Opinión

  • | 2011/05/11 00:00

    El Estado empresario

    La cotización en un mercado público de valores o la privatización total o parcial se constituyen en elementos fundamentales para alinear los incentivos y proteger el patrimonio público.

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No es un secreto que Colombia ha tenido un buen desempeño económico durante los últimos años. Este desempeño se ha reflejado en buena medida en un incremento sustancial en el valor de los activos en el país, particularmente en las acciones cotizadas en la Bolsa de Valores de Colombia. En efecto, la bolsa arrojó retornos de 53% y 33% en 2009 y 2010, respectivamente, después de una larga racha de buenos resultados.

La Nación no ha sido ajena a este crecimiento en su patrimonio. El Estado todavía tiene grandes e importantes participaciones en las principales compañías del país. Y no solamente la Nación. Algunos municipios -en particular Medellín y Bogotá- tienen importantes inversiones en empresas en el sector energético en donde tienen un ahorro y una riqueza importantes.

Al analizar las cien empresas más grandes de Colombia (con base en la información publicada recientemente por la revista Semana) y haciendo un ejercicio de valoración sencillo (tomando múltiplos de Ebitda de entre 7 y 10 veces), se puede observar que el patrimonio empresarial del gobierno colombiano y de los principales entes territoriales vale entre US$100.000 y US$120.000 millones. El principal empresario es, por supuesto, la Nación, sobre todo por el 89,9% de participación que todavía tiene en Ecopetrol. Solamente estas acciones, tomando como referencia su última cotización en la bolsa, le representan al gobierno nacional un patrimonio de US$78.000 millones. Sumando su participación en otras importantes empresas (Isagen e ISA, entre otras), la Nación tiene cerca de US$86.000 millones en patrimonio empresarial.

Le sigue el municipio de Medellín por su inversión en EPM, el gigante de los servicios públicos en el país y en Centroamérica. Siguiendo la misma metodología, el 100% del patrimonio de esa compañía valdría entre US$12.000 y US$18.000 millones. En tercer lugar está el Distrito Capital, que tiene inversiones en la Empresa de Energía de Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, la ETB y una participación importante en Gas Natural. Esto representa un patrimonio de entre US$8.000 y US$12.000 millones. Finalmente están Cali y la Gobernación de Antioquia, con patrimonios empresariales (entre las 100 empresas más grandes de Colombia) alrededor de los US$1.400 millones.

La pregunta obvia es: ¿debe el Estado exponer su patrimonio a riesgos empresariales como los geológicos, hidrológicos o comerciales? Los proponentes de la privatización, por supuesto, consideran que no. Aquellos menos ideológicos consideran que el Estado debe reservarse la posibilidad de tener vehículos de inversión para hacer aquellos proyectos que el sector privado supuestamente no quiere hacer (hidroeléctricas, por ejemplo). En cualquier caso, se podría argumentar de manera relativamente sencilla que los recursos del Estado deberían estar destinados a otro tipo de inversiones, y no expuestos a los riesgos ya mencionados.

Independientemente de la propiedad accionaria, lo cierto es que las decisiones que tomen estas empresas deben estar encaminadas a maximizar su renta y generar los resultados más positivos para sus accionistas, bien sean privados o públicos (y eso sin entrar en el tema de la posibilidad del Estado de influir en la regulación empresarial, en demérito de la competencia). En ese sentido, la cotización en un mercado público de valores o la privatización total o parcial se constituyen en elementos fundamentales para alinear los incentivos y proteger el patrimonio público. Es decir, es necesario que el Estado actúe, en relación a su patrimonio accionario, como un empresario más.

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