Opinión

  • | 2003/10/04 00:00

    El lío del IVA

    Tras el fallo de la Corte Constitucional no sería razonable insistir en un IVA general, sin modificaciones que resuelvan los problemas ya identificados.

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Recibí con una mezcla de sentimientos el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible el IVA de 2% que entraría a regir en 2005 para bienes y servicios hoy exentos, como la mayoría de los alimentos, transporte, salud, educación y vivienda. Por un lado me alegró que se cayera, pues no cabe duda de que, como lo aprobó el Congreso, sería regresivo: todo el mundo pagaría el nuevo IVA en proporción a su consumo pero, como proporción de su ingreso, los pobres gastan mucho más en esos bienes y servicios que los ricos. Una medida tributaria de ese tipo no ayudaría para nada a afianzar la legitimidad del sistema económico de este país convulsionado.

Además, me preocupaba que el nuevo gravamen recayera en hogares que ya estaban haciendo esfuerzos sobrehumanos para alimentarse, mandar a los niños al colegio y preservar la salud. A muchas personas que disfrutan de holgura económica les parece risible y extrema esta preocupación, pero cuando tantas familias viven al borde de la subsistencia el gravamen podría hacer aumentar la desnutrición infantil, la enfermedad y la deserción escolar, con serias consecuencias sociales y económicas en el largo plazo.

No creo que el problema pueda compensarse extendiendo el SISBEN. La mayor parte de la clase media baja que sería golpeada por los nuevos impuestos no tiene acceso a ese tipo de programas. Pero incluso si fuera posible ampliar mucho la cobertura del SISBEN, no sería buena política extender los programas asistenciales para compensar un problema de inequidad y peligrosidad tributaria que debería corregirse en su base.

Por otro lado, reconozco que la única forma práctica de gravar los ingresos de buena parte de la población pudiente, que hoy no está contribuyendo al fisco, y ni siquiera presenta declaración de renta, es gravando los bienes y servicios que consume. Soy muy escéptico sobre las iniciativas para reducir la evasión de los impuestos directos, y no encuentro, en las recientes discusiones sobre la materia, nada que aumente mi optimismo.

Creo que cualquier propuesta de extensión del IVA debería dejar por fuera los alimentos que hoy están exentos. La extensión del IVA a esos bienes puede ser racional en países de ingresos altos, pero la regresividad y la peligrosidad social de cualquier impuesto de ese tipo son monstruosas en un país con los niveles de pobreza y miseria de Colombia.

En cambio, no creo que deba excluirse de plano la posibilidad de aplicar un IVA, incluso mucho mayor del 2%, para la educación y la salud o los arriendos de vivienda. Repito que gravar esos servicios es la única forma de asegurar que muchas personas que sí tienen capacidad económica paguen más impuestos.

En mi opinión, la solución del problema requiere incluir dos modificaciones, que probablemente les sonarán "antitécnicas" a los burócratas. La primera sería aceptar que el gravamen solo se aplique a partir de ciertos niveles de gasto. Al fin y al cabo, hoy ya se cobra un IVA diferente según el valor de los vehículos. La diferenciación del IVA por monto del gasto (básicamente, cero o la tarifa general) no sería práctica en el consumo de víveres, que propongo mantener exentos, pero no tendría problemas para la salud, la educación y los arriendos de vivienda.

En segundo lugar creo que, para evitar agravar la situación de la población de medianos ingresos que ya está tributando, el IVA pagado sobre la educación, la salud y los arriendos debería poder descontarse parcialmente de los impuestos de renta. Obviamente, quienes no paguen impuesto de renta no podrían beneficiarse. Es el mismo espíritu con que en 1998 propuse el impuesto a las transacciones del 2 x 1.000, deducible del impuesto a la renta aunque, por razones fiscales, el gobierno ha decidido mantenerlo, hasta ahora, como no deducible.
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