Opinión

  • | 2010/05/14 12:00

    El imperio de los vampiros

    En Washington se está librando una dura batalla entre los partidarios de mantener el sistema financiero como está y aquellos que queremos que la objetividad y la transparencia sean una obligación para aquellos que asesoran clientes.

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Después de varios escándalos y claros fallos por parte de los reguladores en el pasado reciente, ha crecido la presión sobre el poder Ejecutivo para que cambie las leyes que gobiernan a las entidades financieras en los Estados Unidos. El asesor presidencial y ex presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, está proponiendo una serie de cambios que pueden modificar radicalmente la forma en que los bancos están haciendo negocios. Los excesos y claros conflictos de interés generados entre los clientes y sus asesores a lo largo de los últimos años han sido el motivo principal.

La propuesta de Volcker está encaminada a deshacer la percepción del mercado de que el gobierno siempre va a rescatar a aquellas entidades financieras que, por su tamaño, puedan implicar un riesgo sistemático en el caso de llegar a caer. El origen del problema tiene dos vertientes y ambas están sobre la mesa de negociación de los legisladores: la primera es la facultad de los bancos de actuar, tanto en banca de inversión como en banca comercial, desde 1999. La segunda es el actual sistema que mete en el mismo saco a los asesores financieros independientes y a los que trabajan para las entidades financieras. Voy a desarrollar en mayor profundidad ambos puntos.

Después de la Gran Depresión, en 1933 se aprobó la ley Glass-Steagall Act, que obligaba a la banca de inversión a separarse totalmente de la banca comercial. Durante más de 60 años estuvo vigente, hasta que en 1999 la administración Clinton la derogó y permitió la creación de los grandes conglomerados financieros. Dicho cambio permitió que bancos en la actualidad puedan estar invirtiendo con capital propio y depósitos de clientes en estrategias arriesgadas para beneficio propio. Es por ello que Volcker está proponiendo su cambio y volver al sistema que funcionó eficientemente durante muchos años. Tiene todo el sentido que los bancos se dediquen a tomar depósitos de clientes y prestar a las industrias y particulares y, si quieren especular, lo hagan desde otros vehículos. Esto puede implicar un cambio muy importante para los grandes grupos financieros, que han estado apostando con dinero barato del gobierno (fondos del TARP) para especular en beneficio propio. De ser derogada la ley actual, implicaría una mayor transparencia y que los depositantes e inversionistas tengan claro que están trabajando con un banco o con un gran hedge fund.

El segundo punto que se está debatiendo en la actualidad, es la definición clara del papel de todos aquellos que asesoran clientes. Hoy en día existen dos estándares que se deben cumplir por diferentes grupos de profesionales: los asesores financieros independientes (RIA's), abogados, contadores públicos y administradores de fidecomisos (trustess) están regidos bajo el llamado Fiduciary Standard que tiene cinco características principales: poner los intereses de los clientes primero; actuar con prudencia y buen juicio; presentar, transparentemente y sin ocultar nada, toda la información relevante para una decisión de inversión; evitar conflictos de intereses y, por último, si llega a existir algún tipo de conflicto, siempre existirá la obligación LEGAL de resolverlo a favor del cliente. Un segundo grupo, donde se encuentran los corredores de valores y banqueros, está sujeto a un tipo de obligaciones diferentes bajo la denominación de Suitability Standards, que obliga a los mismos a buscar las inversiones financieras que puedan encajar con los objetivos de sus clientes, pero no les obliga a buscar las mejores del mercado, ni a informarles debidamente si es producto propio o no, o si ganan más con este o con otro producto.

Un cambio de la ley es imprescindible en este momento de incertidumbre y de poca claridad. Los inversionistas individuales se encuentran en una situación de indefensión clara, ante profesionales que cuentan con mayor información y que no tienen sus intereses alineados con ellos. Es muy posible que esta ley no se llegue a aprobar en el Congreso y el Senado estadounidenses, ante la fuerte presión de los lobbies de las grandes entidades financieras para que no lo hagan. Sería una pena que no llegue a buen curso, ya que protegería claramente los intereses de los clientes y, sobre todo, dejaría muy claro quiénes estamos 100% de su lado y quiénes no.

Este fenómeno no solo existe en los Estados Unidos, ya que en Europa están viviendo el mismo proceso, aunque más lentamente. Si tienen éxito los americanos, pueden ser líderes en defender los derechos e intereses de los inversionistas a nivel mundial.

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