Eduardo Lora

| 4/5/2002 12:00:00 AM

El modesto efecto de las reformas

Los reformadores pecaron por optimistas, no por despistados.

por Eduardo Lora

En toda América Latina hay una creciente oposición a las reformas estructurales que han tratado de reducir el papel del Estado en la economía y facilitar el funcionamiento de los mercados. Hay una sensación de que tanta liberalización comercial y financiera, y tanta privatización, sencillamente no valieron la pena (vea mi columna anterior).



En cierta medida, esta sensación está basada en la realidad. En los 90, el crecimiento promedio de la región fue apenas 3,3% anual, y el ingreso per cápita aumentó tan solo 1,5% por año. Las brechas de ingreso con los países más desarrollados continuaron ampliándose. Muchos países de la región están estancados, la pobreza no ha cedido y la desigualdad es ahora peor que hace una década.



Esta situación contrasta con las promesas de los reformadores a comienzos de los 90: al modernizar la economía, alcanzaríamos la tierra prometida. Sin embargo, las reformas sí fueron un avance en la dirección correcta. Si América Latina hubiera mantenido sus políticas de protección a la industria nacional, si hubiera seguido con sus métodos de intervención en el sistema financiero para controlar las tasas de interés y orientar el crédito, y si hubiera mantenido sus empresas estatales de servicios públicos, el ingreso promedio de los latinoamericanos sería 11% más bajo de lo que es en la actualidad, y los problemas de carestía, falta de crédito y malos servicios públicos serían más serios.



Los reformadores pecaron por optimistas, pero no por despistados. Lo que no lograron prever fue que la eficacia de la liberalización económica sería mucho mayor en países con mejores instituciones públicas que en aquellos países con corrupción o con sistemas judiciales débiles, incapaces de dar respaldo efectivo a la ley. Donde fallaron las instituciones, la liberalización produjo incertidumbre jurídica y conflictos legales, y los recursos de las privatizaciones se despilfarraron o fueron a parar a los bolsillos de los corruptos.



En la magnitud de sus reformas, Colombia fue un país promedio. Reformó y privatizó mucho más que Ecuador o Costa Rica, aunque mucho menos que Perú o Argentina. Sin embargo, las reformas tan solo le produjeron un aumento del ingreso per cápita de 4%, bien por debajo del 11% promedio de toda América Latina. La razón: la falta de imperio de la ley y la extensión de la corrupción, producto sobre todo del resquebrajamiento de los partidos políticos y su distanciamiento del electorado.



Paradójicamente, el país que aparentemente ganó más de las reformas estructurales de los 90 fue Argentina. A pesar de todas las críticas actuales, hasta hace unos pocos años sus instituciones públicas eran consideradas entre las mejores de América Latina. Luego vino la hecatombe, cuya causa no fueron las reformas estructurales, como a menudo se afirma, sino la inconsistencia del manejo macroeconómico. Embriagados por el éxito inicial de las reformas en acelerar el crecimiento económico, los reformadores consintieron el desorden fiscal y endeudaron en exceso al gobierno, poniendo en peligro la convertibilidad, que era la columna vertebral de la confianza en la economía. Con una bomba de tiempo a punto de estallarles en las manos, intentaron algo mucho más improbable: hacer emisión monetaria para restablecer la confianza y el crecimiento. Nadie sabe cuánto tiempo le tomará a Argentina reponerse de estos desvaríos.



La experiencia de los 90 deja una lección muy simple: las reformas pro mercado son un requisito para el crecimiento económico, pero no son suficientes. Además es esencial el imperio de la ley y un manejo macroeconómico consistente.
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