El horror anunciado

| 4/27/2001 12:00:00 AM

El horror anunciado

Para evitar que siga extendiéndose, la defensa de la población civil debe convertirse en la máxima prioridad del Estado.

por Javier Fernández Riva

Me muero de las ganas de escribir sobre la tragicomedia argentina, cuyo triste final --envío este artículo a Dinero el domingo 22, cuando todavía Argentina vive en la comedia-- parece cada vez más próximo y para el cual deberíamos prepararnos. Además ¿qué tema más seguro en este país de rabiosos? La discusión sobre los pros y contras de la flexibilidad cambiaria puede ser muy vehemente y hasta agresiva en ocasiones pero uno sabe que no pasará de las palabras.



Pero no voy a escribir sobre la crisis argentina. No lo haré porque no solo estoy horrorizado, como la mayoría de los colombianos, por las últimas masacres perpetradas por los paramilitares y la guerrilla sino que, como economista, creo tener algo qué decir sobre ese tenebroso asunto, y lo menos que puedo hacer es decirlo.



La fiscalía y las organizaciones de derechos humanos han denunciado que la masacre por los paramilitares en Naya estaba anunciada. No lo dudo. También estaba anunciada la de La Caucana por las FARC. Hay un escándalo nacional porque el Estado, sabiendo lo que todos sabíamos, no hubiera hecho presencia militar suficiente en las zonas amenazadas. Y no me extrañaría que ya estuvieran cursando demandas contra el Gobierno, para pescar unos millones en ese río de sangre.



Pero ¿acaso no están anunciados todos los horrores de este infierno, desde las tomas a sangre y fuego de pueblitos indefensos y el aniquilamiento de guarniciones militares aisladas en la punta del cerro hasta el asesinato de quienes emitan opiniones contrarias a uno u otro bando, pasando por el secuestro y la ruina de quienes no se plieguen a la extorsión? La diferencia no está en la capacidad para prever que un día nos llegará el horror sino si se trata de ciudadanos inermes, condenados a vivir en Colombia como si aquí se pudiera llevar una vida normal, o de personas con la capacidad económica (o, con tanta frecuencia, la capacidad para exigir que la Nación cubra los costos) para morar y desplazarse rodeados de guardaespaldas abusivos, una amenaza más para el ciudadano común. O de colombianos prudentes que optaron por largarse y olvidarse de todo o, a lo sumo, emitir sus opiniones desde el exterior.



Entiendo que para muchos sea suficiente manifestar su repudio a la barbarie y su indignación frente al Estado impotente, y "exigir" que haga lo necesario para defender a los civiles, sin que perciban contradicción entre esa reclamación y su oposición a que se eleven los gastos en Ejército y Policía y sus aspiraciones a que el presupuesto oficial se asigne preferentemente a cosas distintas a la defensa. Pero, para un economista, entrenado para tener siempre en cuenta la restricción de recursos, la cosa no es tan fácil.



Para prevenir nuevas masacres no bastaría con asignar en forma permanente unos pocos soldados y policías a las zonas amenazadas, que acabarían siendo otras víctimas de los asesinos. Tampoco bastaría con desplazar una fuerza militar contundente por unos pocos días, porque a las fieras de todos los pelambres les bastaría con esperar para tener el campo libre. En las terribles circunstancias colombianas, donde hay grupos de criminales organizados como ejércitos, pero carentes de escrúpulos, la defensa de la población exige aumentar sustancialmente el Ejército y la Policía, sin hacer comparaciones necias con países que están libres de esa plaga. Esa prioridad debería ser reconocida en el presupuesto nacional, así implicara tener que reducir muchos otros gastos meritorios, incluyendo la manida inversión social.



Ahora bien, el costo económico de un gran aumento en el gasto en seguridad sería inferior al costo fiscal o contable, pues el principal recurso a utilizar sería una población que hoy está desempleada, y cuya dotación y mantenimiento serían intensivos en productos nacionales hoy, cuando el país está al borde de una nueva recesión por falta de demanda. Encuentro embarazoso que muchos de mis colegas que hoy están en el Gobierno o el Banco de la República, y que en alguna vida académica anterior enseñaron a sus estudiantes la crucial diferencia entre el "costo económico o de oportunidad" (la producción sacrificada al abandonar el uso alternativo de un recurso) y el costo financiero o contable, hayan preferido convertirse en contadores y amanuenses del FMI y hasta se hayan creído esa idiotez de que la reducción a toda costa del déficit fiscal sea "buena economía" con independencia de las circunstancias. Y que por eso mismo sean incapaces de diseñar políticas para usar cientos de miles de trabajadores jóvenes cuyo costo de oportunidad es negativo. Sí, negativo, pues no solo no están produciendo sino que están amargándose, depreciándose y, en muchos casos, envileciéndose por la misma frustración del desempleo.



Por otra parte, hay que reconocer que cualquier enfoque limitado a la defensa militar pasiva, que no incluya mecanismos legales para luchar eficazmente contra los asesinos, y la disposición a tomar la iniciativa para atacar a los recalcitrantes en sus refugios, puede resultar demasiado costosa hasta para un país sumido en el desempleo. Por ello el principio básico de las negociaciones de paz debería ser el de negociar exclusivamente, y con generosidad, con quienes estén dispuestos a comprometerse a no atacar a la población civil, y concentrar toda la fuerza y la iniciativa del Estado legítimo contra los demás delincuentes, sean cuales sean sus pretensiones ideológicas.



Las buenas personas que se encabritan cuando alguien señala que el país requiere una legislación especial para la defensa porque su situación dista de ser normal, y que se escandalizan cuando alguien dice que hay condiciones mínimas que deberían exigirse para las negociaciones, deberían recordar que estamos hablando de la vida de muchos colombianos que no contamos con la protección excepcional de que ellos disfrutan. Pero claro, es difícil ver esto cuando quienes se oponen a que el Estado aumente el presupuesto para la seguridad, a que se adopte una legislación adecuada para controlar el horror y a que se imponga como condición mínima para adelantar conversaciones de paz el respeto de la vida de los civiles, pontifican sin riesgos desde el exterior o disfrutan de condiciones excepcionales de seguridad pagadas con los impuestos de los demás colombianos.
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