El hueco universitario

| 11/24/2000 12:00:00 AM

El hueco universitario

Las universidades tienen que recortar gastos suntuarios y aumentar su eficiencia.

por Hugo Lopéz Castaño

Excluyendo fondos preexistentes y cotizaciones futuras previstas por la Ley 100, el pasivo pensional de las universidades territoriales valía $1 billón en 1993. Hoy, su valor actualizado es de $3,7 billones. La Ley las salvó de la debacle que se venía venir. De esa suma, según Minhacienda, a la Nación le tocan $2,5 billones, a los departamentos $300.000 millones y a las universidades más de $900.000 millones.



La Nación ha cumplido. Les giró, en 1996, $105.000 millones por su cuota parte 1994-1996 (además, había cubierto el flujo pensional corriente de período) y, desde entonces, otros $228.000 millones. No pasó lo mismo con las universidades que, aparte de las cotizaciones de Ley, no hicieron ningún ahorro adicional. La ilusión de bonanza creada por los bonos de 1996 --que dedicaron a otros usos-- les hizo aplazar sus provisiones y sus cobros a los departamentos. Confiaban, además, en los resultados de la demanda que cursa contra la Nación pues, según ellas, el artículo 131 de la Ley 100 no las obliga a aportar lo que dice Hacienda ($163.000 millones, la del Valle; $77.000 millones, la de Antioquia; $61.000 millones, la del Atlántico...). Pero, ahora, esa imprevisión ha terminado por generar un cuantioso déficit de caja...



La Universidad de Antioquia, por ejemplo, ha decidido cobrarle $115.000 millones al departamento de Antioquia en el momento en que no tiene plata y en cambio sí, según el Dane, 350.000 niños y jóvenes de 5 a 17 años por fuera de las aulas escolares. Además de las obligaciones de la Ley 100, se trata de aportes por Ley 30 y de viejas cuotas partes de jubilación y de cesantías, indexadas a la fecha. Después de hacer bien las cuentas, Antioquia debe reconocer lo que le corresponde. Pero como no podrá pagar todo de contado, la esperanza de la Universidad de sanear así definitivamente su futuro déficit de caja (quizás $15.000 millones este año que podrían triplicarse en dos más) terminará por desvanecerse.



A las universidades hay que exigirles su cuota de sacrificio. Reformar el decreto 1444 para corregir los abusos a que dio lugar en muchas y moderar el alza salarial. Recortar gastos suntuarios. Elevar selectivamente las matrículas a quienes tienen capacidad de pago, en vez de rebajarlas de manera indiscriminada. En la de Antioquia, por ejemplo, la media semestral es apenas de $200.000 ($1.111 diarios) y, aunque el 50% de los estudiantes proviene del estrato 3, una tesis que acabo de leer sugiere que apenas el 10% está en el Sisben. Revisar sus programas de expansión. Los de la U. de A. hacia las regiones tienen costos elevados y no están dando los resultados esperados. De los 162 bachilleres admitidos en el segundo semestre de 1999 solo 44 eran de las localidades; 118 (73%) provenían del área metropolitana (¡en vez de llevar la Universidad a las regiones es mejor conceder a sus mejores bachilleres becas y crédito condonable con tiempo de servicio en sus municipios!). Poner parte de los recursos: los Fondos Patrimoniales (unos $19.000 millones) con que cuenta la U. de A. deben ser dedicados a respaldar su obligación pensional. Bajo esta condición se podría, entonces, pensar en un cambio reglamentario a la Ley 100 para que, en vez de tener que desembolsar, de contado, $250 millones cada vez que un profesor se jubila, haya un plazo de 5 ó 6 años para pagar ese bono. Esa sería también la solución para los municipios a los que va a asfixiar esa obligación.
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