • | 2011/03/30 00:00

    El que mucho abarca poco aprieta

    Hoy, en la era post Uribe, pareciera que la obsesión es abarcar mucho aunque en ello se pierda la capacidad de concretar resultados.

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El anterior gobierno dedicó todo su interés al propósito de acabar con las Farc y por ello abandonó y sufrieron un gran deterioro todos los otros campos. Fue tanto el apretar para sacar adelante ese único objetivo, que durante esos ocho años se impuso la ética pública del 'todo vale'. Igual se hacían reformas a la Constitución con 'articulitos', como se promovía la política del body count que conocimos nosotros con el eufemismo de 'falsos positivos'.

Pero eso es historia y si interesa tenerlo en cuenta es en la medida que llevó al extremo opuesto, a lo que hoy vivimos, cuando pareciera que la obsesión es abarcar mucho aunque en ello se pierda la capacidad de concretar resultados.

Un ejemplo que personalmente considero ha generado una injusticia pero que no se puede dejar de mencionar es el caso de la malla vial de Bogotá. Con la aparición del Transmilenio no se volvió a estudiar ni a atender el tema, al punto que ni el fracaso de ese sistema despertó interés en debatir la evolución y el futuro de la movilidad en la ciudad (fracaso no por bueno o por malo sino por no desarrollarse y completarse como fue programado -v. gr. la chatarrización, las 'lozas', o parte de las líneas que formaban un diseño integral y que hoy aún se discuten-); como supuesta solución al transporte citadino este congeló cualquier interés al respecto; en cuanto al tráfico ordinario hubo un aumento de tres veces el número de vehículos sin aumentar nada la malla vial; y, lo que puede ser más grave, se difirió la decisión sobre el Metro, impidiendo o retrasando un proyecto que para ciudades de cierta población en adelante no tiene alternativa como transporte masivo.

Se necesitó decisión -si no valor- para intentar subsanar el retraso que esto produjo y que ya iba camino de paralizar la ciudad. Pero la opinión generalizada es que el abrir todos los frentes al mismo tiempo era la situación típica de 'el que mucho abarca poco aprieta'. No se sabe en cuanto a solución para Bogotá y los intereses de sus habitantes qué sería mejor, pero sin duda la imagen del alcalde no estaría tan lastimada si se hubiera concentrado en hacer tres o cuatro megaobras y manejar los medios para que dijeran que transformó la ciudad.

Pero el abarcar mucho aunque poco se apriete sí caracteriza la era post Uribe. Por ejemplo, en lo político, lo que parece buscar el Dr. Santos es ser simultáneamente el vocero de la izquierda, del centro y de la derecha. O los proyectos de Gobierno con metas como la idea de reparar a las 400.000 familias víctimas del desplazamiento forzado restituyéndoles los 6'000.000 de hectáreas de las que fueron despojados; el plantear esto es ir en contra de la realidad de lo posible y sería más efectivo y eficiente diseñar un programa menos aplaudible pero más realizable. O lo que se da también con las contradicciones inherentes a la amplitud del espectro que se propone cubrir, como es el caso de los programas sociales y de respuesta a los estragos causados por las políticas anteriores -según enfoque socialdemócrata-, y las propuestas de leyes fiscales que lo impedirían -exigencia neoliberal-.

Pero las consideraciones citadas son apenas un abrebocas de lo que está pasando en el campo de la Justicia o de la Administración de la Justicia en manos de los órganos de control (con la aclaración que no por culpa de sus titulares sino porque es 'el aire de los tiempos', o sea lo que satisface a quienes lo convierten en 'la opinión pública').

Hay una tendencia a judicializar cualquier denuncia proveniente de delincuentes confesos, sumando la mayor cantidad posible de culpables y minimizando lo importante que puede ser el grado de culpabilidad. Se está, hasta cierto punto, asumiendo que todos los señalados por cualquier causa o personaje son potenciales hampones para luego hacer a través de los procesos la depuración de los inocentes.

Esto tendría varios cuestionamientos, puesto que en la práctica es casi invertir la presunción de inocencia y trabajar sobre la premisa de que cualquiera puede ser culpable y en consecuencia todos merecemos ser juzgados (lo cual, aunque cierto, parece más una posición moral que jurídica). Pero la realidad impone que sería imposible abrir un expediente por cada ocasión en que una ley es violada (un impuesto que se evade implica un enriquecimiento ilícito) y por eso es inevitable una clasificación o jerarquización de la gravedad de los delitos y de los comportamientos. Lo contrario nos va a conducir -o nos está conduciendo-, por un lado, a una congestión judicial -e incluso carcelaria- que va a impedir que se llegue a las sanciones merecidas y, por otro, a que caigamos en el 'todos somos culpables luego nadie es culpable' o en el 'que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra'.

Pero lo verdaderamente grave es la degeneración del sistema de Derecho que acompaña este proceso.

Nos encontramos con que hay por ejemplo 22 funcionarios investigados por la repartición de los subsidios del Agro Ingreso Seguro como si se hubieran convertido consciente y deliberadamente en delincuentes, y además lo hubieran hecho simultánea y coordinadamente desfigurando las políticas de gobierno. También a los beneficiarios se les pretende aplicar el argumento de que 'van contra el espíritu de la Ley' porque al partir los predios se enmarcaban en unas categorías a las cuales no tenían derecho, cuando los principios jurídicos más fundamentales son que no puede el intérprete apelar al espíritu para decir lo que no contemplan los textos, y que el particular -quien no es funcionario- puede hacer todo lo que la norma no prohíba. Por supuesto uno puede estar -y debe estar- en contra de lo que sucedió, pero en el orden y al nivel que toca: en lo político, porque la idea de financiar a los ricos porque son quienes tienen capacidad de optimizar la producción debe ceder el paso a programas para organizar a los excluidos o marginados, de tal forma que a ellos se asignen esos subsidios; y en el uso que se le puede dar, porque su función no debería confundirse con la de la promoción de una campaña electoral.

En el mismo sentido, el convertir en coautores de delitos de lesa humanidad a quienes recibieron apoyo electoral de los paramilitares es desbordar el campo meramente del Derecho. Por un lado, por el principio universal de la no retroactividad en terreno penal: decir que como los crímenes de lesa humanidad no prescriben no importa cuando se hayan cometido -equivalente a orientar la imprescribilidad hacia el pasado- es en estricto derecho un exabrupto (es lo que buscan también aplicar a la muerte de Galán o al Holocausto del Palacio de Justicia). Y por el otro, una de las condiciones que tiene que llenarse para ser coautor del delito es que además de haber participado en su ejecución este no se habría podido cometer sin esa participación; a nadie se le ocurre que las matanzas y excesos de barbarie de los paras requirieron de la colaboración de los políticos para darse.

Estas consideraciones no suponen una defensa de quienes están cayendo en estas situaciones. Es la defensa de la institucionalidad en cuanto a los principios del Derecho y la defensa de lo 'Justo' en cuanto los matices y diferencias que hay entre los motivos y los propósitos que llevan a los individuos a caer en el delito.

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