Opinión

  • | 1999/08/13 00:00

    El impacto de las crisis

    Proteger a los pobres y proteger el gasto social no son una misma cosa.

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América Latina es una región propensa a la inestabilidad macroeconómica y donde son muy grandes las desigualdades sociales. Con razón, en momentos de crisis como el actual, en muchos países está debatiéndose cuál es la estrategia que se debe seguir para proteger a los pobres y evitar que se agudicen los desequilibrios de clase.



La respuesta usual de los políticos consiste en proteger el gasto social, con el argumento de que tal cosa asegura que los servicios básicos de salud y educación continúen llegando a los pobres. La forma de hacerlo es, normalmente, fijando montos mínimos de gasto público en estos sectores, sin entrar a considerar de qué tipo de gasto se trata ni exactamente a quién va dirigido.



En la práctica, ésta suele ser una mala estrategia que rara vez protege a los pobres. Lo que el pobre necesita en momentos de penuria es plata, contante y sonante. Su problema básico consiste en alimentar su familia y no perder su vivienda, si tiene suerte de tener una. Y para ello está dispuesto, si es necesario, a sacar a sus hijos de la escuela, para que ayuden a generar algún ingreso y a evitar incluso los gastos más imprescindibles de salud.



Cuando hablan de proteger el gasto social, los políticos usualmente están más preocupados por sus fortines en la burocracia estatal que por el bienestar de los pobres.



Los programas más efectivos de protección social son los dirigidos a generar un ingreso mínimo para individuos o familias de alto riesgo y los destinados a aumentar los incentivos económicos para que los niños sigan en la escuela. Los primeros buscan un objetivo de sostenimiento de corto plazo e incluyen programas de empleo mínimo o de subsidio directo en dinero o en especie a grupos muy focalizados. Los segundos tratan de impedir que se sacrifique la capacidad productiva de las generaciones futuras por falta de educación. Los más comunes son los programas de alimentación escolar, que son un aliciente para que los padres manden a los niños a la escuela. También son muy efectivas las guarderías y los programas de madres comunitarias, que cumplen el doble papel de facilitar el trabajo de las mujeres y de preparar a los niños para el sistema escolar.



En el largo plazo, la mejor inversión que puede hacerse en momentos de crisis es proteger la educación, que no es lo mismo que proteger el gasto público en educación. En las últimas dos décadas, el gasto público en educación ha aumentado en casi toda América Latina, pero el problema de deserción escolar se ha agudizado entre los grupos más pobres. Por este canal, la inestabilidad macroeconómica ha sido la principal causa del atraso educativo y de la persistente desigualdad de América Latina.
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